En primer lugar hay que tener presente que los sueldos que una persona obtiene por la labor que desempeña, van a estar influenciados según se trate de una organización pública o privada, ya que en el primer caso la remuneración viene establecida según la entidad, cargo y nivel de que se trate, todo lo cual está previamente fijado en las normativas propias del ámbito público.

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Los sueldos de los senadores y un posible aumento en las asignaciones desataron un encendido debate.

En el caso del sector privado la situación difiere de lo anterior, toda vez que los sueldos de los trabajadores y directivos se fijan libremente, con la salvedad que existe un salario mínimo que fija el piso del nivel de remuneraciones que cualquier organización le puede pagar a una persona, y, por ende, en definitiva el que fija los salarios es el mercado por las fuerzas de oferta (las personas que se ofrecen para trabajar en una determinada función) y de demanda (lo que las empresas demandan de trabajo en determinadas funciones).

En este sentido, también tiene que haber algún nivel de correspondencia entre lo que pague el sector público en relación al sector privado (aquí entran todos los sueldos), toda vez que si el sector privado pagase sueldos sustancialmente más elevados que los del sector público sería muy difícil que este último sector lograra atraer buenos talentos, por lo que, irremediablemente, aparece el concepto de costo alternativo o costo de oportunidad. En este caso, si una persona trabaja en el sector público existiría un costo de oportunidad relativo a no estar percibiendo una mayor remuneración por una función similar en el sector privado.

Nivel de sueldo

Ahora, el nivel de sueldo que se pague por una cierta función depende de varios elementos, tales como la responsabilidad involucrada, el tamaño de la empresa, el sector económico, la escasez relativa de personas calificadas para la función, o la especialización que se requiera, entre otras.

Por lo tanto, para efectos de calificar o no de excesivo o insuficiente un sueldo es necesario realizar un estudio de remuneraciones, ya sea del sector público o privado, según sea el caso, con sueldos de cargos similares en términos de nivel en la organización y del tipo de entidad que se trate.

En el caso de Chile en particular, todo lo relativo al reclutamiento de los altos cargos directivos en el sector público lo administra el Servicio Civil a través de la Subdirección de Alta Dirección Pública, entidad que se encarga de todo el proceso de selección de dichos cargos en el aparato estatal.

¿Cuánto gana un senador?

Según publica el Senado en su sitio web, un senador percibe una renta bruta de $ 7.805.421 (diciembre de 2011). A esto hay que sumarle asignaciones por Traslación (sin rendición de cuenta) como alojamiento, bencina, peajes, reparación y amortización, permiso de circulación y otros del vehículo que usa el senador.

Además, asignación para Oficinas, Secretarios, personal de apoyo con contratos o boletas, arriendos oficinas, consumos básicos, sobres franqueados y materiales de oficina en general, asignación de Asesoría Legislativa Profesional  y Bienes y Servicios de Consumo como celulares. Sumando todo e incluyendo la nueva asignación, el monto supera los $ 15 millones de pesos.

Aplicando los conceptos antes señalados, y teniendo en cuenta la cifra públicamente conocida de $ 2 millones en asignaciones que podrían sumarse a los montos que ya perciben los senadores, el tipo de institución, los sueldos de mercado, y las responsabilidades involucradas, ya podrá hacerse una idea el lector de la dimensión correcta del sueldo y el aumento de los parlamentarios.

El interés corriente, por su parte, es el interés promedio cobrado por los bancos y sociedades financieras establecidas en Chile en las operaciones que realicen en el país, salvo algunas exclusiones que determina la ley, y corresponde a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) determinar las tasas de interés corriente, pudiendo distinguir entre operaciones en moneda nacional o extranjera, reajustables o no reajustables.

Con respecto a los promedios, éstos se establecen en relación con las operaciones efectuadas durante cada mes calendario y las tasas resultantes se publican en el Diario Oficial y en la SBIF durante la primera quincena del mes siguiente.

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La Tasa de Interés Máxima Convencional (TMC) está fijada por ley chilena

El actual proyecto del gobierno relacionado con la TMC, en donde se establece la rebaja de techo que se puede cobrar para operaciones de menos de UF 200 y plazos mayores a 90 días, desde 1,5 veces la tasa corriente del mercado a el valor menor entre 1,35 veces la tasa corriente y la tasa corriente más 12% anual, se encuentra en plena discusión a nivel del Poder Legislativo.

Entre los argumentos a favor de esta modificación se ha señalado, entre otros aspectos, que la señalada medida evitará el abuso que hoy día cometen las instituciones financieras en contra de los deudores más riesgosos y de menores ingresos del sistema, al generar en el tiempo una rebaja entre el 15% y 20% en la tasas que éstos pagarán por sus operaciones crediticias, los que normalmente corresponden a montos menores a las UF 200 y plazo sobre tres meses.

Efectos negativos

Sin embargo, poco y nada se ha señalado con respecto a los potenciales efectos negativos que una medida de este tipo tendría sobre aquellas personas y empresas que en la actualidad operan formalmente en el mercado crediticio bajo aquellas condiciones.

En efecto, me parece que la señalada medida terminará afectando tanto a las personas de menores ingresos como a las micro y pequeñas empresas que principalmente utilizan como fuente de financiamiento a agentes no bancarios, tales como cooperativas, casas comerciales de regiones, e instituciones sin fines de lucro, como Banigualdad y Fondo Esperanza, las que corresponden a las instituciones que básicamente atienden a dichos segmentos de clientes. El fundamento detrás de esta afirmación tiene relación con el hecho que al reducir en forma importante la TMC se producirán tres efectos que, en definitiva, terminarán afectando a estos deudores:

1. Acceso: al existir un menor techo para la tasas de interés, se disminuirán las alternativas formales de crédito, tanto las del tipo bancarias como las no bancarias. Esto es particularmente crítico es lugares con menos proveedores de crédito, como típicamente ocurre en zonas fuera de la región metropolitana.

2. Concentración económica: al disminuir en forma importante el “precio” que los agentes no bancarios pueden cobrar por los préstamos entregados a sus clientes, algunas de estas entidades verán una disminución importante en sus ingresos, tanto por la tasa que podrán cobrar a los clientes que ameriten como por el hecho de tener que reducir la base de acreedores a los que -dados los riesgos y costos de administración inherentes en los segmentos antes comentados- efectivamente van a poder servir bajo estas nuevas condiciones. Esto, a su vez, no hará otra cosa que concentrar más el sector financiero formal, con la consecuente reducción del nivel de competencia.

3. Movilidad: relacionado con los dos efectos anteriores, los deudores de los segmentos más riesgosos van a, por una parte, estar claramente más “capturados” por los agentes bancarios, dada la menor cantidad de alternativas de crédito disponibles para ellos y, por otro lado, los que tengan de “desbancarizarse” o “desformalizarse” en el acceso al crédito van a verse perjudicados al tener, en definitiva, menores posibilidades de acceso a bienes y servicios que requieren para ellos financiamiento, tales como bienes durables de consumo (línea blanca, automóviles) o servicios, como recreación e incluso salud, con los consiguientes negativos efectos sobre la movilidad de estas personas en nuestro país.

En resumen, como en todo cambio relevante como el que se está discutiendo con respecto a la TMC, debemos sopesar detallada y seriamente los costos y beneficios involucrados, de manera tal que el remedio recetado no termine siendo peor que la enfermedad, ya que lo que se está atacando con esta medida es atacar los síntomas y no el problema de fondo subyacente.

Lamentablemente, en el mundo existe miedo e incluso pánico de que la economía mundial entre de nuevo en recesión.

En este escenario el dinero busca refugios. Es tan así que los inversionistas están dispuestos a sacrificar la rentabilidad de su cartera a cambio de mantener su capital, lo cual genera desequilibrios, y cada vez hay instrumentos seguros donde colocar los ahorros.

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El oro es una de las inversiones más seguras.

Como ejemplo de lo anterior, los inversionistas han visto evaporarse dogmas de fe, tales como el hecho que se puede perder dinero con la deuda pública de países con una solvencia calificada de muy alta (España, Francia, Irlanda, etc).

Para qué decir de la renta “fija” privada, con casos tan duros como los productos estructurados ligados a Lehman Brothers, en teoría libres de riesgo. También el (muchas veces cruel) mercado nos ha mostrado que monedas refugio como el franco suizo pueden generar pérdidas importantes si el gobierno respectivo considera que su apreciación conlleva un riesgo para su respectiva economía.

En este contexto complejo van quedando pocos lugares donde refugiarse mientras siga la tormenta y no vuelva a tranquilizarse el mercado para que posteriormente salga, ojalá más temprano que tarde, el sol.

Entre los instrumentos que pueden cumplir este rol de refugio estarían los bonos soberanos de Alemania y Estados Unidos, los que hoy día rentan en términos nominales menos que el 2% anual, lo que significa que al restarle la inflación esperada estas inversiones ofrecen un retorno real cercano o menor que 0. Lo peor de todo es que ni siquiera está claro que estos activos sean realmente libres de riesgo.

El oro

El otro sobreviviente de esta desastrosa situación es el oro, el cual acumula un aumento de más del 30% en su precio durante el año 2011.

Con esto se demuestra nuevamente su característica de refugio por excelencia. Tanto es así que muchos bancos centrales están atesorando oro para sus reservas por primera vez en décadas, transformándose los lingotes del preciado metal en un activo financiero más, reforzando de paso su perfil de carácter más especulativo.

El tema hoy en día es que a los valores actuales no es muy claro que se obtengan retornos interesantes, sino que potencialmente negativos. Al tratarse de un commoditie con esta característica de activo financiero especulativo, sin dividendos o cupones como los activos de renta variable y renta fija, respectivamente, es casi imposible realizar predicciones precisas en relación hacia adónde se moverá el precio del oro.

La renta variable

En el caso de la renta variable, si bien prácticamente todo el mundo ha huido, con grandes castigos en sus valorizaciones, hay que considerar sí dos elementos:

Por una parte, están los dividendos que reparten las compañía, los que pueden significar retornos nada de despreciables, y, por otro lado, que en una perspectiva de mediano plazo claramente a estos precios existe un interesante potencial de apreciación en el valor de estos activos.

Sin embargo, como no sabemos si seguirá cayendo la bolsa y, de ser así, por cuanto tiempo, lo que se recomienda es mantener alguna proporción de la riqueza en acciones pero de manera diversificada, tanto de sectores como geográfica.

Final y especialmente en el actual contexto, al final del día es bueno tener presente que “cash is King”, por lo tanto, la caja y la liquidez son un valiosísimo activo hoy en día…

1. Todos somos iguales ante la ley: esto no es cierto en materia tributaria, ya, por ejemplo, transportistas, agricultores y mineros tienen excepciones, tales como la renta presunta, por lo que se cumple en dicho caso el principio de igualdad.

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Existen muchos mitos en torno a los impuestos.

2. Los impuestos que pagan las empresas son un crédito para los impuestos personales, esto es, se devuelven a sus accionistas. Esto en general es cierto con excepción de quienes son accionistas de las compañías a través de los fondos de pensiones, en donde no se cumpliría este principio.

3. Gran parte de los trabajadores paga impuesto a la renta: esto no es correcto, dado que más del 80% de los trabajadores en nuestro país no pagan impuesto a la renta, a diferencia de los países desarrollados, en donde prácticamente todos lo hacen.

4. Todos los incrementos de impuestos afectarán la actividad económica: esto no es cierto, toda vez que, por una parte, depende de la naturaleza del impuesto que se considere aumentar y, por otro lado, depende del monto o proporción del impuesto que se decida aumentar. Además, muchas veces en las reformas tributarias también se reducen ciertos impuestos, por lo que sin conocer detalles de una potencial reforma tributaria es imposible predecir sus efectos en este sentido.

5. La carga tributaria a las personas de mayores ingresos es muy baja en Chile: no es correcto, ya que cuando los accionistas de las empresas deciden retirar sus utilidades desde la empresa vía dividendos o retiros deben pagar impuestos que en el margen llegan al 40%, con lo cual se acercan a la carga tributaria internacional.

6. Una reforma tributaria genera un dilema entre eficiencia y equidad: no necesariamente ocurre así, ya que, por ejemplo y como ya se señaló anteriormente, existen numerosas excepciones tributarias por sectores o zonas geográficas, entre otros aspectos a comentar. Por lo tanto, si se hace cuidadosamente es posible mejorar la eficiencia y la equidad mediante una reforma a la estructura tributaria, lo que posiblemente debe considerar una rebaja de ciertos impuestos.

Por otro lado, en los países emergentes el producto interno bruto ya alcanzó su nivel potencial y riesgos de sobrecalentamiento han generado programas de ajuste.

También la crisis de deuda en Europa se profundiza, mientras que las miradas se han extendido a Italia e impacta a España, Bélgica, e incluso a Francia, necesitándose decisiones mayores para detener el contagio.

Foto: El Mercurio

Una de las formas de cuidar nuestro dinero es apostar por los instrumentos fijos.

La desaceleración de la economía mundial ha abierto un debate, especialmente en EE.UU., en el sentido de si ésta es temporal o si finalmente será más permanente. Con un ambiente relativamente negativo por la dura negociación sobre el alza en el límite de endeudamiento fiscal y el fortalecimiento de la solvencia, ya no queda espacio para más estímulos fiscales.

En Europa, con la excepción de Alemania, la situación fiscal no da espacio para programas de estímulo y el BCE está concentrado en defender la estabilidad de precios y la estabilidad financiera. Tampoco ayuda mucho la poca capacidad de las autoridades europeas de poder formular un plan sólido para estabilizar la región.

En países como China, India y Brasil las medidas de ajuste comienzan a hacer sentir sus efectos en el crecimiento.

En cuanto a Chile, se mantiene un cuadro de elevado dinamismo apoyado por altos términos de intercambio (precio de nuestras exportaciones en relación al precio de nuestras importaciones); políticas macro aún expansivas para esta etapa del ciclo; amplio acceso a financiamiento externo y a bajas tasas de interés internacionales; junto con buenas expectativas empresariales, estando este dinamismo centrado en la demanda interna, especialmente en consumo durable e inversión. En el ámbito de la actividad destaca dinamismo del sector financiero y la recuperación de la industria y la construcción.

Cabe destacar también que este alto crecimiento ha ido de la mano de una fuerte expansión en el empleo y aumento en los salarios reales.

Sin embargo, lo que no se condice con este cuadro favorable es el pesimismo que mantienen los consumidores a pesar del repunte de las expectativas en mayo.

Esto se puede deber a los efectos indeseados que tienen en las expectativas las alzas de precios de productos de compra frecuente, tales como alimentos, transporte y combustibles.

Con todo el crecimiento del PIB en nuestro país debiese andar en torno al 6 5% para este año y el 2012 por encima del 5%, con la inflación anual a diciembre en torno al 4,0% este año y en torno al 3,5% el año próximo. Claramente en el corto plazo, los principales riesgos que enfrenta la economía chilena son los asociados al entorno externo.

En todo este escenario, cabe preguntarse cuáles son los efectos para las personas, si el mundo se desacelera, habrá peores términos de intercambio, por lo que habrá menor crecimiento y también menor inflación.

Todo esto implicaría que la actividad local se desaceleraría, con lo que habría menos demanda por mano de obra e insumos, por lo que, por una parte, el desempleo será un poco mayor, pero los precios, incluyendo los salarios, serían un poco menos elevados, con el consiguiente efecto sobre el bolsillo de trabajadores y consumidores.

Por otro lado, en un escenario global más complejo, en el ámbito financiero es posible que las rentabilidades sean menores y con mayores volatilidades, por lo que sería prudente tener una mayor parte en renta fija que en renta variable y, como siempre se recomienda, con una adecuada diversificación.

Lamentablemente, en los últimos años nos hemos tenido que acostumbrar a convivir con mayor frecuencia a este tipo de eventos que lo que muy probablemente desearíamos.

En este contexto muchas personas se preguntan qué hacer con su fondo de pensiones, en el sentido de qué será mejor, si mantener el que actualmente hemos elegido o, de lo contrario, cambiarnos por la llegada de alguna de estas crisis.

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Los más aconsejable es no mover nuestros fondos de pensiones.

Para contestar a lo anterior, en primer lugar debemos señalar que las pensiones son una de las principales (y en ciertos casos la única) fuentes de ingreso para las personas de la tercera edad, lo cual hoy día es particularmente crítico debido, por una parte, al aumento del número de personas que pertenece a la tercera edad por el mayor desarrollo económico, los avances de la medicina y al crecimiento demográfico, y, por otro lado, por una creciente proporción de los gastos de la tercera edad que es financiada con pensiones.

En el caso de Chile, el año 1980 se estableció, mediante el DL 3.500, el nuevo régimen de pensiones, en donde se estableció un sistema de capitalización individual del ahorro destinado a financiar las pensiones de las personas y de paso reemplazó a un complejo e ineficiente sistema.

Es en este contexto en donde las personas, luego de distintas modificaciones al DL 3.500 pueden tener sus ahorros previsionales en uno o más de los cinco fondos de pensiones, que van desde el fondo A, que es el más riesgoso por su mayor inversión relativa en instrumentos de renta variable, al fondo que es el menos riesgoso por su mayor inversión relativa en instrumentos de renta fija.

Entre los factores que inciden en la elección de uno u otro fondo de pensiones están elementos como la aversión al riesgo de la persona y los años restantes por jubilar. Si a una persona le faltan muchos años, digamos 25, por jubilar, entonces lo que tiene más sentido es estar en un fondo como el A o el B, debido a que deberían ser los más rentables en un horizonte largo, y por ende por esta vía lograr una mayor pensión. En cambio, si se está a poco tiempo de jubilar, lo que tiene más sentido es estar en un fondo como el D o el E, a fin de no arriesgar los recursos reunidos durante muchas décadas.

Dado lo anterior es que en general lo más recomendable es no realizar grandes cambios en el fondo de pensiones cuando hay una crisis debido a varios motivos:

a) Nunca se sabe cuándo acabará y qué tan fuerte puede llegar a ser una crisis, sólo se sabe cuando ésta comienza.

b) Si se está invertido en los fondos de pensiones más riesgosos, si bien éstos son los que muestran las peores rentabilidades en períodos de crisis, también son los que más rentan al comenzar la recuperación económica.

c) Dado que se trata de un ahorro forzoso de largo plazo en general se tiende a cumplir que a mayor riesgo mayor retorno, por lo que los períodos de crisis tienden a ser más que compensados con los períodos de bonanza económica en lo que a rentabilidad se refiere.

En resumen, a menos que tengamos una especial capacidad de anticiparse al futuro lo que parece más recomendable en cuanto a las inversiones de los fondos de pensiones son las estrategias pasivas, esto es, mantener en el tiempo el fondo y no estar haciendo cambios continuos, ya que en este último caso la probabilidad de equivocarse es mucho más alta que la de acertar. A modo de un ejemplo real, quiénes movieron sus ahorros previsionales desde el fondo A al fondo E entre octubre de 2008 y enero de 2009, llegaron a perder nada menos que cerca del 30%.

Para facilitarles el acceso, CORFO ha diseñado diversos programas de garantías que les permiten contar con una garantía pública para pedir un crédito. Al mismo tiempo, muchas empresas pequeñas y medianas que sí cuentan con garantías reales para respaldar sus créditos, tienen problemas de movilidad y divisibilidad de éstas, por lo que las condiciones de financiamiento al que acceden no es el de mejores, en términos de la tasa de interés o monto que finalmente consiguen.

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Las Instituciones de Garantías Recíprocas (IGR´s) facilitan a las MiPymes mejores condiciones de financiamiento.

Asimismo, una vez que una empresa ha constituido sus garantías a favor de un banco queda en gran parte cautiva, dados los costos que implica alzar las garantías en una institución financiera para constituirla a favor de otra, lo que, en definitiva, disminuye la intensidad competitiva entre los bancos y las tasas a pagar son mayores.

En este contexto es que surgen en nuestro país las Instituciones de Garantías Recíprocas (IGR´s) como un vehículo que permite, mediante la generación y la movilidad de garantías, mejores condiciones de financiamiento para las MiPymes.

Esto se fundamenta debido a los tres tipos de imperfecciones que afectan a este tipo de empresas, que son:

a) Asimetrías de información: siempre existe entre los (potenciales o actuales) deudores y acreedores, pero en los segmentos de empresas de menor tamaño se exacerba, por la limitada cantidad y calidad de información disponible, así como por el mayor costo relativo de evaluar créditos de menor monto.

b) Falta e iliquidez de garantías: dado que las MiPymes tienen pocas garantías y con bajo atractivo, por su iliquidez o especificidad, con altos costos de transacción y con altas restricciones a la movilidad de éstas.

c) Nivel de provisiones: dado el alto nivel de provisiones de la banca al otorgar créditos a la MiPyme, se encarece el otorgamiento y la tasa de interés que se le debe cobrar a este segmento del mercado.

Todo lo anterior se resume en menores montos relativos de los créditos; limitaciones a los tipos de productos; menores plazos; mayores tasas de interés; mayor vulnerabilidad al ciclo económico y mayores requerimientos y dificultades para constituir garantías por parte de las Pymes.

Esto genera una situación social y privadamente no deseable, dado que, por una parte, las MiPymes son reconocidas como imprescindibles para el desarrollo de la actividad económica de un país, y su consecuente generación de riqueza y empleo, pero, por otro lado, se ven castigadas en términos del acceso y/o condiciones del financiamiento a sus proyectos al que éstas pueden obtener.

Dado la situación antes descrita, es claro que la garantía es un bien escaso en el segmento de las MiPymes, con los consecuentes negativos efectos sobre este segmento de empresas de la economía y, desde esta lógica surgen las políticas públicas destinadas a facilitar el acceso al crédito de éstas.

La experiencia internacional al respecto es clara, toda vez que el sector público ha sido un motor fundamental en el desarrollo inicial de sistemas de garantía, en conjunto con el desarrollo de entidades privadas canalizadoras de éstas.

Ante esta situación se deben tomar medidas para restablecer la confianza de los agentes, lo que implica analizar y plantear rápida, pero correctamente qué debemos (y qué no debemos) hacer al respecto.

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Uno de los cambios que deberían realizarse es darle a la Superintendencia de Bancos la capacidad de fiscalizar a las cadenas de retail.

Entre las medidas pertinentes a impulsar está el hecho que la Superintendencia de Bancos debería poder fiscalizar a las cadenas de retail, dado el fuerte componente del negocio financiero y su consecuente exposición de riesgo sobre el mercado.

En cuanto al gobierno corporativo, los miembros del directorio van a tener que involucrarse más para ser el real contrapeso de la gerencia, y será necesario que las empresas cuenten con directores con mayor participación en comités clave, lo cual implica elevar el nivel de remuneración fija que éstos perciben. Esto, de hecho, ya ocurrido en el caso del nuevo Directorio de La Polar, en donde se fijaron niveles de remuneración que justamente permiten ir en la dirección correcta de lo acá señalado. Claramente luego de este episodio se elevarán los requisitos de capacidad y dedicación por parte de los directores profesionales, sobre todo para el caso de las sociedades anónimas abiertas.

Por el lado de las firmas auditoras y empresas clasificadoras de riesgo, es necesario exigir mayor rigurosidad y una adecuada rotación de estas entidades. En el caso que se determinen serias deficiencias en la labor realizada también se deberían establecer sanciones ejemplificadoras para minimizarlas dichas fallas a futuro.

En este contexto, antes que discutir temas como el de la consolidación de la información comercial positiva -que no tiene nada que ver con los lamentables hechos que sucedieron en el caso de La Polar- es urgente mejorar el funcionamiento del proceso fiscalizador público y privado de nuestro mercado, para que nunca más volvamos a repetir situaciones como la vivida las últimas semanas.

En este sentido, no ayudan mucho recientes declaraciones provenientes de las Superintendencias de Valores y de Bancos, deslindando responsabilidades por no haber sido capaces de adelantarse o prever parte de la situación en que finalmente derivó este lamentable y costoso caso.

En resumen, más allá de las investigaciones aún en curso, lo importante es poder ir avanzando en paralelo para ser capaz de mejorar las fallas regulatorias y de aplicación de éstas con vistas a ojalá llegar a un nunca más de un caso como La Polar para nuestro mercado de capitales.