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Cambios a la Justicia Civil, de qué se trata

La reforma a la justicia civil implica un cambio radical al sistema actual, permitiendo un acceso fácil y expedito a toda la ciudadanía.

De un tiempo a esta parte, el Estado ha implementado la modernización del sistema de justicia a través de reformas al sistema penal, laboral y de familia, buscando finalizar este proceso con una reforma completa al sistema civil.

La reforma al sistema civil de justicia es considerada una de las mayores reformas que se llevarán a cabo, tomando en cuenta que las materias involucradas son del todo diversas e implican temas de gran interés para el día a día de las personas (arrendamientos, cobros de deudas y ejecuciones en el caso de no pago, incumplimientos contractuales,  temas comerciales, indemnizaciones de perjuicios, etcétera).

Valga señalar que el sistema civil es el supletorio en todas aquellas materias no reguladas, es decir, se transforma en una “bolsa de gato” donde cae todo aquello que no se regula de modo especial.

Justicia Civil

Foto: Agencias

El procedimiento civil que nos rige data del año 1903 con leves modificaciones, alejándose de las contingencias de la vida actual, lo cual se traduce en un proceso muy lento, escrito, donde el juez no tiene relación directa con la prueba y que, sólo en primera instancia puede llegar a durar alrededor de 821 días, si es que hablamos de un juicio ordinario. Por lo tanto es posible señalar que hoy en día en Chile hay una especie de falta de justicia, en circunstancias que la justicia tardía se transforma en justicia denegada.

Es producto de lo anterior que el 12 de marzo de este año se firmó el Proyecto de Reforma a la Justicia Civil que, al momento de aprobarse, traerá cambios sustanciales en la forma actual en que se lleva a cabo el proceso civil tanto en materias de forma como de fondo.

¿Cómo repercutirá la reforma en el ciudadano común y corriente?

Muchas veces las personas pierden interés en tratar de solucionar sus problemas a través de los tribunales por la lentitud de la tramitación de las causas en los mismos y por la burocracia que implica acudir a ellos, todo ello complementado por la contratación -en la mayoría de las causas- de un abogado, además de la poca publicidad en cómo se llevan a cabo los procesos.

De esta manera el primer cambio implica la reducción de los plazos de tramitación de los diversos procesos. Así, por ejemplo, los juicios ordinarios reducirán considerablemente su tiempo de tramitación esperándose que lleguen a 170 días, lo que busca motivar a la ciudadanía para solucionar sus problemas por esta vía y se evite que temas, que pueden considerarse complejos, los solucionen por la vía de la imposición de un interés privado por sobre el otro, sin un tercero imparcial.

Otro cambio importante, dice relación con que podrá solicitarse el cumplimiento inmediato de la sentencia de primera instancia aun existiendo recursos pendientes en su contra, a diferencia de lo que ocurre actualmente, ya que se debe esperar una sentencia respecto a la cual no quepan recursos para poder ejecutarla.

Muchas personas se sienten atadas de manos, hoy en día, para presentar demandas ya que si bien creen tener la razón, no cuentan, producto de la relación desigual que tuvieron con su contraparte, con toda la prueba necesaria que permita comprobar el hecho en cuestión. Piénsese por ejemplo, en relaciones de consumidor o de responsabilidad médica respecto al paciente y la clínica.

Para solucionar la asimetría plantea es que la Reforma introduce la llamada   “carga dinámica de la prueba”, la cual implica una carga para aquella parte que, producto de su posición en el proceso, tiene acceso a pruebas que la otra parte no tiene. Por tanto, el juez puede, de acuerdo a su criterio, determinar que la falta de entrega de una prueba específica, por ejemplo el video de la operación en el caso de la clínica, podrá ser sancionada.

Por último, otra modificación importante implica que la ejecución, por ejemplo en el caso de una deuda no pagada, no estará radicada en los tribunales, quienes actualmente se encuentran recargados de estas situaciones que son más bien administrativas. Para lo anterior se creará la figura del “oficial de ejecución”, llegando a tribunales solamente aquellas situaciones que impliquen una controversia entre las partes que escape de las funciones de éste y sólo en ese momento se necesitará la contratación de abogados.

La implementación de la Reforma implicará entonces un acceso más simple y transparente al sistema por parte de la ciudadanía, además de que podrán obtener una sentencia rápida que solucione sus problemas y que vendrá antecedida de un proceso público y oral.

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