Proyecto de ley que modifica la sociedad conyugal: reforma pendiente

Busca cumplir con tres objetivos-principios: el de igualdad de los cónyuges, plena capacidad de ambos y protección económica del cónyuge que se dedica al hogar común y al cuidado de los hijos.

Con fecha 5 de abril de 2011, ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley con origen Presidencial, mediante el cual se busca modificar el régimen de sociedad conyugal, régimen de gran trascendencia por ser el más escogido en la actualidad por quienes están vinculados matrimonialmente.

El proyecto de ley parte señalando las razones de por qué es conveniente mantener la sociedad conyugal como régimen legal supletorio, es decir, por qué sigue siendo de conveniencia que frente al silencio de los cónyuges respecto al régimen de bienes que eligen, se entiendan casados bajo sociedad conyugal.

Sociedad conyugal

Foto: El Mercurio

A continuación señala que el proyecto busca cumplir con tres objetivos-principios, cuales son el de igualdad de los cónyuges, plena capacidad de ambos y protección económica del cónyuge que se dedica al hogar común y al cuidado de los hijos. Lo anterior, se observa como una respuesta a la actual regulación del Código Civil.

Hasta 1989, la mujer, al casarse en sociedad conyugal, era considerada incapaz relativa. Para graficar lo anterior, se le asimilaba a los llamados menores adultos (esto es los hombres que tienen entre 14 y 18 años y las mujeres que están entre los 12 y 18 años de edad) y a los interdictos por disipación (personas que dilapidan bienes y que no tienen aptitud para administrarlos).

Por razones constitucionales, el año 1989 se eliminó de los incapaces a la mujer casada en sociedad conyugal, con lo cual ésta adquiría plena capacidad. Sin embargo, ello no fue tal, ya que se mantuvo la administración de la sociedad conyugal radicada en el marido, el cual, tal como señalamos en columnas anteriores, administra como jefe de la sociedad conyugal, no sólo los bienes sociales, sino además los bienes de la mujer. Con lo anterior, el otorgamiento de plena capacidad a la mujer, no hace sino ilusoria su capacidad de obligarse sin que el marido esté presente.

Sólo por excepción, en la llamada administración extraordinaria, la mujer queda a cargo de la administración de la sociedad conyugal. Esto se producirá, en términos generales, cuando el marido se encuentre inhabilitado de encargarse de administrar los bienes.

La modificación que intenta imponer el proyecto en este punto es que los cónyuges puedan elegir y pactar quién administrará la sociedad conyugal. El pacto podrá celebrarse antes, durante o después de la celebración del matrimonio. Para el caso en que los cónyuges guarden silencio, además de mantenerse la sociedad conyugal como régimen supletorio, el proyecto indica que se entenderá que ambos administrarán la sociedad.

La forma de proteger a los terceros que contratan con la sociedad conyugal está dada por la exigencia de subinscripción de cualquier modificación a la administración en la inscripción de matrimonio que lleva el Registro Civil.

Sea que administre el marido, que administre la mujer o que administren ambos conjuntamente, se someterán a limitaciones muy similares a las actualmente vigentes (transferencia de bienes, arrendamiento por largos períodos, garantías otorgadas a terceros, entre otros).

Además de la administración, se intenta modificar la estructura de los bienes sociales.

Hoy en día, tal como se señalara en una columna anterior, existen bienes propios de los cónyuges y otros bienes de la sociedad conyugal. Dentro de estos últimos se distinguen bienes que conforman el llamado haber relativo y otros que conforman el haber absoluto. Los que componen la parte relativa, ingresan a la sociedad conyugal, pero al terminar ella, generan un crédito para el cónyuge al cual le correspondían esos bienes. Mientras tanto, los del absoluto, ingresan de modo definitivo a la sociedad, repartiéndose por mitades el valor de éstos al terminar el régimen.

La modificación busca eliminar el haber relativo, pasando los bienes que forman parte de éste al patrimonio propio de los cónyuges. Así, sólo existirán bienes sociales y bienes propios de los cónyuges. No se distinguirá entre el patrimonio absoluto y relativo de la sociedad.

Los bienes propios serán administrados por el propietario de los mismos, mientras que los sociales serán administrados por la o las personas que establezca el acuerdo.

Otro punto a destacar es la modificación producida en torno al patrimonio reservado. Actualmente, este derecho es exclusivo de la mujer, atendido a que es el marido quien administra. Con la modificación, se busca que el que no administre tenga derecho a gozar de este patrimonio reservado, imponiéndose la carga de aportar al haber social lo necesario para la sustentación de la familia común.

Para finalizar, es importante destacar que los cónyuges pueden modificar la administración durante el régimen y que, asimismo, quienes se hayan casado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, igualmente podrán optar por celebrar el pacto de modificación en la administración.

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