La toma de colegios se ha transformado en una medida habitual en la caótica Argentina. Sin embargo, ahora los padres de esos alumnos deberán repensar junto a sus hijos las consecuencias de medidas tan extremas: la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires está haciendo llegar demandas millonarias a los padres de los alumnos.

Responsabilidad compartida

El fallo de la Procuración General de la Ciudad consideró que los adultos son los responsables del daño ocasionado por sus hijos. Por lo que las familias de estudiantes que participaron en la toma de la Escuela Superior de Educación Artística (ESEA), deberán pagar 1,4 millones de pesos, cada una.  La acción se produjo en septiembre de 2022.

El Ministerio de Educación de la Ciudad informó que durante 2022 se produjeron 27 tomas de establecimientos educativos en la ciudad. Luego de varios avisos sin respuesta por parte de los alumnos, las autoridades de Buenos Aires, a través de la Procuración General de la Ciudad, inició 21 causas por daños y perjuicios a 240 adultos responsables de estudiantes que tomaron escuelas, por un total de $61.045.571. Las causas tramitan ante el fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad.

La cifra surge de estimar el valor de los salarios del personal docente por cada día sin clases durante la toma de la escuela. Justificaron tal medida en el ministerio de Educación, en que “el salario de los docentes es una inversión que se realiza con la contribución de todos los vecinos” y que el servicio educativo se vio interrumpido “por acciones ilegítimas ante la falta del ejercicio de la responsabilidad parental de los adultos”.

Hasta hoy, se han notificado a 67 adultos responsables de estudiantes de varios colegios. En días siguientes esa cantidad se irá incrementando a medida que cada juez culmine su sentencia.

“Es nuestra obligación como adultos enseñarles a nuestros hijos y a los estudiantes el concepto de responsabilidad y la idea de que las acciones tienen consecuencias. Desde el principio advertimos que si las familias acompañaban a sus hijos menores de edad en la toma de escuelas, eran ellos los que iban a tener la responsabilidad de pagar por esas consecuencias”, dijo Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad.