El Juicio a las Juntas Militares: Un hecho trascendente en la historia argentina

Un detalle de lo previo al histórico enjuiciamiento a las Juntas Militares que gobernaron Argentina.

Guía de: Argentina

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Los fiscales en primer plano. Detrás, el Tribunal que juzgó a las Juntas Militares.

El 15 de diciembre de 1983, apenas cinco días después de asumir como presidente de la Argentina, Ricardo Alfonsín firmó el decreto 158/8. No era un decreto más para aquel todavía dubitativo primer gobierno surgido de elecciones libres luego de una sucesión de 19 años de gobiernos de facto. La intención del gobierno era que los mismos militares juzgaran a sus pares.

Cómo se llegó al Juicio a las Juntas (militares)

Ese mismo día de diciembre, a instancia gubernamental, se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) constituida por un grupo de notables ciudadanos que intentarían establecer certezas sobre cientos de denuncias que afirmaban que “… entre los años 1976 y 1979, aproximadamente, miles de personas fueron privadas ilegalmente de su libertad, torturadas y muertas como resultado de la aplicación de procedimientos de lucha antisubversiva…”.

El período que investigó la comisión fue más amplio, abarcando desde 1970 a 1980. Ocurría que la orden de aniquilar a la subversión y comienzo de las operaciones militares fue firmada por la entonces presidente argentina Isabel Perón en febrero de 1975. En su artículo 1, facultaba al Ejército la ejecución de “las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos” que se habían establecido en la provincia de Tucumán.

Una semana después del decreto de Alfonsín, el 28 de diciembre de 1983, se constituyó el tribunal castrense (Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas) que juzgaría a sus pares. Pero no funcionó.  La debilidad del gobierno de Alfonsín, que enfrentaba una profunda crisis económica sumada a una oposición salvaje del peronismo, quienes por primera vez habían perdido una elección nacional, dejaba espacio para las maniobras dilatorias del tribunal castrense que no quería (o podía) juzgar a sus colegas.

En un esfuerzo por corregir ese rumbo, el 13 de febrero de 1984, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 23 049 de reforma del Código de Justicia Militar, estableciendo que dicha justicia solo atendería delitos de tipo militar. Limitando a los tribunales militares, ya que se establecía que ante demoras injustificadas que podría intervenir la justicia civil a través de la Cámara Federal.

Y ese momento llegó el 11 de julio de ese año, cuando la Cámara Federal indicó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que investigara si efectivamente hubo un método en la violación de derechos humanos durante la represión y le concedió 30 días de plazo. Ante el silencio del tribunal militar, le concedió una ampliación del plazo. El 25 de septiembre recién contestó el tribunal militar mediante una resolución en la que sostenía: “Se hace constar que, según resulta de los estudios realizados hasta el presente, los decretos, directivas, órdenes de operaciones, etcétera, que concretaron el accionar militar contra la subversión terrorista son, en cuanto a contenido y forma, inobjetables“.​

En tanto, la Comisión recibía miles de declaraciones y testimonios, y verificó la existencia de lugares clandestinos de detención. El 20 de septiembre de 1984, produjo un informe final conocido como el Nunca Más, con las pruebas de 8.960 personas desaparecidas y verificación de 340 centros de detención clandestinos en todo el país. Dicho documento fue la base del Juicio a las Juntas al año siguiente.

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El momento en que el presidente Ricardo Alfonsín recibe de manos del integrante de la CONADEP, el escritor Ernésto Sábato, el Nunca Más.

El Juicio a las Juntas y el fallo histórico

Y entonces, el juicio. La audiencia pública de prueba se desarrolló en el Palacio de Justicia entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. En ella se trataron 281 casos de los 709 originalmente ofrecidos por el fiscal. Declararon 833 personas, entre ellas hubo ex detenidos, militares, periodistas, sacerdotes e incluso algunos extranjeros.

Los integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que juzgó a las Juntas Militares fueron los doctores; Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D’Alessio. El fiscal fue Julio César Strassera, con quien colaboró el fiscal adjunto, Luis Gabriel Moreno Ocampo.

El alegato del fiscal Strassera se realizó entre el 11 y el 18 de septiembre de 1985, quien lo cerró expresando: “… Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: “Nunca más“. La defensa de los jefes militares sostuvo que se había tratado de una guerra, y que los actos develados debían ser considerados como circunstancias inevitables de toda guerra.

En tanto, la situación social era cada vez más complicada para el gobierno de Alfonsín. De todos modos, superando sus contradicciones y exhibiendo independencia de los poderes del Estado, el 9 de diciembre de ese año se dictó sentencia. Algunos jefes militares fueron condenados a prisión perpetua y fueron falleciendo en esa condición.

Los paros y huelgas salvajes fogoneadas por el peronismo hacían cada día más complicada la situación. En el ámbito legislativo todo proyecto gubernamental era enfrentado y desactivado por dicha fuerza política, desgastando al gobierno de Ricardo Alfonsín. Todos recuerdan que esa facción política se negó a integrar la CONADEP y posteriormente, en el gobierno de Carlos Saúl Menem, se dictaron veinte decretos entre el 6 de octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990, indultando a civiles y militares condenados que habían participado en la represión ilegal.

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Tapa de Clarín del 8 de octubre de 1989.

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