• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Durante la madrugada del domingo se registró un nuevo ataque incendiario, esta vez contra la central hidroeléctrica Rucalhue Energía SpA, filial del conglomerado China International Water & Electric Corp (CWE), ubicada en la Región del Biobío. Según la información disponible, el atentado fue perpetrado por un grupo de sujetos desconocidos que amenazaron a los guardias de seguridad de la central.

El general Renzo Miccono, jefe de Zona de Carabineros del Biobío, comentó en ese momento que “sujetos desconocidos, portando armas de fuego, los habrían amenazado y procedido a incendiar toda la maquinaria existente en el lugar. Estos serían alrededor de 45 camiones y cinco maquinarias”.

El hecho no solo generó conmoción por su magnitud, sino también por las pérdidas que implica para la inversión en el país, ya que el proyecto contemplaba una inversión de US$ 350 millones. Ante la gravedad, la embajada de China exigió al Gobierno “una investigación exhaustiva y la implementación de medidas efectivas y concretas para garantizar la seguridad, tanto del personal como de los proyectos de empresas chinas en Chile”.

Pese al estado de excepción que rige en la Macrozona Sur desde mayo de 2022, los atentados continúan ocurriendo. Aunque su frecuencia ha disminuido, siguen generando preocupación entre las autoridades. Desde la Multigremial de La Araucanía señalaron a El Mercurio que, en términos materiales, este fue el atentado “más violento y destructivo de los últimos 30 años. Supera incluso al ataque de Los Álamos en 2022, cuando se destruyeron 35 vehículos”.

De acuerdo con el informe de violencia del gremio correspondiente a febrero de este año, se consolida la tendencia a la baja observada “durante el estado de emergencia sin amarres”, registrando un promedio de 1,5 atentados semanales en ese mes.

El documento indica que en febrero de 2025 se produjeron 6 hechos de violencia, lo que representa una disminución respecto a años anteriores. En 2021 y 2022 se registraron 20 hechos; en 2023, la cifra bajó a 16, y en 2024 fueron 9.

Efectos sobre la inversión

El presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, explicó que la inversión en distintos sectores productivos en zonas rurales de la Macrozona Sur “lleva años deprimida. Es el caso del sector forestal, que hoy invierte y crece en otros países, o el de la salmonicultura, que no ha desarrollado nuevas pisciculturas en la región en más de 20 años, al igual que el sector agrícola”.

Santibáñez advierte que esta situación afecta no solo a proyectos futuros, sino también a operaciones actuales, provocando menores niveles de actividad y mayores costos operacionales.

Sobre los efectos económicos de estos atentados, señaló que “la sola valorización de equipos, maquinarias y vehículos supera los 200 millones de dólares en el periodo 2021-2023”.

“La Macrozona Sur tiene un potencial altísimo en distintas áreas, como la agricultura, el sector forestal, el turismo, entre otros. Pero más de 20 años de violencia han limitado —e incluso reducido— su capacidad de generar oportunidades y riqueza. Las capacidades están intactas, pero se requiere avanzar en la erradicación de la violencia, la desarticulación de grupos terroristas y la reducción de la burocracia para facilitar el desarrollo de nuevos proyectos”, agregó.

Economía chilena y atentados

A fines de 2023, un informe de Clapes UC evaluó el impacto económico del crimen en Chile, concluyendo que este representa un costo del 2% del PIB. Según el reporte, la delincuencia ha duplicado su daño económico entre 2013 y 2022. Si bien el estudio se refiere al crimen organizado a nivel nacional, permite dimensionar la gravedad del escenario.

En términos de empleo, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación en la Región de La Araucanía fue de 9,5% en el trimestre octubre-diciembre de 2024. En cifras más recientes, el indicador marcó 8,4% entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.

René Fernández, economista de la Universidad de Santiago de Chile, explicó que este atentado refleja una preocupante tendencia que también afecta a empresas como Oxxo, que detuvieron sus planes de expansión en el país debido a la situación macroeconómica, el exceso de permisos y la delincuencia.

“Este tipo de hechos —ya sean ataques incendiarios, actos delictivos o conflictos territoriales— erosionan gravemente la confianza de los inversionistas. En este caso en particular, significa la paralización de un proyecto, lo que implica una pérdida de desarrollo productivo, menor inversión, menos empleos, menor recaudación de impuestos, menor crecimiento y una baja en la calidad de vida”, advierte.

Por su parte, Jaime Abedrapo, académico de la Universidad San Sebastián, exsubdirector de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) y exasesor de la Comandancia en Jefe del Ejército, sostiene que esta situación política no está resuelta, y es consecuencia de la falta de capacidades investigativas y persecutorias para dar con los responsables.

“Esto también es un elemento importante que demuestra, de alguna manera, la ineficiencia de nuestras instituciones permanentes dedicadas a la seguridad pública, que no consiguen hacer su trabajo”, concluye.