• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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De acuerdo con las cifras del Ministerio Público, los delitos relacionados con la Ley de Drogas evidencian un aumento de un 25 % en seis años, entre el 2018 y 2023. Esta cifra se enmarca en la crisis de seguridad que azota al país y enciende las alarmas de las autoridades, que en el último tiempo han presentado una serie de medidas que tienen como finalidad disminuir las cifras, que, según diversos especialistas, suponen un gran desafío, ya que se trata de una nueva criminalidad para Chile.

Según los datos del Ministerio Público, en 2018 los delitos asociados a la Ley de Drogas, eran 28.419, mientras que en 2023, se situaron en 35.697, lo que demuestra un alza significativa en los crímenes de drogas. Pilar Lizana, investigadora de AthenaLab, explica que el aumento de las cifras tiene relación con que el narcotráfico ya está consolidado en Chile y el fenómeno de la narcocultura es un símbolo de ello.

Los factores que explican el alza

La experta señala que “Chile como país representa ciertas oportunidades para el desarrollo del narcotráfico no solo a nivel nacional (…) eso tiene que ver con el avance y la consolidación del crimen organizado y las distintas etapas que este tiene para consolidarse en los Estados”.

Lizana detalla que una de estas etapas es “el retroceso del Estado de derecho en ciertos territorios” y señala que cuando mencionan que “el Estado no entra a equis lugar implica un retroceso del Estado de derecho” y esto, de acuerdo con la especialista, representa una oportunidad para las bandas de crimen organizado que se evidencia en Chile desde el 2019. “Lo hemos visto fuertemente en el norte, en los territorios donde se han instalado tomas de terreno muy grandes(…) lugares donde hay poca presencia de instituciones, también en zonas aisladas que han permitido el cultivo de marihuana o el desarrollo de laboratorios para procesar droga”, asevera.

Adicionalmente, la investigadora señala que por esa misma razón, existen lugares del país donde se han evidenciado grandes cultivos de droga, “porque son lugares aislados de la presencia de las instituciones que han permitido, también, el desarrollo de esa actividad; y que esta se desarrolle va de la mano con la consolidación del crimen organizado asociado a narcotráfico a nivel nacional”.

Por su parte, Matías Garretón, académico del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), señala que el alza de este indicador es multifactorial y uno de ello es la estructura de América Latina que se relaciona con “el exceso de la producción de cocaína, y los stocks que quedaron excedentes por las restricciones de movilidad en pandemia, es muy fácil en Latinoamérica acceder a cocaína de muy buena calidad, hay un tema de oferta”.

Por otro lado, señala que existe la creación de nuevas drogas sintéticas y recreativas que con el tiempo han ido adquiriendo gran aceptabilidad social, sobre todo en jóvenes, “hay un cambio generacional en este sentido (de consumo de sustancias ilícitas)”, menciona Garretón.

Como tercer factor, Garretón explica que existen nuevas formas de tráficos a través de redes sociales, “hoy día es muy fácil conseguir droga por WhatsApp u otras aplicaciones que están encriptadas y te permiten ocultar esta conexión entre proveedor y traficante. Además, ya el riesgo de acceder a la droga es mucho más bajo, porque puedes ponerte de acuerdo en una hora y no tienes que ir a barrios peligrosos, te traen la droga a la casa como cualquier delivery”.

¿Las medidas?

Lizana señala que para disminuir estas cifras las autoridades deben implementar medidas a corto, mediano y largo plazo. En este último punto, la experta se refiere a la construcción de una arquitectura de seguridad nacional, “en el sentido de generar un sistema de seguridad nacional que permita sinergias entre las instituciones y que entregue una mirada interinstitucional al problema de la seguridad para, de esa manera, poder enfrentar todas las aristas que implica el narcotráfico”.

La especialista comenta que debe ser abordado multidimensionalmente, ya que este tipo de delitos no solo posee aristas relacionadas con la violencia, sino también a la salud pública. Por ello, plantea una estructura capaz de coordinar a las demás instituciones por un beneficio del país. “Por ejemplo, salud pública que trabaje con aquel usuario problemático de droga o una arista asociada a educación que busque prevenir el ingreso de jóvenes a grupos de narcotráfico para mantenerlos en el sistema escolar”.

Por su parte, Garretón señala que es primordial la “detección sistemática de lavado de dinero, esto es, un mercado de drogas, es lucrativo y genera ingresos que no son explicables dentro de la legalidad, y eso hoy con la tecnología y la información que tenemos es muy detectable”.

Asimismo, el especialista comenta que esta acción permite a las autoridades ser más exhaustivos, ya que mejora las atribuciones del sector público y al “implementar estas tecnologías para detectar el 99% de los casos de lavado de dinero se puede acompañar con procedimientos de incautación y de reinversión automática en políticas de control y prevención de la delincuencia”.

Adicionalmente, Garretón menciona que para ello es esencial la aprobación del proyecto de Ley de Inteligencia Económica, “que ha sido muy retrasado, inexplicablemente retrasado en medio de todo el frenesí legislativo de seguridad que hemos tenido en los últimos años”.