• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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A pesar de los continuos esfuerzos y medidas anunciadas por las autoridades, los delitos violentos no disminuyen. De acuerdo con la Policía de Investigaciones (PDI), que realizó un balance a nivel nacional sobre las cifras de homicidios registrados en lo que va del año, son 672 delitos de ese estilo que han sido contabilizados.

El sábado en un punto de prensa, Hugo Haeger, subdirector de Investigación Policial y Criminalística de la institución, informó que “la Región Metropolitana en particular, es la región que tiene una mayor comisión de delitos de homicidio a nivel nacional, donde hasta el día de hoy registramos 260 concurrencias por los delitos de homicidio”. Asimismo, añadió que en cuanto a las circunstancias en las que se produjeron los ilícitos, existe “una cantidad importante de enfrentamientos entre pandillas” que se disputan por el dominio de un territorio en particular.

Y a pesar de que, de acuerdo con el último informe de homicidios de la Fiscalía Nacional, la tasa de este tipo de delitos disminuyó un 6% en 2023 en comparación con el año anterior, el 2024 ha estado marcado por fines de semana violentos que los medios de comunicación han denominado como olas de homicidios; solo en el extenso feriado de las Fechas Patrias, que contempla desde el 16 al 23 de septiembre, se registraron 37 homicidios en todo el país. Cifras inéditas que alarman a las autoridades y expertos solicitan otro tipo de medidas más efectivas.

La respuesta del Gobierno

Ante la crisis de seguridad y los constantes cuestionamientos a la gestión del Gobierno, el Presidente Gabriel Boric, a través de una cadena nacional, entregó los primeros detalles del Presupuesto 2025, el último de este periodo presidencial. Entre los anuncios, destaca el crecimiento del gasto público, que aumentará 2,7 % respecto al de este año, y se destinarán mayores recursos a la seguridad ciudadana.
Además de otros anuncios de materia económica, el Presidente señaló que se “consolidarán los avances en seguridad pública, seguridad económica y seguridad social y dispondremos de nuevos recursos para ir más allá”.

Aseguró que se colocará énfasis en la materia, ya que la primera prioridad del gobierno es la garantía del derecho a la seguridad, que se expresará en “la gestión, en proyectos de ley aprobados y en trámite, y en este presupuesto; más dotación, mejores herramientas, mejores sueldos para las policías, fortalecimiento del control migratorio, más inversión en cárceles y fortalecimiento de la prevención con cultura, deporte, educación y recuperación de espacios públicos”, detalló.

Por otro lado, Boric comentó que debido a los Presupuestos de 2023, 2024 y 2025, el gasto del país en seguridad pública creció en un 15% y señaló que “con esto, habremos revertido con creces el retroceso que hubo en los recursos para la seguridad en los años anteriores a nuestra administración”.

En concreto, el mandatario puntualizó que “contaremos con US$1.200 millones adicionales para el Presupuesto 2025 que irán a financiar en gran parte las mejoras en seguridad pública y el aumento de la Pensión Garantizada Universal, la PGU, de ser aprobada la Reforma Previsional que hoy está avanzando en el Senado”.

La mirada de los especialistas

Carlos Díaz, director del Magíster en Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, explica que el aumento de la inversión en temas de seguridad es una buena noticia, pero advierte que el desafío no solo es aumentar los recursos, “sino usarlos de manera estratégica para construir un sistema penitenciario que, lejos de perpetuar el delito, contribuya a la seguridad y cohesión social”.

A juicio de Jorge Araya, ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y académico de la Universidad de Santiago, los recursos en este nuevo Presupuesto deberían estar más centrados en la incorporación de funcionarios: “Hay que apostar a la reincorporación de funcionarios que se han ido en retiro, pero que son jóvenes aún, menores de 60 años y que puedan reintegrarse a la institución para cumplir la hora administrativa y con eso tener al personal más joven con mayor presencia en las calles”.

Asimismo, advierte que hay una crisis de seguridad “muy importante” y por ello, se necesitan más carabineros, realizando operativos y vigilancias en las calles. “Lo más relevante en este momento es reforzar a la institución con ese tipo de iniciativas”, indica.

Sin embargo, comenta que es fundamental que gran parte del presupuesto en seguridad debe invertirse en un nuevo sistema de inteligencia del Estado y apunta a que esto son tareas “urgentes y claves” para el combate contra la criminalidad. Al mismo tiempo que la inversión de la unidad de análisis financieros.

El impacto del combate a la delincuencia con más recursos

Araya explica que el aumento de recursos contribuyen a desbaratar bandas de crimen organizado nacionales o internacionales que estén operando en Chile, al mismo tiempo que aumentar la investigación, la fiscalización, la prevención y con eso, disminuir el número de homicidios, “sobre todo en número de robos con violencia que se han incrementado y generan mayor sensación de inseguridad”.

“En la medida que se tienen más recursos económicos, se puede hacer más, más operativos, más fiscalizaciones, más prevención y, por lo tanto, combatir de mejor manera el crimen organizado y en general la delincuencia común que afecta a la gente”.

En tanto, Pía Greene, investigadora de la Universidad San Sebastián en el Centro de Estudios en Seguridad Pública y Crimen Organizado, señala que esto es una buena noticia, ya que la seguridad requiere de muchos recursos para construir una buena política pública, sobre todo en materia de tecnología. Sin embargo, advierte que es clave que estos recursos sean bien distribuidos, por ejemplo, en materia de políticas públicas, “tienen que ser costo-efectivas y que sean basadas en evidencia para que tengan un impacto real”.

En concreto, Greene comenta que una de las áreas en las que se va a invertir el presupuesto es en inhibidores de señales de teléfonos, pero “está demostrado en el mundo entero que esto no es una medida efectiva para combatir el crimen organizado (…) las políticas efectivas para combatir el crimen organizado dentro de las cárceles tiene que ver con la separación de los internos, cárcel de máxima seguridad o la formación de Gendarmería”.