En 96 horas solo en la capital de Chile se registraron 17 asesinatos. Quilicura, Lampa, Pedro Aguirre Cerda, Estación Central, Talagante, Cerro Navia, Renca, Huechuraba e Independencia, fueron las comunas donde se registraron los hechos y que agudizan aún más la crítica situación de seguridad del país. Estos hechos no sólo inquietan a la ciudadanía; el sector político también ha manifestado su preocupación e incluso, fueron presentadas diferentes propuestas legales con el fin de combatir el crimen.

Por ejemplo, parlamentarios de Renovación Nacional propusieron suspender por seis meses la tramitación de solicitudes de admisión de residencia temporal de 13 países.

En la misma línea de disminuir o controlar la aguda actividad delictual que se registra en el país, el Presidente Gabriel Boric anunció la construcción de “un nuevo recinto especial de alta y máxima seguridad” con el fin de contener a delincuentes que lideren bandas de crimen organizado con actividades en el país. De acuerdo con la información que entregó el mandatario, el nuevo recinto penitenciario estará ubicado en la Región Metropolitana y tendrá un costo aproximado de $90 mil millones. Este nuevo centro tendrá un aumento de 500 plazas adicionales, una cifra por encima de lo que suelen tener este tipo de cárceles.

“En Chile no vamos a permitir lo que ha sucedido en otros países, en donde el crimen organizado se ha tomado las cárceles sin control del Estado. En Chile eso no va a suceder”, advirtió Boric al anunciar la medida. Sin embargo, la autoridad aclaró que por ningún motivo se considerará el modelo que implementó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Incluso, la ministra del Interior, Carolina Tohá, mencionó que “nuestro modelo no es el modelo salvadoreño, pero es el modelo de alta seguridad que está internacionalmente validado y que creemos que nos puede dar mejores resultados”.

¿Cómo contribuiría esta medida para el control del crimen organizado?

Andrés Bustos, abogado socio de Bustos Gómez Abogados y especializado en Derecho Penal, explica que en el país existen cárceles de alta seguridad, sobre todo en el norte, “lo que pasa es que más allá de que exista la posibilidad de fuga de un imputado, que en Chile no ocurre, está dado en atención a la comunicabilidad que los presos tienen dentro de los recintos”.

“En ese contexto, una cárcel de alta seguridad, sería interesante para combatir el crimen organizado, porque lo que está pasando en Chile y lo que pasa en otras cárceles de Latinoamérica, es que las bandas están siendo encerradas en cárceles y siguen dirigiendo el negocio desde adentro. Por lo tanto, más allá de tener una alta cárcel de seguridad, está dada la atención a que se pueda combatir desde adentro la comunicabilidad entre los presos”, comenta.

Pilar Lizana, investigadora de AthenaLab apunta que este tipo de medidas “ayuda a hacerse cargo del problema de falta de capacidad que tenemos en cuanto al uso de cárceles, sobre todo en régimen de 24 horas. Según Gendarmería, tenemos un uso sobre el 130%. Esto efectivamente viene a ayudar un poco; son 500 plazas nuevas, pero todavía falta, pero hay que comenzar por algo”.

En cambio, en materia de crimen organizado y cárceles, Lizana señala que “lo que más nos va a ayudar es diseñar una política carcelaria que se haga cargo de la población penal nacional, es decir de todos aquellos que estén en cárceles de Chile que permitan clasificarlos para segregar esa población penal y aplicar medidas diferenciadas según el tipo de peligrosidad del reo, porque de esa manera vamos a poder realmente hacernos cargo del problema de delincuencia organizada dentro de las cárceles, (…) porque el solo hecho de construir cárceles no va a resolver la situación del crimen organizado”.

Camila Vallejo, ministra Secretaría General de Gobierno, mencionó en una entrevista con T13, que esta semana se debería “estar ingresando este proyecto junto al que crea un equipo de élite de Gendarmería para tratar con estos criminales. Estamos tratando de llegar a los más altos estándares de las cárceles europeas que tienen a terroristas o a personas que participan en grandes delitos de corrupción o de tráfico”. Por ello, el objetivo de este nuevo plantel es contribuir con la solución o control de la profunda crisis de seguridad de Chile.

Germán Klug, Fiscal (s) de Casablanca en la Región de Valparaíso, comenta que en la mayoría de los países en donde existen organizaciones criminales, se utilizan cárceles o módulos especializados de alta seguridad para evitar fugas, coordinación criminal o asociación delictual y detalla que las características de este tipo de instalaciones suelen ser gendarmes especializados; visitas limitadas o restringidas; aislamiento de la población carcelaria regular, monitoreo continúo y estándares de seguridad en la infraestructura acorde a la peligrosidad de la población que albergan.

Ubicación

Respecto a la ubicación en la que estará emplazada la cárcel de alta seguridad, el ministro de Justicia, Luis Cordero, comunicó este lunes que el nuevo recinto se construirá en la comuna de Santiago. Luego de especulaciones, y de que parlamentarios lo hayan señalado, los dichos del secretario de Estado hacen oficial la decisión.

“En Santiago I existe una sobrepoblación muy significativa que ha llevado al fisco de Chile a pagar más de $21.000 millones de sobreprecio. Lo recomendable en consecuencia es ampliar dicho establecimiento y en esa ampliación desarrollar el establecimiento de máxima seguridad al cual ha hecho referencia el Presidente de la República la semana pasada”, dijo.

El caso de El Salvador

El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador ha estado enmarcado por su lucha contra el crimen organizado y la creación de la mega cárcel que alberga hasta 40.000 reos. Esta cárcel fue nombrada como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y es una de las grandes insignias del mandatario de ese país.

En el caso de Chile, surge la inquietud de si la propuesta de Boric puede tener similitudes con CECOT; sin embargo, la ministra Tohá descartó que seguirán el modelo salvadoreño. Klug, detalla que el centro penitenciario de El Salvador apunta a un gran volumen de población penal y al completo aislamiento del centro penitenciario con el resto de la ciudad, “pero aún no conocemos las características del nuevo centro anunciado por el gobierno, por lo que no podría aventurar similitudes o diferencias”.