• Marco Zecchetto Rocco, equipo de Facts
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Luego de que el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inaugurara una mega prisión para 40 mil pandilleros, esta medida generó reacciones en la opinión pública, solicitando incluso la proyección de medidas similares para el sistema penitenciario chileno.

En relación a las cifras de Gendarmería de Chile, correspondientes al 2022, la Directora Ejecutiva de Fundación Kalén (promotora de reinserción de personas privadas de libertad), Valentina Ilabaca, señala que en un año, la población penitenciaria ha aumentado en un 15%. Y del total, casi un 40% se encuentra en calidad de imputada, es decir, su causa se encuentra en investigación.

“El uso excesivo de la cárcel como medida de control de la seguridad ciudadana, además del uso sancionador que se le da, ha llevado a empeorar las condiciones de hacinamiento donde casi la mitad supera su nivel de capacidad de ocupación (INDH, 2022) y problemas de higiene y salubridad que esto trae”, expresa Ilabaca.

La realidad de las cárceles chilenas

De acuerdo con el Quinto Estudio de Condiciones Carcelarias en Chile, realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el sondeo arrojó un deterioro en las condiciones de los reos. El informe, en relación a datos del 2019, detectó, entre otras cosas, que, en algunas cárceles del país, un recluso puede pasar entre 18 y 20 horas sin comida.

“El sistema carcelario chileno cuenta con 83 unidades. De ellas, 45 tienen un nivel de ocupación que excedía su capacidad. Si se compara la situación entre 2018 y 2019, se observó un aumento en el nivel de ocupación: si en 2018 fue 101,5%, en 2019 se registró un 106,4%. Además, los datos recopilados en 2019 exponen que 19 unidades superaban el 140% de ocupación, considerado como nivel crítico. Las más afectadas eran Taltal (265,6%), Copiapó (220,7%), Santiago Sur (203,8%) y Petorca (200%)”, asegura el INDH.

La diputada RN, Camila Flores, asegura que este escenario ocurre tanto en los centros penitenciarios tradicionales como en los ocho concesionados, aunque en estos últimos, señala, la cifra es relativamente inferior.

Además, la parlamentaria recalcó el crecimiento explosivo de extranjeros privados de libertad a partir del año 2022. Y señala que, en enero del 2019 existían 3.379 internos, y para enero de 2022 esta cifra llegó a 3.941. Sin embargo, agrega que en octubre de 2022 la cifra subió a 5.093, es decir, un aumento de un 30% solo en ese mismo año.

Con respecto a los costos de mantener a una persona privada de libertad en Chile, Flores afirma que, en la actualidad, el precio supera dos sueldos mínimos.
Preparación de los gendarmes, condiciones sanitarias de los reos y seguridad

Valentina Ilabaca, señala respecto de la preparación de gendarmes, que existe casi nula formación en intervención social, perspectiva de derechos humanos, atención en crisis, prevención y promoción de la salud mental, entre otros. Y asegura que esto afecta negativamente tanto las condiciones de higiene al interior de los recintos, como los planes de intervención y toda arista de la vida de las personas privadas de libertad.

En esa línea, el diputado Víctor Pino, integrante de la Bancada Avancemos Chile, Social Cristiano e Independientes, hace referencia al informe del INDH, e indica que 23 de estos recintos no tienen servicios higiénicos al interior de las celdas, por lo que los reclusos deben realizar sus necesidades en baldes, bolsas u otro tipo de recipientes durante su encierro. “En otra decena de penales no hay camas para todos los internos, por lo que deben dormir en el suelo”, señala.

“Estos recintos tienen un alto grado de inseguridad, tanto para los gendarmes como para los propios reclusos, además, se sabe que las bandas operan muchas veces también al interior de las mismas cárceles. En este sentido, se debe poner foco en medidas que permitan mejorar la seguridad al interior de las cárceles para prevenir la comisión de diversos crímenes en los recintos penitenciarios, ya que como sabemos se ven extorsiones, delitos más graves como tráfico o incluso delitos como corrupción”, agrega Pino.

Valentina Ilabaca afirma que, hasta hace un tiempo, menos del 13% del presupuesto anual de Gendarmería era dedicado a reinserción social, argumentando que las instancias de resocialización no están dentro de las principales prioridades. Al respecto, explica que el problema de las cárceles no es esencialmente presupuestario, pues asegura que existe financiamiento, pero que el problema es la forma en que se distribuyen los recursos.

Medidas para el futuro: ¿Es viable el modelo salvadoreño en Chile?

Camila Flores enfatiza en que actualmente no se han visto proyectos de ley que pretendan mejorar esta situación en las cárceles de Chile. Y manifiesta que lo que ha hecho el Gobierno de El Salvador es una “medida reaccionaria” que permite tener más control de la población penal.

Además, indica que estas medidas han generado preocupación en los “pandilleros”, y hace referencia al posible ingreso a Chile de una de las bandas más peligrosas llamada “Mara Salvatrucha”, que según la parlamentaria, estaría huyendo de las medidas que ha implantado El Salvador.

“Apoyo totalmente las medidas del presidente Bukele, porque cuando ya está instalado el delito, como lo es acá en Chile y en El Salvador, lo importante es la persecución criminal de ese delincuente. La prevención solo sirve cuando es abordada con niños y adolescentes, entregándoles una mejor educación, pero cuando ya está instalado el delito a niveles como lo está en nuestro país, la persecución es fundamental”, expresa Flores.

“En Chile vemos al delincuente por encima de la ley, sin temor y casi seguros de que saldrán impunes ante cualquier delito. Si estos están actuando con total libertad es porque nuestro sistema carcelario y judicial está completamente al debe”, añade la diputada RN.