Luego de los anuncios del Presidente Boric en la Región de Valparaíso, en torno a la posibilidad de construir un penal especial para “grandes narcotraficantes”, y en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el país, el colapso en la capacidad del sistema penitenciario ha vuelto a ser una problemática a debatir en la discusión pública. Ante esto, el Ministerio de Justicia está llevando a cabo un plan para la habilitación de nuevas plazas en distintos recintos penales, además del diseño y planificación de nuevas cárceles.

Uno de los proyectos que contempla este plan, es el Complejo Penitenciario Calama, el cual se encuentra en etapa de diseño y con una inversión monetaria de más de $117.000 millones de pesos. Aunque la habilitación de este penal está proyectada entre 2029 y 2030, la cartera de Justicia ya está estudiando las posibilidades de convertirlo en una cárcel especial (o que considere espacios exclusivos) para condenados por narcotráfico y delitos ligados al crimen organizado.

Desde el Ministerio de Justicia explican que el plan contempla en detalle:

• La construcción de nuevos establecimientos.
• Habilitación de nuevos módulos, donde es posible hacer estas ampliaciones.
• Habilitación de penales que habían sido cerrados por diversas razones.
• Recuperación de módulos dañados por los propios internos que estaban en desuso.

“Contar con un penal nuevo implica una alta inversión. Por ejemplo, el CP Calama, para 980 personas, considera un costo de 117 mil millones de pesos, más habilitación y más los gastos permanentes futuros en funcionamiento del penal y personal. Además, es un trabajo a largo plazo, por lo que debe ser llevado adelante con un criterio de Estado, ya que trasciende una administración. (Se requiere contar con terreno, realizar diseño, construcción, habilitación y contar con el personal correspondiente, el que debe contratarse, capacitarse y equiparse)”, señalan desde la cartera de Gobierno.

Problemas de infraestructura en el sistema penitenciario y su impacto

Desde el Ministerio aseveran que el sistema soporta un máximo de 41.762 plazas, y que actualmente la cifra de privados de libertad asciende a cerca de los 49 mil. En esa línea, explican que la cantidad de personas encarceladas ha aumentado rápidamente debido a la aplicación de una legislación más punitiva, y por el aumento considerable del tiempo que pasan los imputados en prisión preventiva.

Catalina Droppelmann, Directora Ejecutiva del Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC, afirma que la situación de las cárceles en Chile es compleja, señalando que el país ocupa el sexto lugar en encarcelamiento en Sudamérica y el 43 a nivel mundial. Además, indica que, actualmente, la proporción de personas imputadas en contraposición a las condenadas es del 37%, lo que ha aumentado la prisión preventiva y el tiempo que las personas pasan allí, especialmente para las mujeres.

Respecto del aumento de la población privada de libertad en general, la experta explica que esto conlleva consecuencias significativas, aludiendo a que el sistema penitenciario chileno no tiene la cantidad de plazas necesarias en las cárceles como para contrarrestar esta situación.

“Hoy en día hay un porcentaje de ocupación de 113%, y ya con 120% se alcanzarían niveles críticos. Pero hay ciertas cárceles, por ejemplo, el caso de Santiago Sur, que tiene un nivel de ocupación de 205%, o sea, es una cárcel que tiene aproximadamente 2.384 plazas y tiene 4.900 ocupadas. Obviamente, los problemas de hacinamiento no solamente complejizan el manejo, el mantenimiento del orden en las cárceles, sino que atentan también profundamente a los derechos humanos y a los procesos de rehabilitación y reinserción”, argumenta Droppelmann.

Desde el Ministerio de Justicia manifiestan que, ante este ritmo de crecimiento actual de la población penal, y sin nuevos espacios, se puede llegar al colapso. En torno a la presencia de establecimientos donde hay sobrepoblación (fijada en un 120% de la capacidad disponible) y hacinamiento, añaden que esta problemática se traduce en:

• Una afectación a los derechos fundamentales y una degradación de la condición humana al interior de las cárceles.
• La producción de constantes actos conflictivos entre personas privadas de libertad y los custodios.
• Una reducción a las posibilidades de realizar un trabajo de Seguridad e Inteligencia en el combate al crimen.
• Mayor dificultad en la gestión y el rol de contención que realiza Gendarmería al interior de los establecimientos.
• Aumento en los problemas de salud de funcionarios y funcionarias.
• El impedimento de cualquier posibilidad efectiva de trabajar en reinserción social.
• Daños contra la infraestructura existente.

La figura del narco al interior de las cárceles y lo que se puede esperar de este plan

Sydney Houston, licenciado de la Escuela de Carabineros en orden y seguridad pública y consultor internacional en prevención del delito, indica que el narcotráfico encuentra en las cárceles latinoamericanas “los mejores soldados y socios comprometidos para expandir sus redes de crimen organizado”. Y asegura que muchos reos que fueron detenidos por robos menores, luego de salir en libertad, ven en el narcotráfico una oportunidad para obtener mayores ingresos.

El experto agrega que es necesario tener cárceles especializadas para líderes del narcotráfico, crimen organizado y terrorismo en diferentes zonas del país, y que la falta de políticas claras de seguridad ha llevado a una crisis carcelaria en Chile, argumentando que el Estado dejó de construir recintos penales y criticando que el Gobierno actual tiene una visión “cortoplacista”.

Pía Greene, investigadora del Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián (CESCRO), enfatiza en la necesidad de establecer una nueva política carcelaria que divida a los reclusos según su nivel de delito. Además, la experta propone evaluar medidas alternativas a la cárcel para aquellos que no volverían a cometer un delito (no reincidentes), dejando la construcción de nuevas cárceles como último recurso. También, destaca la importancia de programas de reinserción y rehabilitación para los internos.