• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Un análisis de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo (UDD) revela que entre 2015 y 2023, 745 colegios cerraron, mientras que solo abrieron 193, lo que significa que existen 552 establecimientos educacionales menos. Una situación compleja que se da en el contexto de la falta de matrículas escolares. De acuerdo con la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, 3 mil estudiantes quedaron sin cupos en colegios para este año.

Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la UDD, explica que, a partir de 1980, en Chile se implementaron políticas de descentralización y privatización, cambios en la gestión escolar e incentivos a través de subsidios estatales, esto “con la finalidad de alcanzar mayor cobertura y calidad, obteniendo importantes avances en esta materia. No obstante, desde la última década se han realizado grandes reformas estructurales que no necesariamente impactan en la sala de clases de forma directa. Por ejemplo, la ley de inclusión presenta desafíos importantes, como restricciones en la apertura de nuevos colegios y a la selección de estudiantes, impactando la diversidad de proyectos educativos y limitando la oferta frente a una demanda creciente”, asegura.

No obstante, de acuerdo a lo que consigna El Mercurio que plantean los académicos y autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc), la situación responde a distintos fenómenos, donde factores como la inmigración podrían influir en la falta de matrículas. Bravo explica que “efectivamente la cantidad de migrantes que postulan vía SAE a escuelas chilenas viene creciendo de forma relevante en los últimos años. Esto frente al sistemático cierre de colegios genera una brecha entre oferta y demanda”.

En tanto, Jaime Retamal, académico del departamento de Educación de la Universidad de Santiago y doctor en ciencias de la educación, asevera que “el problema no es la inmigración, el problema es la ausencia de una planificación del Estado más técnica y profesional, capaz de ir integrando los cambios culturales y sociales que van aconteciendo en nuestro territorio. Estigmatizar a la inmigración agrava toda esta situación”.

Las fallas del sistema

De acuerdo con el vicedecano de la Facultad de Educación de la UDD, la Ley 20.845, que es la Ley de Inclusión Escolar que fue implementada en 2015, establece una serie de regulaciones que podrían desincentivar la creación de nuevas escuelas. “Por ejemplo, la normativa prohíbe la entrega de subvención a nuevos colegios y solo lo permite si existe demanda insatisfecha (cantidad de vacantes menos cantidad de niños en edad escolar)”, detalla Bravo.

“Otra excepción para crear un nuevo colegio es que no haya otro similar en el territorio donde se desarrollará, por ejemplo, que no exista un proyecto institucional de educación media, técnico profesional o artístico. Además, aquellos posibles nuevos sostenedores deben ser propietarios del inmueble donde se instalará el colegio, esto impide que arrienden la infraestructura, aumentando el riesgo de la inversión inicial”, explica el especialista.

Por su parte, Carmen Garrido, directora de la Escuela de Educación de la Universidad Andrés Bello (UNAB), menciona que, el sistema escolar requiere atención al contexto actual, “requiere atención a los temas de actualidad y dentro de estos es dar cabida a todos los estudiantes, sin distinción, sean emigrantes o no emigrantes, sean de las condiciones que sean, debe dar cabida. Y para dar cabida necesitamos tener otros colegios, y para tener otros colegios necesitamos también que esta investigación o futuras investigaciones sean consideradas por autoridades del ministerio que permita de algún modo cubrir estas necesidades”.

Asimismo, Garrido explica que no solo importa la creación de nuevos espacios para cubrir la necesidad de matrículas escolares, sino también, con el fin de garantizar el aprendizaje de los estudiantes, es relevante “la cantidad de alumnos por cursos, tenemos una distribución muy desigual, cursos muy chiquititos y en algunos establecimientos muy extensos de alumnos y eso influye en los aprendizajes. Creo que quizás hay que tener más escuelas que sean de calidad y centros públicos que permitan a los estudiantes acceder sin tener que dar una explicación de que soy inmigrante o no, tengo esta dificultad, no tengo esta dificultad, necesito inclusión o no necesito inclusión. Es decir, una educación para todos”.

¿Y las soluciones?

Bravo comenta que principalmente, se debe modificar la Ley de Inclusión para facilitar la apertura de nuevos colegios particulares subvencionados, especialmente en áreas con alta demanda insatisfecha. Asimismo, dice que “se sugiere eliminar el requisito de propiedad del inmueble a los potenciales nuevos sostenedores y promover proyectos que garanticen de mejor forma la calidad de los aprendizajes”.

En tanto, Retamal explica que las soluciones al problema van por “la línea de crear normas excepcionales para superar esta urgencia que es vivida como un drama por las familias que lo sufren, normas para crear más aulas y cupos donde corresponda. Esas normas deben incluir la presencia de inversión privada, pues dada la situación, todo grano de arena sirve y ayuda una enormidad. Eso en lo inmediato”.

Sin embargo, añade, que debe existir una medida “estratégica y más a largo plazo”, esta comprende la creación de una comisión de planificación educativa “de cara a los desafíos del siglo XXI que mire el fenómeno más integralmente. Por ejemplo, puede pasar que se logren crear rápidamente más aulas, pero ¿qué hace el Estado con la crisis pedagógica, es decir, con la proyección de falta de profesores en todo el territorio nacional? Es deber de todos los actores urgir al Estado para que se vuelva a movilizar por el cumplimiento de esta garantía constitucional”.