• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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En Arica, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esa ciudad condenó a una pena de cinco años de presidio, en libertad vigilada, a un hombre identificado como O.G.T.R., integrante de la organización criminal internacional “Los Pulpos”, que operaba en el valle agrícola de Azapa. Según la información disponible, este individuo fue declarado culpable como cómplice del delito de extorsión en grado reiterado, tras participar en labores encomendadas por la banda. Entre ellas se encontraban tareas clave: identificar posibles víctimas, vigilar sus rutinas, grabar evidencias y facilitar un primer contacto con agricultores y comerciantes del valle agrícola.

El caso vuelve a poner en el centro de la discusión pública la expansión del delito de extorsión en el país, al mismo tiempo que revela la complejidad de este fenómeno criminal. De acuerdo con el Reporte Nº3 de Fenómenos Criminales: Extorsiones de la Fiscalía Nacional, durante las últimas dos décadas en América Latina se ha observado un aumento sostenido en la diversificación de las operaciones de las organizaciones delictuales. Dichas estructuras no solo se dedican a actividades como el narcotráfico o la trata de personas, sino que también han ingresado en mercados ilícitos vinculados al tráfico de armas, la minería ilegal y, con fuerza creciente, las extorsiones.

En el caso de Chile, la evolución reciente de este delito confirma la tendencia regional. En 2021 apenas se registraban 31 denuncias por extorsiones con amenazas violentas. Ese mismo año, la Fiscalía Nacional tomó la decisión de separar este ilícito de las extorsiones comunes y comenzó a clasificarlo de manera directa dentro de la categoría de crímenes asociados al crimen organizado. Esa definición abrió un nuevo capítulo en la forma de enfrentar el problema. Solo tres años después, en abril de 2024, las denuncias ascendieron a 322 casos, lo que refleja un crecimiento acelerado y preocupante en muy poco tiempo.

La expansión de un delito

Para Valeska Troncoso, académica de la Universidad de Santiago y especialista en temas de seguridad, lo que está ocurriendo hoy no es un fenómeno aislado ni completamente nuevo, sino la expansión de un delito que desde hace años se vincula con el crimen organizado.

La investigadora explica que actualmente se observa un escenario en el que las organizaciones criminales han comenzado a modificar sus formas de operar, incorporando la extorsión y el secuestro a sus prácticas habituales. Aunque estas conductas existían en el pasado, “hoy se vuelven más visibles debido al aumento de denuncias y a que las víctimas han perdido parte del temor a acudir a la justicia”, explica. Según Troncoso, los informes del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) coinciden en que muchas de estas extorsiones no son denunciadas, lo que significa que las cifras oficiales no alcanzan a mostrar la magnitud real del problema.

La académica agrega que, más allá del crecimiento estadístico, lo relevante es que el fenómeno ya se encuentra extendido en varias zonas del país. Advierte que lo más probable es que en los próximos meses se observe un incremento de secuestros y extorsiones, ya que son modalidades que han logrado instalarse en distintos territorios, desde Santiago hasta regiones del sur.

Además, hace hincapié en que se trata de prácticas comunes en países como Colombia, Venezuela y Perú, lo que muestra que Chile no está aislado de esta realidad. A su juicio, la movilidad de las bandas criminales por Latinoamérica genera un efecto de “transnacionalización” que inevitablemente termina por conectar a estas estructuras con agrupaciones locales.

Por su parte, Pedro Valdivia, experto en seguridad y coronel (R) de Carabineros, sostiene que la extorsión no es un fenómeno reciente en Chile, aunque su visibilidad ha crecido. Indica que en Santiago lleva años manifestándose en dos modalidades principales: por un lado, la oferta de “protección” a cambio de un pago y, por otro, la amenaza de atentar contra un local si no se cancela la denominada “vacuna”.

En su análisis, esta práctica se ha ido replicando en otras ciudades y podría expandirse al resto del país, siguiendo un patrón parecido al que se observó en Colombia, donde el delito se consolidó y luego se dispersó hacia diferentes comunidades.

Efecto en la vida cotidiana

Valdivia advierte que la gravedad de este delito no radica únicamente en las cifras, sino en la manera en que afecta la vida de las víctimas. En su opinión, quienes caen bajo estas amenazas terminan atrapados en un ciclo interminable: además de enfrentar las obligaciones tributarias legales, deben destinar una parte significativa de sus ingresos a pagar este “impuesto criminal” de grupos ligados al crimen organizado. “Esta dinámica genera miedo, desgaste emocional y un clima de inseguridad permanente, no solo para el comerciante o agricultor afectado, sino también para su familia y entorno cercano”, comenta.

En cuanto a su evolución, el experto recalca que la extorsión ha crecido en la misma proporción que lo ha hecho el crimen organizado en Chile: “La instalación de redes más sofisticadas, la llegada de organizaciones internacionales y la capacidad de estas bandas para adaptarse a distintas realidades locales explican en gran parte este aumento”.

Coordinación internacional

La dimensión transnacional de estas bandas criminales hace evidente la necesidad de cooperación entre países. Troncoso insiste en que la cooperación internacional es la herramienta más efectiva para enfrentar a las organizaciones que operan en múltiples territorios. Explica que Chile necesita reforzar los instrumentos de colaboración con naciones que enfrentan problemáticas similares.

La académica también aclara que persisten dificultades para lograr convenios efectivos de extradición con algunos países, lo que limita la persecución penal de quienes cometen delitos desde el extranjero. Sin embargo, resalta los avances alcanzados con Colombia y el papel relevante de la Policía de Investigaciones (PDI) en procesos de extradición. Además, subraya la importancia de los vínculos que Chile mantiene con Interpol y Europol, los cuales permiten un trabajo coordinado más allá de las fronteras.

En su visión, hoy existe una mayor conciencia de que la cooperación interagencial, tanto nacional como internacional, es el camino más adecuado para hacer frente a un fenómeno que se expande con rapidez. Para Troncoso, la capacidad de los Estados para unirse y responder de manera conjunta determinará el éxito o fracaso en la lucha contra estas prácticas delictivas.