• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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El 27 de octubre, la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas (UCOD) de la Fiscalía Nacional presentó el Informe de Crimen Organizado en Chile 2025, un documento que ofrece una radiografía actualizada y detallada de las principales dinámicas, tendencias y amenazas del crimen organizado en el país durante 2024. El reporte identifica un entramado delictual cada vez más estructurado y diversificado.

Entre los resultados más destacados, el informe señala que el tráfico de drogas sigue siendo la actividad criminal predominante, representando casi la mitad de los ingresos asociados al crimen organizado en 2023 y 2024. Le siguen los robos y los delitos vinculados al mercado de armas.

Mercados ilícitos
El documento describe los principales mercados ilícitos presentes en Chile. En el tráfico de drogas, se identifica que el ingreso de cocaína al país proviene principalmente desde Bolivia y Perú, tanto por pasos habilitados como no habilitados del norte. En cuanto a la cannabis, su origen se concentra en Paraguay, Bolivia y en cultivos locales en Coquimbo, Valparaíso y la Región Metropolitana.

Además, se advierte un cambio estructural con la expansión de la producción interna de cannabis y el crecimiento de drogas sintéticas, como ketamina y metanfetamina, que están desplazando gradualmente a la cocaína base y al MDMA. El tráfico se organiza a través de redes locales y transnacionales que aprovechan la porosidad fronteriza y los puertos nacionales para su exportación.

En relación con el mercado ilícito de armas, el informe constata un aumento del 90 % en los ingresos derivados del tráfico entre 2023 y 2024. Según el documento, la mayoría de las armas incautadas son de origen ilegal: importadas, fabricadas artesanalmente o adaptadas, como las pistolas de fogueo.

Respecto al lavado de activos, el documento lo define como “un delito fundamental para la sostenibilidad de las organizaciones criminales”. En 2024, cien personas fueron condenadas por este ilícito, siendo el tráfico de drogas el delito base más frecuente. Aunque las maniobras de encubrimiento se han sofisticado, las tipologías más comunes siguen siendo el testaferro y la compra de vehículos o inmuebles con dinero ilícito.

Características del crimen organizado en Chile

El documento indica que la participación femenina en el crimen organizado tiene una mayor incidencia en delitos de trata de personas (38 %), tráfico de migrantes (37 %) y diversas modalidades de tráfico de drogas y asociación ilícita (entre 26 % y 33 %). Lejos de roles secundarios, las mujeres suelen asumir funciones logísticas, administrativas y financieras estratégicas, e incluso posiciones de liderazgo. Este patrón contrasta con su baja participación en delitos que implican violencia directa o alta exposición operativa, como homicidios (menos del 6 %), tráfico de armas o robo de vehículos.

En cuanto a la nacionalidad de los imputados, el informe observa una concentración de personas bolivianas y colombianas en el tráfico de drogas a gran escala, lo que evidencia nexos con redes de producción y suministro de sus países.

Los imputados venezolanos, en cambio, destacan por su presencia en delitos como tráfico de ketamina, asociación ilícita y secuestros, configurando un perfil más complejo y violento. Por su parte, los chilenos predominan en el microtráfico y delitos contra la propiedad, más ligados a economías ilícitas locales. Estas diferencias de especialización suponen un reto para la persecución penal, especialmente en casos con integrantes extranjeros, donde surgen obstáculos como la acreditación de identidades, barreras idiomáticas, riesgo de fuga y limitaciones en la cooperación internacional.

La mirada de los expertos

Según Pía Greene, académica del Centro de Estudios en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián y exjefa de la División de Estudios del Ministerio del Interior, el informe de la Fiscalía demuestra que los mercados ilícitos en Chile no solo se expanden, sino que también se diversifican con rapidez. Aunque el tráfico de drogas sigue siendo el eje central, potenciado por la consolidación del tráfico portuario y el auge de drogas sintéticas como la ketamina y la metanfetamina, la especialista advierte que los delitos predatorios como los secuestros y extorsiones son los que más crecen y se vuelven más violentos, con mayor coordinación y profesionalización.

También recalca el alarmante aumento del 90 % en los ingresos por tráfico de armas entre 2023 y 2024, junto con el fortalecimiento de mercados vinculados a la migración irregular y al contrabando en cárceles, donde se incautan más de 21 teléfonos al día, facilitando extorsiones y estafas desde el interior de los penales.

Greene explica que las estructuras criminales actuales funcionan como redes interconectadas y adaptativas. “Ya no son bandas aisladas, sino sistemas híbridos donde grupos locales y transnacionales colaboran, comparten recursos y se reparten funciones. El narcotráfico actúa como el motor económico que alimenta otros mercados ilícitos: requiere armas para controlar territorio, vehículos robados para logística, teléfonos desde cárceles para coordinar operaciones y secuestros o extorsiones para financiar su expansión”, comenta.

Desafíos

El académico y experto en seguridad pública de la Universidad de Santiago de Chile, Jorge Araya, señala que el país mantiene una deuda con su estructura de justicia criminal. Explica que durante dos décadas el tema quedó relegado, lo que hoy se traduce en un escenario desbordado. Subraya la necesidad urgente de invertir más en seguridad y justicia, pues Chile figura entre los países que menos recursos destina al área en proporción a su PIB. “Hay que fortalecer a las policías no solo en número, sino en capacidades de inteligencia e investigación. El Ministerio Público debe crecer, y el sistema penitenciario requiere una modernización profunda”, resume Araya.

El experto agrega que el funcionamiento delictual desde las cárceles sigue siendo un foco crítico. A su juicio, pese a los avances tecnológicos en Gendarmería, persisten fallas estructurales y niveles preocupantes de corrupción que facilitan que los líderes criminales operen desde prisión. “El desafío es fortalecer las instituciones y desarrollar un sistema de inteligencia mucho más robusto y articulado”, enfatiza.