• |
• Ver más de facts

José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”, fue asesinado a plena luz del día en Ñuñoa. A las pocas semanas, Carabineros detuvo a tres ciudadanos venezolanos involucrados en el crimen. Osmar Alexander Ferrer Ramírez, Yonder Blanco y Neomar Arismendi, de acuerdo con el Ministerio Público, fueron contratados para cometer el asesinato. Según una publicación de ECOH en X, la institución formalizó a los tres imputados por el homicidio calificado cometido el 19 de junio, y el tribunal ordenó prisión preventiva y fijó un plazo de 120 días para la investigación.

El reporte fue emitido el miércoles 9 de julio. Por orden del tribunal, Ferrer debía permanecer en prisión preventiva como medida cautelar. Sin embargo, debido a un error en la comunicación entre el Poder Judicial y Gendarmería, el joven de 18 años fue liberado en menos de 24 horas y actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

La mañana de este viernes se dio a conocer que el nombre de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, no era real, siendo su verdadera identidad Carlos Alberto Mejía Hernández. Su identidad fue comprobada luego de que la Policía de Investigaciones, tomara sus huellas y las enviara a la Interpol y de esa manera se dio a conocer su verdadera identidad, y emitieron una nueva alerta con su nombre real, mencionando “Osmar Alexander Ferrer Ramírez” como alias del imputado.

Este hecho provocó una serie de reacciones, entre ellas, allanamientos en el Centro de Detención Preventiva Santiago I, donde fue ingresado Ferrer, con el fin de esclarecer las comunicaciones entre ambas instituciones. Según la información disponible, se revisaron las cámaras de seguridad y se tomaron declaraciones a los funcionarios involucrados en el proceso de liberación.

La fuga del sicario del “Rey de Meiggs” vuelve a poner en evidencia las graves falencias estructurales del sistema carcelario chileno. Rubén Pérez Riquelme, director nacional (s) de Gendarmería, señaló a Radio Cooperativa que la institución revisó de inmediato los procedimientos del caso para determinar si hubo errores en el proceso realizado por la oficina de estadísticas del penal Santiago I.

Situación al interior de las cárceles en el país

De acuerdo con estadísticas de Gendarmería hasta abril de 2025, en Chile había 62.278 personas privadas de libertad, hombres y mujeres. Según datos entregados por la misma institución a Emol Facts, para ese mismo periodo existían 20.338 funcionarios.

Agustín Soto, investigador del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (CESCRO) de la Universidad San Sebastián, advirtió que si el Estado no logra contener el avance del crimen organizado dentro de las cárceles, estas perderán su efecto disuasivo ante la sociedad. A su juicio, cuando los delincuentes dominan los recintos penitenciarios, el sistema deja de cumplir su función principal.

Soto también advierte que el peor escenario es que las cárceles se transformen en centros operativos del crimen, sin control estatal. Como ejemplo, menciona el informe Crimen Organizado en Chile, publicado por el Ministerio Público en 2024, donde se señala que desde 2017 se ha detectado la presencia de organizaciones criminales con características inéditas en el país, especialmente por su interés en dominar el mundo carcelario.

Agrega que la extorsión, el tráfico de drogas e incluso homicidios se cometen dentro de recintos que, en teoría, deberían neutralizar la influencia de los criminales.

Como consecuencia de esta situación, explica Soto, surgen estructuras de poder paralelas al Estado. Incluso recuerda que a finales de 2024, dos gendarmes del Complejo Penitenciario Biobío reportaron el hallazgo de un cadáver decapitado durante el conteo de reos.

Por su parte, Rubén Pérez Riquelme sostuvo que Gendarmería se ha puesto a disposición del Ministerio Público y que cualquier error será determinado por la justicia. La institución, añadió, ha iniciado un sumario interno para establecer si hubo faltas administrativas relacionadas con la liberación del interno.

Además, aclaró que Gendarmería cumplió con las resoluciones judiciales dictadas por el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, y que no le corresponde cuestionar los documentos emitidos por los tribunales. En este caso, prosiguió, acató una orden expresa de libertad tras verificar los documentos por los medios habituales.

Los delitos más frecuentes

Según Eduardo Labarca, experto en seguridad y prefecto (R) de la Policía de Investigaciones, los delitos más comunes dentro de las cárceles son las riñas —algunas con desenlaces fatales— y los delitos tecnológicos, a través del ingreso ilegal de teléfonos, chips y drogas por parte de terceros desde el exterior.

En cuanto a la violencia, Labarca comentó que en los años noventa las peleas eran comunes y generalmente motivadas por rivalidades entre bandas o individuos. Sin embargo, el nivel de violencia ha aumentado debido al hacinamiento, que —a diferencia de los estándares europeos— genera tensiones extremas. A esto se suma la presencia de delincuentes extranjeros, lo que, según él, ha llevado la violencia “a su máxima expresión”.

Labarca advierte que el gran desafío es evitar que las cárceles se conviertan en verdaderos cuarteles generales del crimen organizado. “El Tren de Aragua nació en una cárcel venezolana”, ejemplifica, y llama a aprender de otras experiencias internacionales, separando a los integrantes de bandas rivales y evitando su concentración en un mismo recinto.

Finalmente, Soto concluye que las organizaciones delictuales han ampliado su poder, no solo en los territorios y barrios, sino también al interior de los recintos penitenciarios. Las señales, advierte, son claras: se han incrementado las amenazas al personal de Gendarmería, el tráfico de drogas sigue activo, y las estructuras criminales mantienen su jerarquía operativa desde dentro de las cárceles.

Si bien el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, ha impulsado el Plan Nacional de Seguridad Penitenciaria contra el Crimen Organizado para reforzar el control en los recintos y prevenir eventos críticos, expertos coinciden en que se requieren medidas estructurales y sostenidas en el tiempo.