• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Un informe sobre Responsabilidad Penal Adolescente en Chile, elaborado a partir de registros administrativos del Ministerio Público entre 2015 y 2025, muestra que la delincuencia juvenil ha tenido una evolución irregular durante la última década. Los ingresos de adolescentes al sistema penal disminuyeron de manera sostenida entre 2015 y 2018, registraron un aumento en 2019 y experimentaron una fuerte caída durante los años de pandemia. Desde 2022, en tanto, se observa un incremento progresivo, aunque los niveles de 2025 todavía se mantienen por debajo de los registrados al comienzo del período.

El comportamiento también presenta diferencias territoriales. Mientras el volumen nacional aún no recupera los niveles de 2015, regiones como Biobío, La Araucanía y Maule presentan cifras superiores a las observadas al inicio de la serie.

Nicolás Martínez, investigador del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, plantea que las cifras no deben interpretarse como una tendencia permanente al alza. “Creo que lo primero es evitar una lectura demasiado lineal de estas cifras, no como un aumento constante, sino con una trayectoria más irregular, como lo indica el estudio de responsabilidad penal adolescente”, señala.

El investigador también advierte que los registros del Ministerio Público corresponden a ingresos administrativos y no equivalen directamente a la cantidad real de delitos cometidos, debido a que dependen de factores como las denuncias, la fiscalización y la capacidad de persecución del Estado.

Un fenómeno concentrado

Uno de los principales hallazgos del estudio es que la actividad delictiva adolescente no se distribuye de manera homogénea. La mayoría de quienes ingresan al sistema penal registra uno o pocos delitos durante el período, mientras un grupo reducido concentra una proporción importante de los hechos.

El 10% de los infractores concentra el 43% de los delitos y el 1% acumula el 12,5%. El informe también siguió durante once años a una cohorte de 30.590 jóvenes, identificando cinco trayectorias delictivas.

La mayoría presenta una actividad de baja intensidad y desistimiento temprano. En contraste, un grupo equivalente al 2,4% de la cohorte concentra el 13,4% de todos los delitos registrados y mantiene una actividad persistente.

Desde la Defensoría de la Niñez advierten que este fenómeno obliga a diferenciar las respuestas. “La gran mayoría de los adolescentes que entra en contacto con el sistema penal lo hace una sola vez o de manera muy limitada y luego desiste. De hecho, cerca de dos tercios registra un solo delito durante todo el período analizado”, señalan.

Por ello, plantean que no todos los adolescentes requieren la misma intervención y que se necesitan programas especializados para quienes presentan trayectorias reiteradas y delitos violentos.

Persistencia no significa necesariamente mayor gravedad

El informe establece además que los adolescentes con trayectorias más persistentes no se caracterizan principalmente por la participación en crimen organizado ni por delitos extremadamente violentos. Sus trayectorias están asociadas principalmente a la reiteración de delitos contra la propiedad, especialmente robos no violentos, como el robo por sorpresa y el robo en lugar habitado.
La violencia aparece vinculada a otro perfil, marcado por robos con intimidación, robos violentos y una mayor presencia de delitos relacionados con armas.

A esto se suma un cambio en los delitos cometidos conjuntamente por adolescentes y adultos. Estos casos representan aproximadamente una quinta parte del total y, durante los últimos años, han mostrado un desplazamiento desde los delitos contra la propiedad hacia delitos relacionados con drogas y armas.

El estudio plantea que esto puede reflejar una mayor vinculación de algunos adolescentes con estructuras criminales organizadas mediante la participación conjunta con adultos. Estos últimos, además, se concentran especialmente entre los 18 y 29 años.

Factores de riesgo y prevención

Según Martínez, la delincuencia juvenil tiene un carácter multifactorial. Entre los factores asociados a las trayectorias de mayor persistencia menciona la desvinculación escolar, la exposición a violencia, el consumo problemático de alcohol o drogas, las dificultades de salud mental, la precariedad económica, la ausencia de redes de apoyo y los entornos donde existe actividad delictiva.

El investigador enfatiza que estas condiciones no determinan que un adolescente vaya a delinquir y que el riesgo aumenta principalmente cuando existe una acumulación de desventajas.

Desde la Defensoría de la Niñez coinciden en que los registros no permiten establecer por sí solos las causas de la delincuencia adolescente. Entre los factores de riesgo identificados aparecen la exclusión escolar, la exposición a violencia, el consumo problemático de sustancias, las dificultades de salud mental, la precariedad económica y la falta de redes de apoyo.

La institución también advierte sobre la importancia de investigar la participación de adultos en delitos cometidos junto a adolescentes, especialmente cuando puede existir utilización o reclutamiento de menores para actividades criminales.

Los desafíos para el sistema

Pía Greene, directora ejecutiva de Fundación Amparo y Justicia, plantea que las dinámicas de violencia han evolucionado hacia estructuras de crimen organizado en las que los adolescentes pueden convertirse tanto en infractores como en víctimas. “Si los vemos desde los homicidios de niños y adolescentes reflejan un patrón que se repite, pero también una transformación preocupante en la forma delictual”, señala.

A su juicio, la respuesta requiere prevención, coordinación institucional, protocolos comunes de investigación, sistemas de información compartida, equipos especializados y capacitación permanente de quienes trabajan con niños, niñas y adolescentes.

La Defensoría de la Niñez también plantea fortalecer el sistema de reinserción juvenil, desarrollar programas especializados para casos de alta complejidad y mejorar la coordinación entre justicia, educación, salud, protección social y los organismos encargados de la reinserción.

El desafío, de acuerdo con la institución, es evitar respuestas uniformes y focalizar los recursos en las trayectorias que presentan mayor persistencia. Al mismo tiempo, sostiene que responsabilización y reinserción deben avanzar conjuntamente, con el objetivo de reducir la reincidencia y evitar que las conductas delictivas vuelvan a repetirse.