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Delitos por fraude en Chile: Las cifras registradas en el último año y las modalidades más utilizadas

Análisis a los números que maneja la PDI y la mirada experta ante el marco legislativo que rige este tipo de infracciones.

De acuerdo con la Policía de Investigaciones, en los primeros cinco meses del año, las denuncias hechas bajo la categoría “Estafas y otras defraudaciones contra particulares”, llegaron a 7.256. De este total, 4.207 fueron cometidas a través de canales digitales.

“Es fundamental la educación que deben y tienen que brindar tanto el Gobierno como los bancos e instituciones financieras, en pos de enseñar a los usuarios sobre los alcances y riesgos que existen al entregar información sensible. Por último y no menor, es menester modificar la ley N° 20.009, toda vez que ha mostrado falencias y errores garrafales que terminan afectando al usuario en vez de otorgarle la protección y seguridad deseada”, expresa José Francisco Gallego, abogado senior de FGN Abogados y experto en delitos por fraude.

¿Qué dicen las cifras?

De acuerdo con el último Informe de Resultados de Gestión Operativa de PDI, correspondiente al año 2021, los delitos económicos fueron de las categorías de casos investigados que más prevalecieron, registrando un total de 52.199 casos.

Ese mismo año, PDI registró en promedio, unas 50 denuncias diarias por el delito de estafa o fraude.

Según la Brigada de Delitos Económicos Metropolitana (Bridec), en marzo de este año la estimación de la cifra real de víctimas de estafas superaría los 18.104 casos denunciados ante las diferentes unidades de la PDI durante todo el 2021. Incluso, superando los 2.621 casos de denuncias registradas en los dos primeros meses de 2022.

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En julio, PDI informó que, según el balance cuatrimestral de la Bridec, estos delitos aumentaron a 7.256 sólo en los primeros cinco meses del presente año, de los cuales:

• 2.072 se localizaron en la Región Metropolitana
• 824 en la Región de Valparaíso
• 792 en la Región del Biobío
• 4.207 fueron cometidos a través de canales digitales (58% del total)

Con respecto al Estudio de Opinión Pública y Percepción Ciudadana de PDI (correspondiente a junio de 2021), el 74% de los delitos denunciados corresponde a robos, fraudes o estafas y asalto, de los cuales, un 14% corresponden a fraudes, estafas, usurpación de identidad y clonación de tarjetas.

El abogado, José Francisco Gallego asegura que, al primer semestre del 2022, ha existido un leve aumento en cuanto a la concreción de estos ilícitos, según los números que manejan en el estudio jurídico.

¿Qué tipos de fraudes o estafas son las más comunes en Chile?

Gallego señala que ha existido una variación importante en el tipo de delitos a realizar por los perpetradores de estos hechos, asegurando que no se remiten solamente a correos maliciosos, malware ingresados a computadores o dispositivos móviles y la modalidad de fraude telefónico, sino que se han hecho extensivos a la obtención de datos sensibles de clientes y de accesos a las cuentas bancarias de formas remotas. Según el experto, en las causas tramitadas del estudio, se ha observado un trabajo de meses por parte de los defraudadores.

En esa línea, el abogado explica que las modalidades preponderantes siguen siendo los fraudes telefónicos y los correos electrónicos maliciosos.

“Sobre las primeras hay que indicar que, durante el transcurso de los últimos tres años ha existido un crecimiento exponencial en el manejo de la información sensible bancaria por parte de los defraudadores, toda vez que los mismos conocen cierto tipo de antecedentes, como por ejemplo: números de cuentas corrientes, tarjetas de débito o coordenadas; que inducen al error de parte del usuario o cuentacorrentista”, explica Gallego.

De acuerdo con PDI, entre los modus operandi más tradicionales que se han observado, están:

• “El cuento del tío”
• “Pepito paga doble”
• Los “punteros”, que operan fuera de las casas de cambio, hasta las más modernas “estafas de WhatsApp”
• “Venta sin entrega”
• Hasta estafas piramidales como “La Retejida” o “Mandala de la Abundancia” siguen vigentes, aun cuando muchas de ellas son ampliamente conocidas por la comunidad.

A principios de noviembre, la Policía de Investigaciones advirtió sobre un nuevo método de estafa, llamado “Matanza de Cerdo” (Pig Butchering, en inglés). Es un modo de estafa realizada mediante redes sociales o plataformas online, donde el estafador busca construir una relación de confianza con la víctima para, posteriormente, hacerla caer en inversiones fraudulentas.

¿Qué dice la ley al respecto?

En mayo del 2020 se promulgó la Ley 21.234, que limita la responsabilidad de los titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude.

Verónica Rosenblut, docente de la Facultad de Derecho UC, y experta en fraudes, explica que esta normativa incorporó dos nuevas modificaciones a la Ley 20.009. Y señala que, gracias a estas modificaciones, ahora el usuario puede salvaguardar su responsabilidad respecto a aquellas operaciones que desconozca haber realizado, aun cuando hayan tenido lugar previo al aviso al emisor del medio de pago.

Ante esto, la académica explica que el procedimiento legislativo que se lleva a cabo cuando se presentan operaciones que no superan las 35 UF, contempla un plazo de cinco días de investigación donde, además, el emisor debe realizar la devolución del cargo monetario.

Con respecto a operaciones superiores a las 35 UF, la experta aclara que se establece un plazo superior para revisar los antecedentes, y si se confirma la transacción del usuario, el caso procede a ser judicializado ante Policía Local. En esta situación, Rosenblut señala que no ha sido muy efectivo el procedimiento.

“Lamentablemente, la modificación a la ley N° 20.009, por la ley N° 21.234, no se hace cargo de los diferentes tipos de fraudes puesto que es más general, y además, ha traído aparejado múltiples problemas al usuario o cuentacorrentista. Toda vez que, bajo esta normativa, los bancos e instituciones financieras, se encuentran en la obligación de demandar por la culpa -negligencia o descuido al momento de ser defraudado- o dolo –haber participado activamente en el fraude-, una vez depositadas las 35 Unidades de Fomento en la cuenta de la persona defraudada”, afirma José Francisco Gallego.

Además, Gallego explica que esta modificación ha generado una suerte de “impunidad” en contra de él o los autores materiales del fraude, toda vez que los bancos e instituciones financieras no persiguen a quien acometió este ilícito, “castigando” a la víctima de los hechos a través de la demanda que los afectará, nuevamente, en su patrimonio.

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