• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Durante las últimas semanas, se han reportado al menos diez incidentes de violencia escolar en distintas comunas del país. Uno de los casos más graves ocurrió en el Liceo Bicentenario de Isla de Maipo, donde tres menores fueron detenidos por delitos relacionados con porte de armas de fuego, drogas y amenazas. Aunque se trató de dos hechos distintos, ambos ocurrieron dentro del recinto escolar. El más reciente tuvo lugar en el Liceo Municipal Sara Troncoso, en la comuna de Alhué, donde un estudiante de 16 años fue apuñalado por un compañero.

Según el relato de la víctima, el ataque ocurrió al inicio de la jornada escolar, mientras se dirigía al casino del establecimiento. En ese momento, fue interceptado por el agresor, quien lo apuñaló en el costado derecho del cuerpo con un arma cortopunzante. El fiscal de Flagrancia Occidente, Eduardo Jeria, declaró a El Mercurio que “el menor fue detenido y será puesto a disposición del juez de garantía de Melipilla por el delito de homicidio frustrado en contra de otro adolescente, quien fue trasladado al Hospital de Melipilla, donde fue intervenido quirúrgicamente”.

Este incidente coincide con la discusión en la Cámara de Diputados sobre un proyecto de ley que busca modificar la Ley N.º 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente, con el fin de aumentar las penas a los infractores.

El aumento sostenido de la violencia escolar ha motivado el debate sobre la instalación de detectores de metales en los colegios como medida preventiva para evitar el ingreso de armas.

En este contexto, la Defensoría de la Niñez presentó recientemente sus observaciones ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. En el informe se destacó que las denuncias por problemas de convivencia escolar a nivel nacional crecieron un 25% entre el primer trimestre de 2024 y el de 2025, pasando de 1.189 a 1.487 casos. Según los datos entregados por la Defensoría, el maltrato entre estudiantes concentra la mayor parte de estas denuncias, con 387 casos en 2024 y 442 en 2025.
Imagen referencial

Además, la institución alertó sobre un incremento del 25,9% en los procedimientos policiales realizados por Carabineros en establecimientos educacionales entre 2019 y 2022. En ese mismo período, los delitos violentos y de alta connotación pública aumentaron un 14,9%, mientras que los delitos relacionados con el porte, hallazgo y uso de armas crecieron en un 173%.

Respecto al proyecto de ley que busca autorizar el uso de tecnologías para prevenir el ingreso de armas y otros elementos prohibidos en recintos educativos y de salud (Boletín N.º 17.424-25), la Defensoría enfatizó que “nunca se opondrá a una medida dirigida a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

Sin embargo, advirtieron que la evidencia disponible no es idónea, ya que no soluciona el problema central, que es la convivencia escolar, no ha demostrado ser efectiva según la evidencia comparada, y además, muchos de los hechos de violencia ocurren fuera de los establecimientos educacionales. También se señala que esta medida podría vulnerar derechos fundamentales.

Especialistas reaccionan

Ernesto Treviño, investigador del Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica, señala que el aumento de la violencia escolar responde tanto a una mayor frecuencia de hechos violentos como a un aumento en la disposición a denunciarlos.

Para él, la instalación de detectores de metales podría ser viable, aunque advierte sobre las dificultades operativas: “Su uso y mantenimiento son complejos. En países como México, por ejemplo, la falta de recursos impide mantener en funcionamiento los detectores. En Estados Unidos, su implementación va acompañada de presencia policial en los colegios, ya que de lo contrario es riesgoso para el personal escolar incautar armas por sí solos”, comenta.

Desde otra perspectiva, Teresa Pérez, socióloga y académica de la Universidad de Santiago de Chile, considera que se trata de una “medida extrema y contraproducente”. A su juicio, está pensada para dar tranquilidad a los adultos, pero no aborda las causas de fondo ni considera la percepción que tienen los estudiantes sobre el uso de este tipo de herramientas.

Pérez agrega que instalar detectores de metales “equivale a asumir un fracaso como sociedad: desde el ámbito familiar y las redes de apoyo cercanas a niños, niñas y adolescentes; y también en el plano escolar, donde los establecimientos deberían ser espacios de contención y, sobre todo, de aprendizaje emocional y resolución de conflictos. Es, además, un fracaso del Estado y de la sociedad como modeladores de las formas en que se abordan, se resuelven o se administran los conflictos”.

Desafíos para Chile y efectos de la violencia escolar

Respecto de los efectos que podría tener esta medida en la población estudiantil, Pérez advierte que “niños y jóvenes dejarán de confiar en los adultos y desconfiarán también de sus compañeros. Como segunda consecuencia, podrían empezar a introducir elementos peligrosos que no sean detectados por estos aparatos, y en última instancia, trasladar el conflicto fuera del establecimiento, muchas veces con niveles iguales o mayores de violencia”.

Treviño, por su parte, señala que la instalación de detectores de metales tiene, más que nada, un efecto disuasivo para los estudiantes. Sin embargo, sostiene que la evidencia muestra que estas medidas no generan una reducción significativa en la violencia ni en los episodios graves.