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¿Endurecimiento de las penas ante la delincuencia juvenil? La realidad en el país y las cifras

De enero a septiembre de 2024, en la Fiscalía Nacional ingresaron 25.073 delitos cometidos por menores de edad. Una cifra mayor al 2023.

Un adulto mayor de 80 años fue víctima de un asalto por parte de tres sujetos. Él se encontraba en la esquina de avenida Grecia con calle Jorge Monckeberg, en la comuna de Ñuñoa, alrededor de las 7:45 horas del domingo pasado y de acuerdo con su testimonio a las policías, fue intimidado con armas de fuego. Luego de las diligencias correspondientes, las autoridades lograron detener a uno de los involucrados. Era un menor de 16 años.

De acuerdo con el Boletín Estadístico de la Fiscalía Nacional, que comprende de enero a septiembre de 2024, a la institución han ingresado 25.073 delitos cometidos por menores de edad, esto comprende todas las regiones de Chile y los distintos tipos de delitos. Por ejemplo, en la categoría de “robos” hay 1.498 ingresos a la Fiscalía; y en “homicidios”, si bien la cifra disminuye, existen 111, lo que es un indicador elevado.

Ahora bien, en cuanto a los infractores menores de edad ingresados al Ministerio Público, entre enero y septiembre del año pasado, hay 28.900, que según el sistema se consideran como infractores todos los sujetos de tipo: denunciado, imputado, investigado, sospechoso o querellado.

Si se compara con el mismo documento, pero del 2023, en cuanto a los delitos ingresados a la institución, cifran 23.850, que si bien es un número elevado, para el 2024 fue mayor, y en el caso de homicidios, el indicador fue de 84 y en robos, llegó a 1.325.

Los factores

Diego Hernández, analista en seguridad y académico de la Universidad Andrés Bello, explica que esto es un fenómeno multifactorial y que su evolución va en contexto con la situación del país. Como primer factor, señala que el uso de droga y la disponibilidad de ella es fundamental para entender el fenómeno: “Ya hace un tiempo Chile dejó de ser un país de tránsito a ser un reconocido mercado ilícito de droga que tiene como destino final el país, ya que hay un grupo que consume”. Y esto, de acuerdo con el experto, es fundamental para entender la participación de jóvenes en delitos. Asimismo, señala como un punto clave, la disponibilidad de armas de fuego que están a disposición de los jóvenes delincuentes.

En tanto, Mauro Basaure, investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) y académico de Sociología de la Universidad Andrés Bello, señala que en este fenómeno, el crimen organizado tiene un rol importante en el “reclutamiento de soldados”, al mismo tiempo que el acceso a armas y drogas, la exclusión, desigualdad laboral y educativa. “Son jóvenes de población, que ven de manera atractiva y como un camino fácil optar por los mismos fines, como el reconocimiento, pero a través de otras vías distintas al estudio y trabajo”, declara.

Dos adolescentes fueron encontrados muertos con impactos de bala

Ahora bien, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, puntualiza que la comisión de delitos es un fenómeno complejo y multicausal, que requiere de una mirada especializada al tratarse de adolescentes, en este sentido, “existen trayectorias de vida de algunos adolescentes gravemente afectados de manera previa al inicio del comportamiento delictivo, por lo que desde un punto de vista preventivo debe atenderse, por ejemplo, a derechos fundamentales como crecer en un entorno libre de violencia, su derecho a educación, salud, desarrollo y otros derechos en etapas vitales de desarrollo”.

¿Endurecimiento de las penas?

La Ley N.º 20.084, sobre Responsabilidad Penal de Adolescentes, establece un régimen legal de excepción para menores de edad que cometen delitos, siendo sanciones distintas a las de los adultos, porque como han explicado distintos expertos, la ley no busca castigar al adolescente, sino reinsertarlo en la sociedad.

Sin embargo, en reiteradas oportunidades, el senador Pedro Araya (PPD), se ha referido al endurecimiento de las penas, señalando que debido a la situación actual del país, los jóvenes infractores entre 16 y 17 años debiesen ser tratados como adultos.

No obstante, Quesille señala que, como Defensoría de la Niñez, han advertido ante el Congreso que los esfuerzos del país debieran estar en medidas que sí cuentan con evidencia para la disminución de los delitos.

“La prevención del ingreso de niños, niñas y adolescentes en el comportamiento delictivo es clave, a través del fortalecimiento de los programas de la Subsecretaría de Prevención del Delito y en la reinserción social. En este último aspecto, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, indica que debe lograrse restaurar la reinserción de la persona en la sociedad y el desarrollo de la autonomía. En este sentido, hemos avanzado como país en el establecimiento de un nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, creado por la Ley 21.527, el cual se está implementando progresivamente”.

En tanto, Basaure señala que no necesariamente las políticas de “mano dura” tienen buenos resultados para disminuir la criminalidad juvenil, porque “encerrar a jóvenes con otros delincuentes refuerza un poco la reincidencia, al encerrarlos, solo los llevas a donde aprenden más”.

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