• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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La creciente preocupación por los episodios de violencia al interior de los establecimientos educacionales impulsó la aprobación del proyecto Escuelas Protegidas, una iniciativa que busca entregar nuevas herramientas a las comunidades escolares para prevenir situaciones de riesgo y fortalecer la seguridad en los recintos educacionales. La propuesta fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados y se transformará en ley una vez que complete su revisión en el Tribunal Constitucional.

La medida surge en un contexto marcado por un aumento sostenido de conflictos de convivencia escolar, agresiones a docentes y funcionarios. Sus impulsores sostienen que la normativa permitirá actuar de manera preventiva frente a amenazas que puedan poner en peligro la integridad de estudiantes, profesores y asistentes de la educación. Sin embargo, la iniciativa también ha generado cuestionamientos respecto de sus efectos sobre los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes.

Entre las principales disposiciones de la nueva ley se establece que los sostenedores podrán incorporar en los reglamentos internos la revisión de mochilas, bolsos y otros efectos personales de los estudiantes, excluyendo expresamente las vestimentas. El objetivo es impedir el ingreso, uso, porte o posesión de elementos que puedan ser utilizados para agredir a otras personas o causar daños a la infraestructura de los establecimientos.

La normativa señala que estas revisiones deberán realizarse en lugares especialmente habilitados, evitando cualquier forma de contacto físico o exposición innecesaria de los involucrados. Asimismo, queda prohibido exigir que un estudiante se desnude o someterlo a revisiones corporales.

El proyecto también faculta al personal escolar para solicitar que un estudiante muestre o vacíe el contenido de sus bolsillos cuando existan antecedentes que justifiquen la medida. Si durante el procedimiento se detectan elementos considerados potencialmente peligrosos, el establecimiento deberá informar de inmediato a los padres o apoderados y dar aviso a Carabineros o a la Policía de Investigaciones.

En caso de que el estudiante se niegue a la revisión, el colegio deberá citar a sus padres o apoderados para que participen del procedimiento. Mientras ello ocurre, el alumno permanecerá resguardado en un espacio distinto de la sala de clases. Si la negativa persiste, se contemplan distintas acciones que pueden incluir la intervención de organismos policiales y de protección de la niñez.

La ley también establece que funcionarios de Carabineros o de la PDI podrán concurrir a los establecimientos, sin orden previa del fiscal, cuando exista algún indicio de que un estudiante ha cometido o intentado cometer un crimen o simple delito. Asimismo, los reglamentos internos podrán restringir el uso de prendas o accesorios que impidan la identificación facial, aunque se consideran excepciones por motivos de salud, necesidades sensoriales, prácticas religiosas, identidad de género o condiciones climáticas.

Antecedentes

La aprobación de Escuelas Protegidas ocurre en medio de cifras que reflejan una creciente preocupación por la convivencia escolar en el país. De acuerdo con la Superintendencia de Educación, durante 2025 se registraron 124 denuncias por agresiones de estudiantes contra docentes. El dato representa un aumento de 34,78% respecto de 2024. A ello se suman 122 denuncias por agresiones de apoderados contra funcionarios de establecimientos educacionales, además de conflictos cada vez más frecuentes entre integrantes del propio personal educativo.

Uno de los principales debates generados por la iniciativa tiene relación con la compatibilidad entre las medidas de seguridad y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Juan Pablo Catalán, académico e investigador de Educación de la Universidad Andrés Bello, explica que la normativa entrega facultades concretas para actuar frente a situaciones de riesgo, pero advierte que su alcance trasciende la revisión de mochilas.

“La ley Escuelas Protegidas entrega a los establecimientos educacionales la facultad de revisar mochilas y solicitar que estudiantes exhiban o vacíen el contenido de sus bolsillos cuando existan indicios fundados de riesgo para la seguridad de la comunidad escolar. La normativa establece resguardos específicos, como la realización del procedimiento en un espacio privado, la presencia de dos adultos y el registro formal de la actuación”, señala.

Sin embargo, el académico agrega que el debate de fondo es más profundo. “Que una escuela necesite estas herramientas habla de una sociedad donde la violencia ha comenzado a ingresar a espacios que históricamente fueron concebidos para aprender, convivir y construir ciudadanía. La escuela no nació para sospechar de sus estudiantes, sino para educarlos. Por ello, esta ley debe entenderse como una medida excepcional de protección y no como una redefinición de la función educativa de los establecimientos”, afirma.

Respecto de los derechos de los estudiantes, Catalán sostiene que la seguridad y las garantías fundamentales no son conceptos incompatibles. A su juicio, el desafío consiste en encontrar mecanismos que permitan proteger a la comunidad educativa sin afectar la dignidad, privacidad e integridad de los alumnos.

Una visión similar plantea Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. El académico señala que los establecimientos tienen el deber de proteger a estudiantes y funcionarios, pero deben hacerlo respetando principios fundamentales. “Por ello, las revisiones contempladas por la ley deben realizarse solo cuando existan antecedentes que las justifiquen, en espacios privados, con supervisión de adultos y dejando registro del procedimiento. La clave es que la medida sea excepcional y no se transforme en una práctica común”, explica.

Riesgos y desafíos de implementación

Aunque la ley incorpora diversos resguardos, especialistas advierten que gran parte de su éxito dependerá de cómo sea implementada en los establecimientos educacionales. Catalán señala que toda facultad extraordinaria implica riesgos si no existen criterios claros para su aplicación. Por ello, considera fundamental que los equipos educativos reciban formación adecuada y cuenten con protocolos definidos para evitar situaciones de discriminación, estigmatización o abuso.

En la misma línea, Bravo sostiene que la normativa puede transformarse en una herramienta útil siempre que exista capacitación y supervisión permanente. Según explica, diversos expertos valoran que la ley entregue herramientas que antes no existían para enfrentar situaciones de riesgo grave, especialmente frente al aumento de hechos violentos. Sin embargo, advierte que una aplicación deficiente podría generar desconfianza entre los estudiantes y afectar negativamente el clima escolar.