• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Chile enfrenta de manera recurrente terremotos, tsunamis, inundaciones, remociones en masa e incendios forestales, entre otras amenazas naturales y antrópicas. Esta exposición obliga al país a mantener sistemas permanentes de monitoreo, preparación y respuesta, pero también plantea una pregunta frente a escenarios cada vez más complejos: ¿Está realmente preparado para enfrentar un desastre de gran magnitud?

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) sostienen que Chile ha desarrollado importantes capacidades durante las últimas décadas. Felipe Riquelme, subdirector de Reducción del Riesgo de Desastres de Senapred, explica que el país está expuesto a múltiples amenazas a lo largo de su territorio y que la preparación constituye una tarea constante para las autoridades y organismos que integran el sistema de prevención y respuesta.

Como parte de este trabajo, durante enero comenzó anticipadamente la preparación para el invierno, con la participación de municipios comprendidos entre Antofagasta y Magallanes y la Antártica Chilena. En ese proceso fueron identificados 15.552 puntos críticos, donde se concentran acciones de preparación y respuesta, detalla Riquelme.

Agrega que el trabajo también se extiende a la temporada de incendios forestales. A comienzos de julio comenzó la preparación para el verano, periodo de mayor ocurrencia de estos eventos, mediante la coordinación entre sistemas regionales y comunales, organismos técnicos y comunidades organizadas.

Imagen referencial

Riquelme destaca que Chile ha fortalecido durante décadas sus capacidades de preparación, tanto mediante coordinación institucional como a través de mejoras estructurales y de infraestructura crítica. Entre los avances menciona la existencia de una de las mejores normas de construcción sismorresistente del mundo y sistemas modernos de monitoreo de sismos y volcanes. Sin embargo, reconoce que todavía existe camino por avanzar, especialmente frente a amenazas hidrometeorológicas, cuyos escenarios pueden presentar una mayor extensión y severidad.

El costo de los desastres

La respuesta a las emergencias representa también un importante esfuerzo para las arcas fiscales. El Estado participa en la rehabilitación de las condiciones de vida de las personas afectadas y posteriormente en los procesos de reconstrucción.

De acuerdo con Riquelme, el terremoto de 2010 tuvo un costo estimado para el Estado de entre 17% y 18% del PIB. Otros eventos de gran impacto, como el terremoto de Illapel de 2015 y los incendios de 2017, 2024 y 2025, han representado costos para el Estado de entre 0,1% y 0,3% del PIB.

Para Pablo Salucci, experto en emergencias y académico de Administración en Ecoturismo de la Universidad San Sebastián, Chile cuenta con una experiencia importante en gestión del riesgo, pero todavía “está lejos de poder considerarse plenamente preparado para enfrentar desastres de gran magnitud”.

El académico sostiene que el principal desafío no está únicamente en la capacidad de responder cuando ocurre una emergencia, sino en cuánto se ha avanzado en reducir el riesgo antes de que el desastre ocurra. En ese ámbito, identifica una brecha importante.

Según Salucci, todavía existen territorios con una alta exposición de población e infraestructura a amenazas conocidas, como viviendas ubicadas en zonas susceptibles a inundaciones o remociones en masa, asentamientos cercanos a áreas de interfaz urbano-rural expuestas a incendios forestales e infraestructura crítica localizada en territorios vulnerables.

A esto se suma el cambio climático, que está modificando las condiciones en las que se gestionan estos riesgos. Para el experto, fenómenos conocidos pueden presentar una mayor intensidad, frecuencia o extensión y también interactuar entre sí.

Prevención e infraestructura

Una de las principales brechas identificadas por Salucci está en pasar desde una lógica principalmente reactiva hacia una estrategia preventiva. Aunque el país ha avanzado en monitoreo, respuesta y coordinación, todavía existen desafíos relacionados con planificación territorial, infraestructura resiliente y reducción de la exposición de la población.

El académico plantea que parte de las inversiones históricas fueron diseñadas considerando condiciones climáticas y escenarios de riesgo que están cambiando. Por ello, el cambio climático obliga a revisar los criterios utilizados para planificar carreteras, puentes, sistemas de drenaje e infraestructura crítica.

La planificación territorial también aparece como un punto pendiente. Salucci señala que los planes reguladores tienen un papel relevante, pero algunos se encuentran desactualizados o no existen.

A esto agrega la necesidad de incorporar mayor tecnología. “Aún no tenemos todos los radares meteorológicos que se requiere para monitorear los eventos que estamos observando, en ese sentido estamos a ciegas frente a fenómenos como tornados o los núcleos fríos”, sostiene.

El desafío de los incendios forestales

Para la próxima temporada de incendios forestales, Riquelme anticipa un escenario complejo. Según explica, el fenómeno de El Niño, actualmente vigente, podría extender las lluvias hacia la primavera, aumentando la vegetación disponible durante el verano. A ello se suman las altas temperaturas y la baja humedad características de los meses entre diciembre y marzo.

“Estas condiciones, combinadas con la geografía del país, incrementan el riesgo y dificultan la distribución de recursos para el ataque temprano de los incendios”, menciona el experto.

Riquelme advierte que la respuesta no depende exclusivamente de contar con más recursos para combatir el fuego, sino también de la prevención y de la participación de las comunidades. En ese sentido, plantea la necesidad de mantener los entornos despejados de vegetación, evitar la proliferación de malezas y establecer zonas de protección alrededor de las viviendas.

Salucci agrega que la interfaz urbano-rural representa uno de los principales desafíos, debido al crecimiento de las ciudades hacia zonas con vegetación y la expansión de viviendas en territorios expuestos. Frente a estos escenarios, plantea que la prevención requiere planificación territorial, manejo de vegetación, vías de evacuación adecuadas, infraestructura de protección y comunidades preparadas.

Finalmente, Salucci plantea que Chile debe avanzar hacia una gestión del riesgo basada en la anticipación y no únicamente en la respuesta posterior. Esto implica fortalecer la coordinación entre organismos públicos, gobiernos locales, universidades, sector privado y comunidades, además de utilizar la información científica disponible para determinar dónde se concentran los mayores niveles de exposición y vulnerabilidad.