• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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A fines del año 2023, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, fue la primera autoridad en declarar de emergencia comunal debido a la delincuencia que azotaba su territorio. A la medida se sumaron el entonces alcalde de La Florida, Rodolfo Carter; y Eliecer Chamorro, edil de Calama. Luego de un año y varios meses, Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, decretó estado de emergencia comunal a raíz de la balacera en el sector de Ramón Cruz con Eduardo Castillo Velasco, que dejó a un carabinero herido.

“Estamos viviendo una tragedia de seguridad en el país, con una escalada de delitos cada vez más violentos (…) y por lo mismo los hemos convocado para tener una conversación sobre cómo le pedimos al Gobierno y al Congreso, no solo que tome conciencia de esta crisis, sino que acelere el ritmo. Los delincuentes corren rápido, se arman rápido y nosotros andamos lentos en materia de regulación”, mencionó Sichel.

El edil señaló que la situación que vive el país es una “epidemia de delincuencia” y que se necesitan medidas importantes para contribuir en materia de seguridad. Por ello, decretó el estado de emergencia comunal, lo que permitiría tomar decisiones rápidas en el tema, por ejemplo, la compra de equipamientos, el refuerzo de patrullas y otras iniciativas dentro de las atribuciones municipales.

No obstante, esta medida es diferente a la que puede implementar el Gobierno en situaciones de catástrofe o de emergencia, ya que no otorga facultades extraordinarias ni la intervención de las fuerzas militares. Por tanto, Sichel solicitó al Congreso mayores atribuciones para los municipios a fin de contribuir en materia de seguridad y visibilizar la gravedad del asunto.

Los antecedentes

La medida fue anunciada luego de una balacera ocurrida en el sector de Ramón Cruz con Eduardo Castillo Velasco, tras una violenta encerrona en la que intervino un funcionario de Carabineros que terminó en riesgo vital.

Estos hechos se repiten a lo largo del país, aunque en distintas circunstancias. Solo la semana pasada, La Granja, San Bernardo y Recoleta fueron escenarios de homicidios que, a pesar de ser casos aislados, abordan la misma problemática.

Según el reporte anual de Carabineros, en 2024 hubo 1.152 víctimas de homicidios. Si se comparan con las cifras de 2023, existe una reducción del 0,35 %.

En otras cifras, de acuerdo con InSight Crime, una fundación que estudia e investiga las amenazas para la seguridad nacional y la ciudadanía en América Latina y el Caribe, Chile cerró 2024 con una tasa de homicidios de 5,5 frente a 6,3 en 2023, que, si bien ha disminuido, continúa siendo alta para el país.

Entre las zonas más afectadas de la Región Metropolitana se encuentra la zona sur. De acuerdo con las cifras del Boletín Estadístico de la Fiscalía Nacional, en 2024 se registraron mayores índices de homicidios frustrados y consumados en la zona sur de la capital. El Bosque, La Cisterna, La Granja, La Pintana, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, Puente Alto, San Joaquín, San Miguel, San Ramón, Pirque y San José de Maipo comprenden ese sector y registraron un total de 862 víctimas de homicidios en el último año, lo que significa un 35 % más que en 2023 y un 57 % más en comparación con 2022.

Efectividad de la normativa

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, calificó la medida de Sichel como un “anuncio de carácter comunicacional, no político, pero sin fundamento en nuestro ordenamiento jurídico”.

Ahora bien, ¿cómo funcionó la medida en 2023? Consultado por Emol, José Manuel Palacios, alcalde de La Reina, comentó que “el decreto nos permitió agilizar procesos internos y administrativos, evitando la burocracia. Por ejemplo, nos permitió la contratación más eficiente de implementos para la seguridad de los inspectores municipales, tales como chalecos antibalas, cascos antibalísticos y el arriendo de vehículos para patrullas comunales. Además, facilitó la instalación de cámaras de seguridad en lugares donde los vecinos han sido víctimas de delincuencia”.

Bajo la perspectiva de Mauro Basaure, profesor titular de Sociología de la Universidad Andrés Bello e investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), “la declaración de un ‘estado de emergencia comunal’ por parte de alcaldes, incluida la reciente medida tomada en Ñuñoa, no posee un sustento legal que genere facultades extraordinarias ni ha demostrado, hasta ahora, un impacto real y medible en la disminución de la delincuencia”.

“Se trata principalmente de una acción de carácter político y mediático: sirve para visibilizar el problema e incrementar la presión sobre el Gobierno, pero no conlleva cambios sustanciales en la persecución del delito ni en la labor de Carabineros o la Policía de Investigaciones”, menciona.

En cuanto a su eficacia, Basaure comenta que puede radicar principalmente en la posibilidad de que el municipio reordene presupuestos y presione a las autoridades competentes para incrementar operativos policiales, “más que en un efecto inmediato y demostrable de reducción del crimen”.

A juicio del experto, esto significa que las acciones que se implementan durante este estado de emergencia comunal podrían, en principio, llevarse a cabo sin necesidad de recurrir a esta figura, como la reorganización de presupuestos municipales o el refuerzo de patrullajes. Sin embargo, aclara que “no hay evidencia empírica hasta ahora de que estas medidas produzcan una reducción concreta y sostenible en las tasas de criminalidad, por lo que es imposible hablar de su efecto real en la seguridad ciudadana”.

En la misma línea, Jorge Araya, académico de la Universidad de Santiago de Chile, experto en seguridad pública y exjefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, comenta que la medida de Sichel busca “dar una señal de un municipio activo y decidido que enfrenta un problema, pero en términos estrictos no tiene mayor respaldo legal. Las emergencias comunales están pensadas para desastres naturales o de otro tipo. No es una medida que tendrá efectos reales sobre la seguridad”, advierte.