• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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El delito de estafa, particularmente aquel asociado al uso malicioso de tarjetas de crédito y medios de pago electrónicos, experimentó un crecimiento sin precedentes en Chile durante el último año. De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio Público consignadas por El Mercurio, las investigaciones por este ilícito se triplicaron en solo doce meses, pasando de 98.336 causas en 2024 a 304.769 en 2025. El aumento no solo da cuenta de una mayor incidencia del delito, sino también de un cambio profundo en su forma de comisión, cada vez más vinculada a plataformas digitales, tecnologías de comunicación masiva y redes criminales organizadas. Las autoridades explican que este fenómeno está estrechamente relacionado con la masificación del comercio electrónico y de los servicios financieros digitales.

Para Cristian Lobos, oficial en retiro de la Policía de Investigaciones y experto en delitos económicos, el alza registrada no puede entenderse como una fluctuación estadística aislada. A su juicio, se trata de la manifestación visible de una transformación estructural del fenómeno criminal. “La estafa clásica, presencial y focalizada, ha dado paso a un fraude digital masivo, de alta escala, con bajo costo operativo para el delincuente y una exposición mínima al riesgo penal”, sostiene.

Lobos explica que hoy el eje del delito ya no está en el contacto directo con la víctima, sino en la manipulación psicológica a distancia mediante tecnologías de comunicación. Modalidades como el phishing —suplantación a través de correos electrónicos o sitios web falsos—, los engaños telefónicos basados en ingeniería social, los fraudes por mensajes SMS, la clonación digital de identidad y la interceptación de credenciales bancarias se han vuelto cada vez más frecuentes. En muchos casos, basta que una o dos víctimas caigan en el engaño para que la operación resulte altamente rentable.

Desde una perspectiva criminológica, el especialista identifica tres factores que explican este incremento sostenido. El primero es el aumento exponencial de personas conectadas digitalmente, lo que amplía el universo de víctimas potenciales. El segundo es el bajo costo y riesgo operativo para los autores, que pueden actuar desde cualquier lugar del país o incluso desde el extranjero. El tercero es la alta rentabilidad del delito, que convierte al fraude con tarjetas en una ecuación particularmente atractiva para organizaciones criminales.

Uno de los cambios más relevantes, advierte Lobos, es la fragmentación funcional del delito. A diferencia del pasado, la estafa ya no es ejecutada por un solo individuo, sino por estructuras organizadas donde existen roles diferenciados: Captadores de datos, validadores de información, ejecutores de transferencias, receptores y dispersores de fondos, e incluso reclutadores de cuentas bancarias utilizadas para recibir el dinero defraudado. Esta división del trabajo dificulta la imputación penal y complejiza el trabajo investigativo, especialmente cuando se trata de determinar el grado de conocimiento o dolo de quienes participan en eslabones periféricos.

La abogada Micaela Méndez, del estudio Bustosgomez.cl, coincide en que la tecnología y la falta de presencialidad han generado un escenario propicio para este tipo de delitos. Según explica, la contratación remota de productos financieros, la reducción del contacto con ejecutivos bancarios y la confianza excesiva en gestiones telefónicas o digitales han aumentado el uso malicioso de tarjetas. A ello se suma el avance de herramientas como la inteligencia artificial, que permite la clonación de voces y la recopilación masiva de información disponible en internet, facilitando engaños cada vez más verosímiles.

Méndez sostiene que existe una brecha evidente entre la sofisticación de las estafas y la capacidad investigativa del sistema. Explica que la tecnología evoluciona a una velocidad muy superior a la de las instituciones encargadas de perseguir estos delitos, y cuando se logra identificar un modus operandi y se generan protocolos de respuesta, muchas veces los delincuentes ya han mutado hacia nuevas formas de engaño.

En esa línea, Pedro Huichalaf, abogado especialista en ciberseguridad y nuevas tecnologías, plantea que el aumento de las estafas digitales responde también a condiciones estructurales del mercado chileno, como la alta tasa de conectividad y el uso extendido de tarjetas de crédito y débito. “Chile se vuelve un mercado interesante para este tipo de delitos, porque gran parte de las transacciones se realizan de manera digital, con dinero desmaterializado”, explica.

Huichalaf añade que las dificultades investigativas no se deben únicamente a falta de voluntad o recursos, sino a la especialización creciente de los delincuentes, que buscan dejar la menor cantidad posible de huellas digitales. El académico explica que en muchos casos, los fraudes se originan fuera del territorio nacional, lo que obliga a recurrir a mecanismos de cooperación internacional, solicitudes judiciales complejas y levantamiento de información alojada en plataformas tecnológicas extranjeras.

Otro factor clave en la expansión del fenómeno es la educación financiera. Huichalaf explica que el desconocimiento sobre el funcionamiento del sistema financiero y legal deja a amplios sectores de la población en una posición de vulnerabilidad. La falta de nociones básicas sobre contratos, validaciones, medios de pago y resguardos mínimos facilita que las personas entreguen información sensible, realicen transferencias o confíen en ofertas fraudulentas, detalla.