• Marco Zecchetto Rocco, equipo de Facts
• |
• Ver más de facts

Un propietario puso en arriendo su casa en una conocida aplicación de compra y arriendos por internet. Pasaron sólo unos minutos y recibió el primer llamado. Un individuo aseguraba ser ejecutivo de la plataforma y le solicitaba datos (que ya estaban publicados en la página), para luego indicarle que le enviaría un mensaje de texto con unos códigos que el usuario debía compartir.

En el mensaje, la propia compañía telefónica advertía que no se deben compartir esos datos, -la plataforma también tiene un destacado banner con similar advertencia- pero el supuesto ejecutivo insistía. El arrendador reaccionó a tiempo y reconoció la estafa, que permite apoderarse de los datos del teléfono, para luego pedir dinero a los contactos y suplantar al titular del teléfono.

Cortó el teléfono y la contraparte no insistió. Luego, en un lapso de dos semanas, recibió cuatro llamados en total, con diferentes técnicas de engaño, en que los delincuentes se hacían pasar por interesados en el arriendo, para derivar siempre en la solicitud de que les compartieran los códigos.

El caso de este propietario, que prefiere no dar a conocer su nombre, se repite cientos de veces cada día, con distintas variantes, y apunta a estafar a través del uso de internet, un problema al alza en el que las personas siguen siendo engañadas. De acuerdo con las cifras del Centro Nacional de Análisis Criminal (Cenacrim) de la Policía de Investigaciones (PDI), durante los primeros meses del 2022 se registró a nivel nacional un total de 5.537 denuncias por los delitos de estafa y otras defraudaciones, mientras que, durante el mismo periodo, pero del 2023, se cifraron en 8.758 (un 58,1% más).

Los delitos de estafa y otras defraudaciones que fueron contabilizados en esta oportunidad por la institución son aquellos cometidos a través de internet.

En el mismo rango de fechas, en la Región Metropolitana (período 2022) hubo 1.493 denuncias, mientras que en 2023 se registraron 2.556. En dicha región, en abril del año pasado se contabilizaron 399, mientras que en el mismo mes del presente año la cifra aumentó a 1.040 denuncias.

Según PDI, las estafas que lideran en número son:

• Aquellas cometidas a través de Redes Sociales
• Mensajería instantánea
• Otros sitios web

“El modus operandi que más destaca tiene que ver con el uso de redes sociales para defraudar a las víctimas. Esto tiene que ver con que, en Facebook, a través de Marketplace, se pueden realizar compras y ventas, y existen muchas ventas sin entrega. También en Instagram, donde falsos usuarios ponen a la venta ciertos productos los que, en definitiva, una vez que son pagados nunca son entregados. Así que esa es una de las principales técnicas que ocupan actualmente los delincuentes económicos para defraudar a la gente a través de medios digitales”, informa el subcomisario Rodolfo Jiménez, de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana de PDI.

Según precisa Jiménez, el aumento o la disminución del delito de estafa no tiene una explicación cíclica, argumentando que es un tipo de delito bastante complejo. Y señala que las estafas comprenden una serie de situaciones que van desde “el cuento del tío” hasta el phishing (obtención de datos privados mediante el engaño).

“La explicación cíclica de la comisión del delito no tiene que ver con un periodo determinado, sino que más bien con el alza de nuevos fenómenos criminales, como lo fue, por ejemplo, el periodo estival con los falsos arriendos de verano o el CyberDay, en que también se cometen delitos asociados a este día comercial”, expresa el subcomisario.

Lo que establece la ley y formas de prevención

José Francisco Gallegos, abogado senior de FGN Abogados y experto en delitos por fraude, explica que el marco normativo se encuentra en la Ley Nº 20.009, modificada por la Ley Nº 21.234 y la Ley Nº 21.459 sobre delitos informáticos, más los delitos conexos de fraude consagrados en el Código Penal.

En esa línea, el experto detalla que las primeras normas mencionadas apuntan a la limitación de responsabilidad de los cuentacorrentistas y usuarios de productos bancarios, la que consagra tipos especiales sobre los fraudes, ya sean telefónicos o por internet, y la segunda es la ley de delitos informáticos, que busca sancionar los accesos ilícitos o ataques a datos y sistemas informáticos.

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 20.009 -que establece un régimen de limitación de responsabilidad para titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude-: “Las conductas que (…) constituyen delito de uso fraudulento de tarjetas de pago y transacciones electrónicas se sancionarán con la pena de presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años) a máximo (tres años y un día a 5 años) y multa correspondiente al triple del monto defraudado”.

“Lamentablemente existe una persecución muy baja de estos delitos y esto tiene directa relación con la Ley Nº 20.009 que confirió facultades a los Juzgados de Policía Local para conocer de estas materias cuando el banco demanda la restitución de las 35 UF o, en su defecto, por las acciones de Ley del Consumidor. En este orden de ideas, ni la víctima ni los bancos hacen una persecución mayor de estos ilícitos, quedando el impulso de la persecución frustrado por parte del Ministerio Público, ante la falta de denuncia por parte de los agraviados”, afirma Gallegos.

A modo de prevención, el subcomisario Jiménez recomienda que, ante un producto que esté muy por debajo del precio del mercado, es una señal de alerta para realizar esa operación comercial con más cautela y con mayor prudencia. También, indica que, si un perfil de Instagram o usuario de Marketplace no tiene un historial o hay comentarios negativos respecto a él, es mejor abstenerse a realizar esa compra, a modo de evitar un mal rato.

“Es importante hacer un llamado a la comunidad, ya que, si fue víctima de un delito de estafa, realice la denuncia, porque es la única manera que la policía tiene para recabar mayores antecedentes, identificar delincuentes prolíficos, las bandas criminales que están detrás de estos delitos y poner esos antecedentes a disposición del Ministerio Público”, enfatiza Jiménez.

José Francisco Gallegos prevé, en torno a las proyecciones realizadas por FGN Abogados, que los delitos aumentarán a través de la vía telefónica, disminuyendo por los sitios web, y recalca la importancia de evitar cualquier tipo de llamado o contacto por internet relacionado a los productos bancarios del cuentacorrentista.