• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Durante la madrugada del jueves, el subprefecto de la Brigada de Homicidios (BH) de Concepción, Enrique Guzmán, confirmó el hallazgo de un hombre con un impacto de bala en la vía pública, cerca de la avenida Andalién. Este caso se suma a una preocupante seguidilla de homicidios registrada en los últimos 12 días en la Región del Biobío: nueve muertes vinculadas al uso de armas de fuego y balaceras, en un contexto de expansión del crimen organizado hacia nuevas zonas del país.

Esta situación refleja la profundidad del problema y los desafíos que impone en materia de seguridad. La alcaldesa de Concepción, Sintia Leyton, señaló a El Mercurio que los hechos conmocionan a la comunidad, y expresó su inquietud ante la posibilidad de que la cifra de homicidios en 2025 iguale la del año anterior (112 casos), cuando aún queda medio año por delante.

La evolución de este tipo de delitos ha encendido las alarmas. Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, advierte que lo ocurrido en Biobío representa una tendencia creciente de expansión y sofisticación de las redes criminales. En su opinión, la criminalidad actual opera mediante estructuras transnacionales que controlan territorios, diversifican mercados ilícitos y se apoyan en tecnologías avanzadas, lo que obliga al Estado a adaptarse a una realidad más compleja y dinámica.

Entre los factores que han facilitado esta expansión, Toledo identifica la inserción de Chile en circuitos globales del crimen organizado, lo que ha traído consigo nuevas formas y estructuras delictivas. También apunta a debilidades institucionales detectadas por la Contraloría General de la República y a la escasa coordinación entre organismos del Estado, elementos que han favorecido la impunidad y el control territorial por parte de estas organizaciones.

Asimismo, subraya que los mercados ilícitos altamente rentables—como el tráfico de drogas, armas y la extorsión—han alimentado una competencia violenta entre bandas, elevando los índices de homicidios.

Desde la Universidad de Santiago de Chile, la académica e investigadora Valeska Troncoso plantea que el fenómeno no es esporádico ni aleatorio, sino parte de una estrategia territorial de las organizaciones criminales. Estas buscan establecer presencia local, desplazando la violencia desde las zonas metropolitanas hacia regiones como Biobío. La investigadora aclara que no se trata de una única estructura criminal, sino de una proliferación de grupos más fragmentados que luchan por el control.

Por su parte, Rodrigo Guerra, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, sostiene que no hay una sola causa para explicar la delincuencia actual. Entre los factores posibles, menciona la falta de control fronterizo y el ingreso de personas con antecedentes penales, así como una creciente tolerancia social hacia la violencia. Además, advierte sobre una cultura de la indiferencia, en la que no existen mecanismos efectivos de control ni de represión, lo que impide desarticular las asociaciones delictivas aun en fases preliminares.

Guerra también rechaza las explicaciones que atribuyen estos fenómenos únicamente a la falta de oportunidades o educación, y enfatiza que ciertos tipos de criminalidad, especialmente los ligados al crimen organizado, no pueden entenderse solo desde la exclusión social. A su juicio, se trata de individuos que operan fuera de todo marco normativo y cuyas acciones requieren una mirada más profunda y compleja.

Las proyecciones

Para Guerra, el gran desafío es implementar una política de tolerancia cero que permita recuperar espacios urbanos dominados por el narcotráfico, “esto debe ir acompañado de un enfoque educativo que entregue sentido de pertenencia y propósito a las nuevas generaciones”. Además, advierte que “reducir la delincuencia únicamente a factores sociales es una visión simplista, ya que se trata de una problemática multifactorial que exige respuestas más robustas frente al aumento de delitos como el homicidio”.

Desde la visión de Toledo, “las perspectivas para los próximos meses no son optimistas si no se produce un cambio en los enfoques tradicionales”. Señala que el crimen organizado probablemente continuará consolidando su presencia, diversificando sus actividades y adoptando modelos más violentos, como los que se han observado en otros países de América Latina. No obstante, ve en el nuevo ciclo político una oportunidad para replantear las estrategias y aplicar soluciones más eficaces e innovadoras.

Desafíos para la próxima administración estatal

Respecto a lo que viene, Toledo plantea que es urgente superar la visión meramente represiva. Basado en la experiencia internacional, argumenta que el endurecimiento de leyes y la inversión en equipamiento no son suficientes si no van de la mano con políticas integrales. Sugiere avanzar en el uso de inteligencia de datos y en alianzas público-privadas, además de enfocarse en la persecución financiera de las organizaciones criminales; un ámbito que, a su juicio, no ha sido suficientemente abordado en Chile.

El investigador también considera crucial fortalecer la cooperación internacional, especialmente en el rastreo de activos ilícitos, y fomentar la participación de la sociedad civil en tareas de prevención y denuncia. En su visión, la nueva administración debería apostar por una gobernanza inteligente que integre inteligencia artificial, análisis de big data, especialización de tribunales en criminalidad organizada y coordinación entre entidades estatales. Este nuevo enfoque permitiría anticipar y neutralizar amenazas antes de que se consoliden.

A su juicio, este giro estratégico—que trasciende la clásica división entre represión y prevención—podría marcar un hito en la lucha contra el crimen organizado en Chile, brindando soluciones más efectivas y sostenibles frente a una amenaza que ya se ha instalado con fuerza en el país.