• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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La semana pasada llegaron a Chile cinco venezolanos desde Estados Unidos vinculados a la organización criminal Tren de Aragua, con el fin de enfrentar a la justicia chilena. Esto ocurrió luego de que fueran investigados por distintos crímenes, entre ellos el secuestro y posterior homicidio del venezolano Ronald Ojeda, un caso que generó conmoción pública y se convirtió en un símbolo de la capacidad de penetración del crimen organizado transnacional en el país.

Edgar Benítez Rubio, Jesús Alberto Golding Escalona, Yhonaiker Gabriel Sequera Olivero, Miguel Eduardo Oyola Jiménez y Gregoris José Cortez Fernández fueron los extraditados a Chile. Todos cuentan con un extenso prontuario criminal, en el que destacan delitos de homicidio, secuestro, asociación ilícita y tráfico de migrantes.

Esta reciente extradición reabre el debate sobre cómo funciona este mecanismo en Chile y plantea dudas sobre la ley, sus limitaciones y sus nudos. También surge la interrogante de cuáles son los beneficios concretos de extraditar a estos venezolanos al país, considerando que el proceso no solo involucra aspectos judiciales, sino también políticos, diplomáticos y de seguridad pública.

Álvaro Bellolio, ex director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), explica que en Chile la extradición está regulada principalmente por tratados internacionales suscritos por el país y, en su defecto, por la Ley de Extradición Pasiva. Este procedimiento, detalla, se activa cuando un Estado solicita la entrega de una persona para ser juzgada o cumplir condena, o bien cuando Chile solicita la entrega a otro país.

Proceso largo y garantista

Uno de los principales problemas, advierte Bellolio, es que el proceso judicial es largo y altamente garantista: pasa primero por la Corte Suprema y luego por el Ejecutivo, lo que puede demorar meses o incluso años. Además, recuerda que muchos países, incluyendo Venezuela, no tienen tratados de extradición vigentes con Chile, lo que obliga a recurrir a mecanismos diplomáticos o principios generales del derecho internacional, aumentando la incertidumbre. A esto se suma que la falta de documentación de los solicitados, como ocurre con personas que ingresan clandestinamente, complica la verificación de identidad y antecedentes, generando vacíos que retrasan o incluso frustran los procesos.

Por su parte, Edgar Fuentes-Contreras, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, señala que los desafíos en esta materia dependen directamente de la capacidad institucional para tramitar y responder a las solicitudes de extradición. Precisa que el Estado requerido no puede conceder la entrega de forma automática, ya que, si ocurre algún problema con la persona extraditada, ese Estado podría ser considerado responsable. En este sentido, el proceso exige documentación precisa y tiempos de respuesta acotados, pues si no se cumplen los plazos establecidos puede terminar con la liberación del detenido, obligando a reiniciar el procedimiento en caso de recaptura.

Más allá de este punto, Fuentes-Contreras enfatiza que otro de los retos, no solo en materia de extradición, es seguir fortaleciendo al poder judicial para garantizar una persecución penal efectiva y respetuosa de los derechos fundamentales.

El caso de los venezolanos

Según Bellolio, la extradición de estas personas a Chile permite que enfrenten a la justicia en el país donde cometieron los delitos, lo que refuerza el principio de soberanía jurídica y evita que queden impunes. Además, demuestra que el país está dispuesto a hacerse cargo de los procesos judiciales de extranjeros que han delinquido en su territorio, lo que tiene un efecto disuasivo y fortalece la cooperación internacional.

El ex director del Sermig añade que centralizar los juicios en Chile impide que delincuentes terminen siendo liberados en terceros países por falta de competencia y refuerza el mensaje de que la persecución del delito en el país se mantiene independiente de la nacionalidad de los responsables.

En tanto, Álvaro Vergara, académico del Centro Interdisciplinario de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Desarrollo, considera que la medida era necesaria y destaca que Estados Unidos colaboró con Chile para garantizar que prevaleciera una sentencia penal nacional. A su juicio, lo relevante es que los cinco venezolanos, miembros del Tren de Aragua, cometieron delitos en territorio chileno y por ello deben responder ante la justicia local y cumplir sus condenas aquí. Para Vergara, este caso muestra que el sistema de extradiciones funciona en algunos contextos, lo que debería servir como advertencia para los delincuentes.

El académico añade que la única forma de enfrentar redes criminales transnacionales es mediante la cooperación entre países, destacando el rol de Estados Unidos en este proceso. En ese marco, apunta que Chile debe aprovechar el interés mostrado por ese país para combatir organizaciones como el Tren de Aragua.

>Por último, Fuentes-Contreras sostiene que la principal ventaja de esta extradición es que permitirá avanzar en el caso y establecer medidas concretas contra el crimen organizado, evitando la impunidad. Enfatiza que este tipo de acciones también envían un mensaje claro: “Las leyes en Chile deben ser respetadas por todos, sin importar la nacionalidad, y salir del territorio no puede ser una vía para evadir la justicia”. Según él, esto contribuye a reforzar la confianza en las instituciones, reafirma el compromiso del Estado con la justicia y el orden democrático, y fortalece la cooperación internacional y la protección de los derechos humanos.