• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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La difusión de un video que muestra a internos del penal Santiago 1 bailando, escuchando música, consumiendo alcohol y utilizando celulares al interior del recinto volvió a poner en evidencia las graves falencias del sistema carcelario chileno. Entre los protagonistas del registro figura un imputado por homicidio y tenencia de armas, lo que agrava la preocupación por los niveles de control dentro de las cárceles del país.

De acuerdo con la información entregada por Gendarmería, 23 reos fueron recluidos en celdas de aislamiento tras participar en la fiesta clandestina. La institución informó que se abrió un sumario administrativo y se presentó una denuncia ante el Ministerio Público.

En un comunicado, la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería explicó que “el sistema de bloqueo de señales telefónicas dispuesto en el cuadrante Pedro Montt permitió identificar el módulo donde se realizaba dicha actividad irregular y, consecuente con ello, a los internos involucrados”. Además, detallaron que durante el operativo se incautaron elementos prohibidos, como alcohol y equipos celulares, calificando el hecho como “una vulneración grave a la disciplina interna y a la seguridad del recinto”.

Un problema recurrente

Para Luis Toledo, director del Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, este tipo de hechos “no son excepcionales”. Explica que las fiestas clandestinas, el ingreso de celulares o la presencia de armas hechizas “son fenómenos que se repiten en diversos penales del país”.

“Lo que ocurre en Santiago 1 no es un caso aislado, sino la expresión visible de un deterioro progresivo del control intrapenitenciario. Gendarmería registra decomisos constantes de teléfonos, drogas y elementos prohibidos, lo que confirma que estas dinámicas operan de forma continua”, advierte Toledo.

De acuerdo con un informe de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas (UCOD) de la Fiscalía Nacional, se incautaron al menos 21 celulares al día dentro de los recintos penitenciarios durante 2024, lo que evidencia la magnitud del fenómeno.
Según el experto, estos episodios solo se vuelven visibles cuando surgen videos o agresiones graves que reactivan la atención pública, “pero la conducta subyacente es habitual”, sostiene.

Medidas insuficientes

El sistema penitenciario chileno, agrega Toledo, opera hoy en un escenario de sobrepoblación, falta de personal y brechas tecnológicas profundas. Las cárceles “fueron diseñadas para una criminalidad distinta”, señala, ya que hace dos décadas no existía el nivel de sofisticación ni la capacidad logística de las bandas actuales.

“Gendarmería enfrenta turnos extenuantes, dotaciones reducidas y estructuras que no permiten ejercer un control efectivo en módulos con 400 o 500 internos. A ello se suma que gran parte de los procedimientos siguen siendo manuales, sin un sistema moderno de inhibición de señales, control biométrico o vigilancia inteligente”, explica.

La ausencia de tecnología adecuada, como escáneres corporales o inhibidores de señal estables, y la presión del crimen organizado dentro de algunos recintos han limitado la capacidad fiscalizadora.

El acceso a drogas, armas y teléfonos

Consultado sobre cómo los internos logran acceder a estos elementos, Toledo identifica tres factores principales:

1.Vulnerabilidades físicas: “Muchas cárceles son antiguas, con muros perimetrales que permiten el lanzamiento de objetos, ductos y espacios ciegos que facilitan el ingreso de artículos prohibidos”.
2.Déficit tecnológico: “Chile carece de inhibidores de señal estables y escáneres suficientes para controlar encomiendas y visitas”.
3.Corrupción y crimen organizado: “Las bandas criminales tienen recursos para cooptar a internos y, en algunos casos, a funcionarios. Esto permite introducir celulares, drogas o incluso armas blancas, y mantener redes de control interno que desafían la autoridad estatal”.

“La presencia masiva de teléfonos no es solo un problema disciplinario, sino una herramienta para coordinar delitos desde la cárcel, reclutar personas o ejercer extorsión. Eso multiplica los riesgos hacia fuera del recinto”, advierte Toledo.

Una crisis estructural

La abogada Agustina Alvarado, académica de Derecho Penal de la Universidad Andrés Bello, coincide en que lo ocurrido en Santiago 1 no puede entenderse como un hecho aislado. A su juicio, la raíz del problema se encuentra en fallas estructurales de larga data.

“No existen cifras oficiales sobre la frecuencia de estos hechos, pero sí abundan estudios sobre los graves niveles de hacinamiento que presentan las cárceles chilenas”, afirma.

Alvarado señala que la cárcel efectiva no puede seguir siendo la respuesta prioritaria para todo tipo de delitos, y que se requiere una inversión real en infraestructura, programas de reinserción y personal calificado.

A juicio de la abogada, los problemas estructurales no se resuelven solo con más castigo o más cárceles, sino con políticas de prevención que reconozcan la complejidad del delito: educación, empleo digno, salud mental y control de adicciones.

Para la abogada, este tipo de hechos revelan una ausencia de visión de largo plazo. “Es un trabajo que no genera réditos políticos inmediatos, por eso se posterga. Lo preocupante es que, mientras tanto, se sigue apostando a la ‘mano dura’ y cárcel, que ya ha demostrado no funcionar”, advierte.