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Falsas identidades, crimen transnacional y los límites del sistema penal chileno: El complejo panorama y las cifras

“El sistema de justicia actúa a ciegas respecto tanto del pasado del imputado como de las posibilidades futuras de reinserción o reincidencia”, advierte un experto.
La liberación por error del sicario del “Rey de Meiggs” ha dejado en evidencia una serie de graves falencias por parte de las autoridades, siendo una de las principales la identificación de los extranjeros en Chile. La semana pasada se reveló que el nombre Osmar Alexander Ferrer Ramírez no era real, lo que expuso una falla crítica del sistema.
Este caso encendió las alertas, y durante la jornada del lunes, el fiscal nacional, Ángel Valencia, en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, anunció que solicitará a Gendarmería el detalle de los extranjeros que se encuentren cumpliendo condena en los distintos recintos penitenciarios del país. Según Valencia, se revisarán todos los casos de imputados extranjeros privados de libertad, para asegurarse de que ninguno haya entregado una identidad falsa sin que las autoridades lo hayan detectado.
En esa instancia, también precisó que se pondrá especial atención en aquellos sujetos que ingresaron a la cárcel antes de 2023, ya que antes de esa fecha el sistema de identificación de imputados no era suficientemente precisa.
De acuerdo con las cifras disponibles, existe un aumento sostenido de extranjeros en cárceles, en el 2021, representaban el 9,6% de la población penal, actualmente la cifra llega a 15,4%. 
En cuanto a la población migrante en situación irregular, los datos muestran que esta se triplicó, pasando de 109.846 en 2021 a 336.984 a fines de 2023, de acuerdo con cifras del INE y el Servicio Nacional de Migraciones.
Pablo Carvacho, director de Investigación y Desarrollo del Centro UC de Justicia y Sociedad, explica que la llegada masiva de migrantes por pasos irregulares generó un serio problema para el sistema judicial, al dificultar la verificación de las identidades de quienes cometían delitos.
A juicio del experto, muchos de los detenidos no contaban con documentación válida, o bien portaban documentos falsificados, y ante la escasa cooperación del gobierno venezolano para establecer mecanismos de verificación de identidad, muchos ingresaron al sistema judicial y penitenciario únicamente con la declaración verbal de sus nombres. 
Esto, señala Carvacho, trajo consigo complejidades para confirmar si las identidades eran reales, y también generó problemas de segmentación al interior de las cárceles, ya que no se conocía el nivel de peligrosidad de los imputados. Con el tiempo, agrega, se ha evidenciado que estas brechas están siendo aprovechadas por organizaciones criminales.
Impacto y riesgos en la persecución penal
El académico plantea que la ausencia de una identidad confirmada impide conocer el historial delictual de las personas involucradas en delitos. Por ello, sostiene que “el sistema de justicia actúa a ciegas respecto tanto del pasado del imputado como de las posibilidades futuras de reinserción o reincidencia”.
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Camila Astraín, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, advierte que, si bien migrar es un derecho, cuando un país no es capaz de garantizar que este proceso se lleve a cabo de manera ordenada y bajo controles adecuados, se incrementa el riesgo de que la frontera se torne cada vez más permeable al ingreso irregular de personas y bienes. Esa vulnerabilidad, explica, es explotada por el crimen organizado para movilizar mercancías y operadores.
La experta señala que casos como el sicario del “Rey de Meiggs” ponen en evidencia cómo alguien puede ingresar al país sin ser detectado, cometer un delito grave, ser encarcelado, y que recién después de su liberación se descubra que la identidad registrada era falsa. Añade que esto solo fue descubierto por la controversia generada tras su liberación, lo que está siendo actualmente investigado.
Astraín también cuestiona si este es un caso aislado o si hay más personas privadas de libertad con identidades erróneas. En sus palabras, plantea la necesidad de incorporar nuevos procesos dentro del sistema penal para verificar identidades con mayor precisión. Además, asegura que esto agrega dificultades tanto para la persecución penal como para las estrategias preventivas, ya que la trazabilidad de las identidades puede volverse aún más compleja.
Para Carvacho, la migración irregular y la falta de colaboración por parte de Venezuela son factores clave. Sin embargo, sostiene que Chile puede desarrollar herramientas que permitan reducir estas brechas de información, como el enrolamiento de personas que ingresen al sistema penal y el uso de tecnologías biométricas que faciliten la confirmación de identidad.
En este sentido, Astraín enfatiza que revertir esta situación implica enfrentar importantes desafíos. A su juicio, se deben recuperar los controles fronterizos y reforzar la cooperación con los países de origen, en especial con Venezuela, dado que la mayoría de los extranjeros privados de libertad provienen de ese país. Asimismo, considera que la incorporación de tecnologías de análisis biométrico podría representar un avance significativo en esta materia.

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