Los últimos días en el país han estado marcados por una violencia sin precedentes. En menos de una semana nueve personas fallecieron a manos de la delincuencia en el contexto de balaceras; hechos que, si bien son distintos entre sí, apuntan al mismo fenómeno: un incremento exponencial de la violencia y de los delitos de alta connotación social, con casos que no solo afectan a la sociedad, sino que también vulneran los derechos de las comunidades escolares.

El miércoles pasado, un colegio de Talagante informó la suspensión de las clases del jueves a raíz de un funeral de alto riesgo que se llevaría a cabo en la comuna. Lo anterior, tras un doble homicidio ocurrido el día domingo.

“En vista de los hechos asociados a funerales de alto riesgo en las cercanías de nuestro colegio, informamos la suspensión de clases para este jueves 18 de julio, como una nueva medida de carácter excepcional y preventiva, que busca resguardar la seguridad de todos nuestros estudiantes. Esta medida incluye a todos los alumnos y alumnas del colegio, de ambos locales escolares (Plaza y Trebulco)”, se lee en un comunicado del colegio El Niño Jesús a través de sus redes sociales.

Esta no es la primera vez que un colegio implementa medidas para resguardar a la comunidad escolar de la violencia, en mayo de este año, el colegio Eduardo Llano Nava, dependiente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Iquique, anunció, por primera vez, una jornada escolar con horario reducido, específicamente en el turno de la tarde, que a partir del anuncio terminaría a las 18:15 horas, de acuerdo a lo que consignó El Mercurio en ese momento. Dentro de las razones que especificó la institución, anunciaron que se debía por los “reiterados asaltos, inseguridad, oscuridad, entre otros”, comunicaron a los apoderados a través de una circular.

Asimismo, en distintos establecimientos educacionales se han registrado hechos violentos tanto dentro como fuera de las salas de clases, incluso, el Ministerio de Educación (Mineduc) actualizó la política Nacional de Convivencia Educativa y presentó el programa “Comunidades Educativas Protegidas”, el que tiene como eje principal prevenir y abordar la violencia en los contextos educativos. La propuesta está dirigida a 50 comunas que poseen mayores índices de delincuencia y donde ocurren delitos de alta connotación social.

Funerales de alto riesgo y la evolución en el país

Los funerales de alto riesgo buscan exaltar la memoria de personas vinculadas a bandas criminales, en ellos se desarrollan diferentes conductas que alteran el orden público y con la intención de disminuir este tipo de situaciones en el país, el año pasado se presentó un proyecto de ley para limitar de forma estricta los funerales de este estilo.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, que entre mayo de 2019 y el mismo mes de 2021, se produjeron más de 1.700 funerales de alto riesgo y más de 1.300 personas fueron detenidas. Camila Astrain, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián (USS), señala que a pesar de los esfuerzos que han realizado las autoridades para controlar el fenómeno, es una tendencia que continúa al alza.

La académica menciona que “en los funerales de alto riesgo los asistentes generalmente realizan diferentes acciones para enaltecer a la memoria de los mártires de las organizaciones criminales que han caído. Muchas de estas acciones corresponden a incivilidades, faltas o delitos, como, por ejemplo, el uso de fuegos artificiales, disparos, lanzamiento de bombas de ruido, entre otros. Situación que no solo altera el orden público e impacta en la sensación de seguridad, sino también puede tener efectos directos en la integridad física de las personas”.

Germán Díaz, académico del Centro de Seguridad Urbana de la Universidad Alberto Hurtado, señala que este tipo de funerales son un fenómeno altamente complejo, porque refleja la presencia de la criminalidad organizada y de la narcocultura, “es sumamente importante atender este fenómeno, no solamente por el impacto que tiene en el orden público, sino también por la imagen que representa la instalación de la narcocultura. Es un fenómeno que, por desgracia, en el país se ha seguido desarrollando, no hemos sido capaces de desarticularlo y erradicarlo”.

El experto señala que, en el caso del colegio de Talagante, es aún más preocupante, porque no solo impacta en la comunidad, sino también vulnera el derecho a la educación de los jóvenes del país y “esto no es tolerable en una sociedad democrática”.

En tanto, Astrain señala que la delincuencia y, sobre todo, el sentir miedo, impactan en la calidad de vida de las personas y limitan su libertad, “según la encuesta Chile Nos Habla, un 78,2% de las personas señala haber cambiado sus hábitos personales por motivos de seguridad. Por lo que efectivamente los funerales de alto riesgo, que representan una situación donde el riesgo y amenaza se ven exacerbados, generan un deterioro a la educación al imposibilitar que las actividades académicas se desarrollen de forma regular”.

Las medidas del Gobierno

En septiembre del año pasado, el Gobierno presentó un proyecto de ley que busca limitar de forma estricta este tipo de prácticas, pues tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de eventos delictivos, actos de violencia e inseguridad social asociados a funerales de alto riesgo. ¿Cómo? A través de la regulación de los mismos. Por ejemplo, el proyecto de ley establece que en total el proceso funerario se debe realizar en un plazo máximo de 24 horas desde el fallecimiento.

Astrain detalla que este fenómeno lleva años en la palestra, llegando incluso a la elaboración de un protocolo de actuación ante estas situaciones. Pero agrega que “si bien generar acciones orientadas a enfrentar la narcocultura y las manifestaciones de la criminalidad organizada en sus múltiples dimensiones es el camino correcto, hay que ser cautelosos en evitar normalizar situaciones que debieran ser inaceptables. Es decir, hay que reconocer que los funerales de alto riesgo son una realidad hoy en día, por lo que se requieren acciones que estén orientadas a disminuir el riesgo de daño hacia la población, sin embargo, a largo plazo se requieren acciones orientadas a evitar la instalación y operación de la criminalidad organizada, especialmente en sectores con alto nivel de vulnerabilidad”.