• Andrea Cova Moore
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“Estimada comunidad de la Universidad Alberto Hurtado: junto con saludarles a cada una y cada uno de ustedes, les hago llegar este mensaje para informarles que hoy se ha dado término a los contratos de trabajo de 55 personas que se desempeñaban en nuestra institución. Este es un proceso doloroso para las personas desvinculadas; lo es también para las unidades académicas y administrativas; lo es para toda la universidad”, se lee en un comunicado interno de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) emitido el jueves 18 de julio. Una situación compleja que atraviesa la institución y revela una serie de problemas financieros.

El rector de la UAH, Cristián del Campo, informó un proceso de desvinculaciones dentro de la universidad, debido a “una difícil situación financiera que nos obliga a realizar ajustes importantes en toda nuestra estructura organizacional para retomar el equilibrio operacional”.

En el comunicado, establecen que “hoy, el sistema de educación superior enfrenta desafíos complejos en su modo de financiamiento, sobre todo en aquellas instituciones como la nuestra, que se ha comprometido con una formación de excelencia para estudiantes que, en su mayoría, estudian con gratuidad y son la primera generación en sus familias en acceder a la educación superior”.

Aunque en el comunicado no mencionan explícitamente que la crisis financiera que atraviesan es por la gratuidad, de acuerdo a lo que consignó La Tercera, múltiples universidades adscritas a la política han criticado que los aranceles regulados (fondos entregados por el Estado) no alcanzan a cubrir el costo total de las carreras, y ellos como institución deben hacerse cargo del resto.

Incluso, la Comisión Económica del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), manifestó, en junio de 2023, su preocupación por la implementación de aranceles regulados, “ya que, con los valores actuales establecidos por la Subsecretaría de Educación Superior, varias de las universidades presentan un déficit significativo en los montos que debieran recibir por la política de gratuidad el 2024”.

Cómo funciona la gratuidad

La gratuidad es un beneficio para los jóvenes correspondientes al 60% de menores ingresos de la población y que estudien en instituciones adscritas a este beneficio. Esto les permite financiar la matrícula y el arancel durante el tiempo que dure la carrera. Para acceder a ella, los postulantes deben cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, provenir de los hogares pertenecientes al 60% de menores ingresos del país, ser de nacionalidad chilena, no contar con un título profesional previo, entre otros.

Esta política fue estrenada en el 2016 y de acuerdo con un documento del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo (LyD), con fecha de noviembre de 2023, el presupuesto de educación de este año tiene mayor énfasis en la gratuidad: “Para 2024, la mayor parte del gasto en Educación Superior se entregará como financiamiento estudiantil y principalmente vía gratuidad, que representará un 62% del total”, se lee en el documento.

De acuerdo con la información del Ministerio de Educación (Mineduc) hasta enero de este año, 558.921 estudiantes gozan de la gratuidad y desde su implementación en el 2016, 2 de cada 5 alumnos de pregrado estudian debido a ese beneficio, cuatro veces más que desde su creación.

¿Cuál es el impacto de la gratuidad en las universidades?

Jorge Berríos, director del Diplomado en Finanzas y Negocios de la Universidad de Chile, comenta que el problema de la Gratuidad viene de la forma en la que nace el proceso, “el Estado define cuál es el monto que paga por las diferentes carreras y establece los máximos que pueden tener en cada universidad. En el caso de la UAH o de otras universidades, tienen solamente alumnos con gratuidad o en su minuto se financiaban con alumnos que tenían el Crédito con Aval del Estado (CAE)”.

“Por lo tanto, no tenían alumnos complementarios que pudieran mejorar la situación financiera de la universidad y eso hacía que la dependencia fuera casi en un 100% con el CAE y ahora con la gratuidad. Ese factor de riesgo hace que actualmente los aranceles sean más bajos que los costos operacionales que tienen las universidades.

Esto determina claramente que, en el caso de la UAH va a tener que eliminar personal académico o administrativo, posiblemente asignar más horas o carga académica a los docentes, porque el monto asignado de la gratuidad no alcanza a cubrir los costos”, explica.

Por su parte, Hugo Lavados, rector de la Universidad San Sebastián y exministro de Economía entre los años 2008 y 2010, señala que mientras más dependencia del aporte estatal tenga una institución, por cualquier mecanismo, la probabilidad de tener dificultades financieras es mayor.

“Esto es porque los costos tienden a crecer más rápido que el ingreso posible desde el fisco (vía gratuidad). Además, se observa en muchos países que, en situaciones de gasto fiscal “apretado” se comprime el aporte a la educación. Además, hay que considerar que el gasto en aranceles, en investigación e innovación, y en aportes basales, no ha crecido como las instituciones esperaban. Esto se ha reflejado, especialmente, en la fijación de aranceles. Por lo que si los planes de una institución requerían ingresos mayores, es natural que se produzcan problemas financieros”.

En tanto, Raúl Figueroa, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y exministro de Educación, comenta que “desde sus orígenes, siempre se señaló que la política de gratuidad podía significar serios riesgos para el desarrollo de las instituciones de educación superior. La gratuidad se basa en la fijación de aranceles y esa fijación de aranceles es siempre por definición subóptima, y no alcanza para cubrir todos los gastos que una universidad requiere para desarrollar su proyecto educativo”.

Por ello, Figueroa apunta que desde ese punto de vista, es fundamental revisar esta política en orden a que no solo sirva para que los alumnos puedan acceder con mayor facilidad a la educación superior, sino que también permita el desarrollo sostenible y permanente de las instituciones de educación superior. “Una política de gratuidad mal diseñada puede terminar afectando la calidad del sistema y, por esa vía, también perjudicando las posibilidades de crecimiento y de nuevas oportunidades para los alumnos”.

Desde la Subsecretaría de Educación Superior comentan a Emol Facts, que en cuanto al eventual impacto financiero de la gratuidad en las instituciones, se debe consignar “que en noviembre de 2023 la Superintendencia de Educación Superior (SES) presentó su primer Informe de Salud Financiera en la Educación Superior chilena, estudio que evidenció que, en general, las instituciones tienen buena salud financiera y que ha mejorado significativamente desde la aplicación de la política de gratuidad. En las universidades, por ejemplo, el estudio de la SES muestra que, si en 2012 el 24,4% de la matrícula estudiaba en alguna institución con un perfil de riesgo financiero, diez años después esa proporción se redujo al 3,5%”.

No obstante, desde la institución señalan que lo anterior no impide reconocer que hay instituciones puntuales que, por múltiples razones, internas y externas, hoy enfrentan problemas financieros. “Estas deben ser analizadas caso a caso, pues se requieren diagnósticos correctos para la adecuada toma de decisiones, en algunos casos difíciles, pero necesarias para garantizar el derecho a la educación y la sostenibilidad de largo plazo de las instituciones”.