• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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No solo se trata de la expansión del crimen organizado en las grandes ciudades de Chile, sino también de las consecuencias colaterales que esto conlleva. De acuerdo con datos de Gendarmería, al 31 de julio de este año, 23 penales a lo largo del país operaban con más de un 200% de ocupación, mientras que otros cuatro superaban el 300%. El CDP Taltal (371,9%), CCP Copiapó (347,1%), CDP Tocopilla (303,3%) y CCP Parral (310,4%) son los recintos penitenciarios en situación más crítica.

El coronel Mario Benítez, presidente de la Asociación de Oficiales Penitenciarios (ANOP), advirtió a El Mercurio que el nivel actual de sobrepoblación representa un “colapso histórico”. Recordó que en 2022 la población penal llegaba a 39 mil internos y hoy supera los 61 mil, lo que implica un aumento de más de 20 mil personas en solo tres años.

Según cifras de Gendarmería, hasta el 31 de julio la población penal privada de libertad es de 63.426 personas en todo el país, de los cuales 58.158 son hombres y 5.268 mujeres. En cuanto a la nacionalidad, el 15,8% corresponde a personas extranjeras y el 84,2% a nacionales.

Rodrigo Guerra, abogado penalista y académico de Derecho en la Universidad de Los Andes, explicó que el crecimiento de la población carcelaria se vincula directamente al alza de la delincuencia y al incremento de crímenes sancionados con penas efectivas.

En este contexto, señaló que las penas sustitutivas difícilmente pueden aplicarse cuando las condenas superan los cinco años de privación de libertad, salvo en casos excepcionales con penas mixtas. Añadió que gran parte de los imputados arrastra antecedentes penales, lo que impide recurrir a medidas alternativas como la reclusión parcial con monitoreo telemático. Para Guerra, este fenómeno responde a múltiples factores: desde dinámicas socioculturales y crimen organizado, hasta la migración irregular y la aplicación de nuevas normas que privilegian la prisión efectiva.

Por su parte, Catalina Droppelmann, directora ejecutiva del Centro Justicia y Sociedad de la Universidad Católica, sostuvo que el fuerte aumento de la población penitenciaria en los últimos dos años se debe tanto a los mecanismos de entrada como a los de salida de las cárceles.
En cuanto a las entradas, explicó que ha habido un endurecimiento penal, con condenas más largas y un mayor uso de la prisión preventiva, lo que se refleja en un alza de personas imputadas frente a condenadas. En los mecanismos de salida, en cambio, se observa una reducción en los beneficios intrapenitenciarios, especialmente en la libertad condicional, lo que, según advirtió, “afecta el principio progresivo del castigo, que busca que las personas puedan optar a salidas graduales conforme avanzan en su proceso”.

Impacto en la seguridad

Droppelmann advirtió que el hacinamiento deteriora gravemente la seguridad interna, generando más violencia, conflictos y vulnerabilidad entre los internos. También limita la implementación de programas de rehabilitación y reinserción, ya que las condiciones restrictivas y sobrepobladas dificultan el acceso a actividades educativas, laborales y terapéuticas.

“La sobrepoblación obliga a las cárceles a dedicarse casi exclusivamente a contener a las personas privadas de libertad, sin espacio para reclasificaciones o movimientos internos”, señaló. Además, subrayó que los programas de reinserción terminan condicionados por la conducta de los internos, la cual se ve inevitablemente afectada por la violencia y los riesgos derivados del hacinamiento.

Guerra, en tanto, remarcó que la infraestructura penitenciaria actual no está en condiciones de implementar talleres y programas de reinserción de manera efectiva. A su juicio, el hacinamiento no solo perjudica la conducta de los internos, sino que también puede favorecer la aparición de nuevos comportamientos delictivos.

Desafíos pendientes

Para Guerra, el gran desafío es contar con establecimientos penitenciarios que garanticen seguridad y reduzcan el hacinamiento, pero que al mismo tiempo ofrezcan programas integrales de reinserción material. De lo contrario, advirtió, existe el riesgo de consolidar dinámicas criminales dentro de las cárceles, debido a la falta de oportunidades reales de reintegración.

El abogado agregó que en ciertos casos la reinserción resulta poco viable, especialmente en personas con condenas reiteradas por delitos graves como homicidio, violación o robo con intimidación. En esos escenarios, planteó, se deberían aplicar medidas de seguridad alternativas que gestionen de manera más efectiva el riesgo que representan para la sociedad.

Droppelmann, en tanto, señaló que los principales desafíos pasan por reformas estructurales que reduzcan el hacinamiento, lo que requiere un uso más amplio de la libertad condicional, una aplicación más racional de la prisión preventiva y el diseño de una política penitenciaria coherente, en lugar de seguir acumulando “agendas cortas” que solo endurecen las penas. Como ejemplo, recordó que en países como Alemania se han promovido medidas alternativas para delitos de bajo riesgo social, e incluso indultos para enfermos crónicos, adultos mayores y mujeres con hijos lactantes.

Gendarmería

Desde Gendarmería señalan a Emol Facts que han abordado los nuevos fenómenos criminales, y el exponencial aumento de población penal, desde una perspectiva integral, elaborando una nueva política penitenciaria liderada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con énfasis en cuatro ejes centrales: seguridad, infraestructura, reinserción social y personal penitenciario.

Ahora, específicamente, en respuesta a la sobrepoblación, y a la nula creación de plazas desde el año 2012, señalan que “estamos trabajando intensamente en el desarrollo de un Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, el cual viene a mitigar un problema histórico, y que, durante esta gestión ha incorporado 2.327 nuevas plazas a la red penitenciaria; teniendo en desarrollo obras que proyectan más de 15 mil nuevos cupos de aquí a 5 años”, y junto con esta iniciativa de carácter nacional e integral, señalan que están explorando otras alternativas para hacerse cargo de la situación.

En cuanto a los desafíos, mencionan que uno de los principales “es contar con apoyos transversales para enfrentar el panorama actual, logrando una adecuada segmentación que permita fomentar los programas de reinserción social”.