• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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A mediados de junio, Ipsos publicó su informe mensual What Worries the World, que recoge la percepción de más de 23 mil personas en 29 países sobre sus principales preocupaciones. En el caso de Chile, un 64% se manifestó inquieto por el crimen y la violencia, un 29% por la corrupción financiera y/o política, y un 43% por el control de la inmigración (esta última, la segunda mayor preocupación a nivel nacional), entre otras áreas.

El aumento del ingreso de personas por pasos fronterizos no habilitados en Chile ha dejado de ser solo un tema migratorio y humanitario, transformándose en un asunto de seguridad. Distintas autoridades han advertido sobre el uso de estas rutas por parte de redes de crimen organizado transnacional.

Álvaro Bellolio, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, advierte que estas rutas han sido utilizadas por redes dedicadas al tráfico de drogas, trata de personas, contrabando y sicariato. Según él, el descontrol en las fronteras crea un corredor ideal para estas organizaciones, que no solo trasladan personas, sino también armas y drogas. A su juicio, la falta de identificación efectiva en la frontera, sumada a la inacción del gobierno, permite que delincuentes ingresen al país y se mantengan ocultos o incluso se integren al sistema sin ser detectados.

Según datos de la Policía de Investigaciones (PDI), entre 2018 y 2021 se registró un aumento sostenido de ingresos clandestinos. En ese periodo, ingresaron ilegalmente al país 88 mil personas extranjeras, mientras que entre 2022 y febrero de 2025, la cifra ascendió a 131 mil.

Bellolio sostiene que el control fronterizo representa la primera línea de defensa del Estado frente al crimen organizado. Destaca la importancia de contar con sistemas de verificación biométrica, cooperación internacional, reconducción inmediata y una política clara de expulsiones. “Si no hay control en la entrada, se pierde la capacidad del Estado de decidir quién entra y bajo qué condiciones”, argumenta, cuestionando además que el gobierno apunte más a sancionar a quienes están legalmente en el país que a frenar el ingreso irregular.

El perfil de quienes ingresan

Juan Pablo Ramaciotti, director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, explica que desde 2019, y especialmente durante la pandemia, aumentaron los ingresos irregulares por pasos no habilitados, mayoritariamente protagonizados por personas venezolanas en situación de vulnerabilidad. Asegura que muchas de ellas no tienen acceso a vías regulares de entrada y terminan dependiendo de redes de tráfico de migrantes, siendo en algunos casos víctimas de trata.
Imagen referencial

Según el reporte n.° 4 del Servicio Nacional de Migraciones, en 2023 se estimaba que 336.984 personas se encontraban en situación irregular en el país. Al comparar con años anteriores, se evidencia un incremento sostenido del fenómeno.

En cuanto a la nacionalidad predominante, salvo en 2018, la mayoría de la población extranjera en situación irregular es de origen venezolano, y su participación ha crecido tanto en número como en proporción.

Bellolio plantea que el fenómeno de ingreso por pasos no habilitados es mixto: por un lado, hay personas que buscan oportunidades laborales sin haber postulado a visas de residencia, y por otro, individuos vinculados directamente al crimen organizado. Indica que en ciertos casos incluso han ingresado personas con identidades falsas o antecedentes delictivos en otros países, lo que ha sido documentado por investigaciones policiales y procesos judiciales.

Capacidad del Estado y desafíos

Desde su perspectiva, Bellolio considera que el país no está preparado para enfrentar este escenario. Señala que si bien Chile cuenta con una institucionalidad razonable, ésta opera de forma descoordinada, con escasa capacidad operativa y poca voluntad gubernamental.

Agrega que los sistemas de información están fragmentados, no existe interoperabilidad con países clave como Venezuela y que las instituciones encargadas de aplicar la ley, como la PDI, el Servicio Nacional de Migraciones y el Ministerio del Interior, carecen de recursos humanos, financieros y respaldo político. Menciona como ejemplo el caso del “Rey de Meiggs” y sus sicarios, el cual, en su opinión, demuestra que el Estado está actuando de forma tardía y deficiente.

Ramaciotti, por su parte, advierte que centrarse únicamente en la sanción puede ser contraproducente. Según señala, si no se habilitan vías legales claras ni procesos justos, el control fronterizo no bastará para enfrentar el fenómeno. Propone una política migratoria integral que combine seguridad, integración y eficacia institucional. “Expulsar a quienes llevan años viviendo sin documentos no es viable. Se trata de más de 200 mil personas que, si no tienen antecedentes penales, deberían tener la oportunidad de regularizarse y aportar al país”.

Bellolio también considera que el gran desafío es reconstruir la autoridad migratoria sin caer en arbitrariedades, pero sin debilitar la soberanía. Plantea que se requiere una reforma legal que permita:

• Expulsiones administrativas, salidas voluntarias y reconducciones más efectivas.
• Reconocer que no todo ingreso irregular implica un derecho a quedarse.
• Equilibrar la protección de derechos con un control territorial efectivo.

Finalmente, advierte que las brechas institucionales actuales no solo dificultan la aplicación de la ley, sino que también generan espacios de impunidad para quienes cometen delitos aprovechando el descontrol migratorio. Bellolio acusa a sectores afines al gobierno de confundir el enfoque humanitario con una permisividad que termina desprotegiendo a la ciudadanía.