• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
• |
• Ver más de facts

La semana pasada Gendarmería realizó una intervención en 36 recintos penitenciarios del país de forma simultánea, siendo el séptimo que se ejecuta en lo que va de 2024. Dentro de lo que encontraron, incautaron casi 300 armas blancas, más de 230 dispositivos telefónicos y una importante cantidad de droga, informaron desde la institución. Esta acción es parte del Plan de Seguridad Penitenciaria que tiene como objetivo realizar un esfuerzo coordinado entre las distintas instituciones para enfrentar las amenazas del crimen organizado.

De acuerdo con la información de Gendarmería, el operativo especial fue en 36 penales del país de forma simultánea y fue realizado por aproximadamente 1.900 funcionarios del Departamento de Seguridad Penitenciaria de Gendarmería, donde encontraron una serie de objetos prohibidos dentro de los recintos penitenciarios, en detalle, se trata de 294 armas blancas, 157 litros de licor artesanal, 231 teléfonos y 1.165 gramos de droga.

Estas intervenciones delatan las posibles fallas del sistema de revisión en las cárceles chilenas y evidencian la realidad de estos lugares en el país. En julio de 2023 se presentó el Plan Nacional de Infraestructura, y se planteaban los ejes de la política penitenciaria, donde el respeto a los derechos humanos, mejoramiento de condiciones de habitabilidad, combate contra el crimen organizado, posibilidades de estudio, trabajo y reinserción social son los aspectos que destacan.

Las fallas del sistema

Germán Klug, Fiscal (S) de Casablanca, en la región de Valparaíso, explica que “el gran volumen de visitas a los internos en instalaciones que no cuentan con la tecnología necesaria junto a la falta de personal nos da luces de dónde está la falencia. A esto se le suman los “pelotazos” para internar droga desde el exterior fácilmente”.

Klug señala que a los abogados particulares de los internos “no son revisados más allá de un detector de metales y hemos tenido múltiples casos en el último tiempo en donde también han sido un factor de ingreso de celulares y otros elementos prohibidos”. Por otro lado, menciona que “con la implementación de los nuevos sistemas de bloqueo de señales de celulares con “detección inteligente” están volviendo a ser demandados celulares antiguos para intentar baipasear el bloqueo”.

El fiscal asevera que esto aborda el 70 % del ingreso de los objetos prohibidos, el resto corresponde a fabricación artesanal en el interior de los centros de reclusión, “que es otro gran tema casi imposible de solucionar con las infraestructuras actuales”.

Por su parte, Luis Vial, experto en temas penitenciarios y miembro del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), menciona que los sistemas de revisión de Gendarmería son bastante exigentes. Sin embargo, apunta a que “como en todas las cosas siempre hay espacios de mejora. Se ha mencionado muchas veces que son las familias de las personas privadas de libertad o sus abogados los que ingresan elementos prohibidos, pero también hay muchas cosas que se envían a través de los “pelotazos” desde el exterior; paquetes son lanzados desde el exterior hacia los patios y luego recogidos”.

No obstante, el ingreso de estos objetos prohibidos no solo viene desde los familiares o abogados de los internos, de acuerdo con el experto, este tipo de situaciones se puede desarrollar por empleados dentro de los recintos penitenciarios: “Se hace mención a elementos que pueden ser ingresados por personas que trabajan en las cárceles”, menciona.

Desde Gendarmería, señalan que “las personas privadas de libertad, particularmente aquellas de mayor compromiso delictual, permanentemente están buscando formas de vulnerar la seguridad de los establecimientos, para el ingreso de elementos prohibidos y seguir delinquiendo” y agregan que en este contexto, el lanzamiento desde el exterior es la vía principal de ingreso de objetos prohibidos, así como a través de las visitas.

¿Las medidas?

A juicio de Vial, para enfrentar los “pelotazos” debe existir mayor vigilancia en las zonas perimetral de los recintos penitenciarios “y eso es una tarea que requiere coordinación con otras instituciones como Carabineros o seguridad municipal”, lo que eventualmente puede complicar el proceso.

Asimismo, el experto señala como un aspecto importante en esta materia la fiscalización más exhaustiva respecto de los funcionarios de las distintas áreas de Gendarmería, sobre todos aquellos que tienen contacto con personas privadas de libertad, ya sean “uniformados, profesionales o administrativos, esto debiera ser parte de un conjunto más amplio de medidas orientadas a asegurar el estándar más alto posible en materia de probidad en lugares especialmente críticos como son las cárceles”.

En cambio, para Klug lo ideal para disminuir este tipo de situaciones es aumentar la tecnología en la revisión de las visitas, proveedores y los sistemas de autocontrol en los funcionarios de Gendarmería.

Por otro lado, desde Gendarmería señalan que frente a estas situaciones, la institución ha adoptado una serie de medidas, entre ellas, “los procedimientos de registro y allanamiento masivos que se realizan a nivel nacional, los cuales han tenido un impacto significativo en la disminución del acceso de la población a este tipo de elementos”.

Asimismo, agregan que el trabajo que desarrolla el personal de Gendarmería da cuenta de una alta capacidad para evitar el ingreso de elementos prohibidos y para requisar aquellos que se encuentran en manos de la población penal. No obstante, “la población penal más refractaria aprovecha y utiliza cada espacio de tiempo, por ejemplo, durante las horas de encierro, para desarrollar acciones destinadas a vulnerar la seguridad, algo en lo que Gendarmería trabaja de manera constante, es la búsqueda de la mejora continua de sus procesos y procedimientos, para hacer más eficientes los estándares de seguridad penitenciaria”.