• Niklas Wiberg R., equipo de Facts
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El Ministerio del Interior se encuentra preparando una iniciativa para modificar un aspecto particular de la Ley de Control de Armas. Se trata de ampliar la prohibición de portar armas a funcionarios de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y Orden (Carabineros y PDI) que se encuentren en retiro. Así, la propuesta, que aún no se envía de manera oficial, sería la primera presentada por el Gobierno para fomentar el desarme de la población. ¿En qué consiste la normativa vigente y cómo podría cambiar a partir de lo propuesto por el Ejecutivo?

La Ley actual otorga a ciertos funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden que se encuentren en retiro la facultad “para portar las armas de fuego que tengan debidamente inscritas a su nombre, sin perjuicio de aplicárseles lo que disponga la reglamentación institucional respectiva, para el personal en servicio activo”. Los escalafones que son considerados en la normativa son:

• Generales.
• Tenientes coroneles o equivalentes.
• Suboficiales mayores.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, explicó a La Tercera que el desarme de los exfuncionarios de las FF. AA. y las policías se llevaría a cabo a través de una modificación a la Ley de Armas, argumentando que “no hay justificación para que, a diferencia del resto de los ciudadanos, puedan portar armas”.

Al respecto, Pilar Giannini, ex jefa de Seguridad Pública del Ministerio del Interior durante el gobierno de Sebastián Piñera, explica que “más que las modificaciones específicas que se puedan realizar en este ámbito, la Ley de Control de Armas, que estuvo estancada por casi 15 años en el Congreso, aún tiene elementos pendientes que tendrían un impacto relevante en la seguridad social y el control de armas”.

Entre los elementos destacados por Giannini destacan:

• “Un reglamento que defina los parámetros de la ley para establecer las restricciones a la tenencia de armas. Además, a través de los planes anuales pueden ser fijados objetivos específicos para enfocar los esfuerzos de fiscalización, lo que podría entregar la posibilidad de incautar más”.
• “La unificación de los registros Ibis, que es un sistema que permite la trazabilidad de las armas a través de huellas balísticas y casquillos, de Carabineros y la Policía de Investigaciones”.

“Estos elementos, que se encuentran prácticamente listos para ser implementados, son relevantes y podrían tener impacto en las cifras asociadas a las armas de fuego. En los últimos cuatro años (2018, 2019, 2020 y 2021) fueron incautadas 5.851 armas, mientras que en 2021 fueron incautadas 3.690. Si bien esas cifras podrían significar tanto que Carabineros ha hecho un mejor trabajo como que ha aumentado el número de armas que circulan de manera irregular, habla de un tema que es relevante actualmente”, explica Giannini.

Según la Subsecretaría de Prevención del Delito, los casos policiales por tenencia ilegal de armas o explosivos se cifraron de la siguiente manera durante el último gobierno:

• 2018: 884 casos.
• 2019: 834 casos.
• 2020: 857 casos.
• 2021: 916 casos.

Con respecto a la propuesta del Gobierno, Luis Alcaíno, coronel de Carabineros en retiro e integrante del Círculo de Coroneles en Retiro de Carabineros de Chile, estima que “la medida propuesta no ayuda a desarmar a las bandas narcotraficantes o a los delincuentes en general. El porte de armas por parte de exfuncionarios está vigente y no ayuda a desarmar el mercado ilegal de las armas”.

Con respecto a las declaraciones del subsecretario Monsalve, Alcaíno destaca que “no es lo mismo que una persona que cuenta con experiencia y entrenamiento porte armas de fuego a que lo hagan personas sin conocimientos en la materia. Además, a través de la Tarjeta de Identificación Personal, que debe ser renovada periódicamente, se garantiza la experiencia y responsabilidad del funcionario en retiro con respecto al porte de armas”.

Se espera que durante esta semana sean impulsadas una serie de medidas e iniciativas por parte del Gobierno que tendrán por objetivo el desarme de la población, el aumento de los requerimientos para la adquisición de armas por parte de civiles y la rotulación de munición.