• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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El sistema de justicia juvenil enfrenta un escenario marcado por la transformación de los delitos cometidos por menores de edad y por la necesidad de fortalecer los procesos de reinserción. Aunque los casos de mayor gravedad concentran parte importante de la atención pública, las cifras disponibles muestran que los adolescentes no son quienes explican mayoritariamente el fenómeno delictual en Chile.

Según los antecedentes entregados por la Defensoría de la Niñez, la participación de adolescentes en el total de delitos registrados por el Ministerio Público disminuyó desde un 8,2% en 2014 hasta un 5,5%. Además, entre un 70% y un 80% de los adolescentes que ingresan al sistema no reincide. Sin embargo, existe un grupo reducido y persistente que concentra una proporción importante de los delitos: aproximadamente el 1% de los adolescentes en conflicto con la ley acumula el 12,5% de los delitos totales.

La composición de los delitos también ha cambiado durante la última década. Mientras los robos y hurtos han disminuido, han adquirido mayor relevancia las lesiones, amenazas, delitos sexuales y aquellos vinculados al crimen organizado, las drogas y las armas. En este último ámbito aparecen fenómenos como el microtráfico, la utilización de armas y la receptación de vehículos.

La reincidencia tampoco se distribuye de manera uniforme. Los antecedentes proporcionados por la Defensoría de la niñez muestran que alcanza un 42,2% en adolescentes que cumplen sanciones en regímenes cerrados, mientras que, en medidas de medio libre, como la Libertad Asistida Especial, llega al 25,5%.

Una reforma que recién comienza a implementarse

Para Constanza Magna, psicóloga de la Universidad de Chile, máster y doctoranda en Antropología Social y Cultural e investigadora en niñez y adolescencia, antes de plantear nuevas modificaciones legislativas resulta necesario considerar la reciente reforma al sistema de justicia juvenil.

“La Ley N° 21.527 creó el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que reemplazó al antiguo sistema y terminó su implementación en todo el país durante este año. La reforma también incorporó una Política Nacional de Reinserción Social Juvenil y un plan de acción”, comenta.

Magna plantea que el sistema necesita tiempo para implementar y evaluar los cambios realizados. A su juicio, se trata de una reforma construida a partir de años de diagnóstico e investigación, orientada hacia una respuesta estatal especializada y articulada.

En relación con las cifras, la investigadora señala que un informe de la fiscalía nacional publicado a fines de julio de 2026 muestra que la participación de menores de edad en los delitos se mantiene alrededor del 5% del total y que los niveles registrados en 2025 continúan por debajo de los observados en 2015.

Asimismo, sostiene que la mayoría de los adolescentes abandona tempranamente las conductas delictivas y que alrededor de un 2,4% presenta una trayectoria persistente. Para Magna, el desafío está en diferenciar las respuestas frente a las distintas trayectorias delictivas, especialmente cuando se trata de jóvenes vinculados a delitos de mayor gravedad o a mercados ilegales y organizaciones criminales.

Crimen organizado y reclutamiento

Uno de los principales desafíos identificados por los especialistas corresponde al vínculo entre adolescentes y crimen organizado. Desde la Defensoría de la Niñez advierten sobre el reclutamiento de menores por parte de bandas integradas por adultos, particularmente jóvenes de entre 18 y 29 años, y plantean la necesidad de abordar específicamente este fenómeno.

Magna también sitúa el crimen organizado entre las principales preocupaciones. Explica que estas organizaciones utilizan a personas menores de edad para operar y que, en algunos casos, los adolescentes involucrados en delitos complejos representan solo una parte de estructuras criminales más amplias.

La investigadora plantea que resulta necesario analizar las condiciones que permiten el reclutamiento temprano y los factores que mantienen a los adolescentes vinculados a estas organizaciones. En ese sentido, sostiene que la respuesta no puede limitarse al ámbito jurídico o policial, sino que debe incorporar una mirada interdisciplinaria.

Reinserción y condiciones del sistema

Otro de los desafíos está relacionado con las condiciones en que se ejecutan las sanciones. La Defensoría de la Niñez identifica problemas de infraestructura y seguridad en los centros de privación de libertad, además de una relación entre los niveles de vulnerabilidad escolar y los ingresos al sistema penal.

También plantea la necesidad de fortalecer el acceso a salud mental, tratamiento de consumos problemáticos y educación, áreas que pueden incidir en los procesos de reinserción y en la prevención de la reincidencia.

Magna sostiene que no es posible avanzar en procesos efectivos de reinserción si los espacios destinados al cumplimiento de sanciones reproducen situaciones de violencia o vulneran derechos fundamentales.

¿Más penas o respuestas especializadas?

Frente al escenario actual, desde la Defensoría de la Niñez se plantea fortalecer la prevención, la persecución penal especializada y las estrategias dirigidas a los grupos de mayor persistencia delictiva. Entre las medidas propuestas aparecen la disuasión focalizada, el fortalecimiento de la especialización judicial, la justicia restaurativa, la mediación penal juvenil y los tribunales de tratamiento de drogas.

La institución también advierte sobre el riesgo de una regresión legislativa mediante iniciativas que busquen aplicar a adolescentes reglas propias del sistema penal adulto o aumentar las penas sin considerar la especialización de la justicia juvenil.

Magna coincide en que las propuestas orientadas a bajar la edad de responsabilidad penal o a juzgar a adolescentes como adultos no cuentan, según señala, con evidencia que permita sostener su efectividad para disminuir la reincidencia. Además, advierte que estas medidas podrían generar consecuencias negativas frente al reclutamiento de niños y adolescentes por parte de organizaciones criminales.