• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Con la llegada del verano y el alza sostenida de las temperaturas, Chile vuelve a enfrentar una temporada de incendios forestales marcada por el riesgo extremo. El reciente siniestro registrado en la comuna de San Pedro de Melipilla, en la Región Metropolitana, volvió a encender las alertas y abrió el debate sobre el nivel real de preparación del país.

La mañana del miércoles, Santiago amaneció cubierta por una nube de humo proveniente del incendio forestal Quilamuta, que se mantiene en combate con Alerta Roja y que, según cifras de Conaf, ya ha afectado una superficie aproximada de 2.500 hectáreas de pastizales, matorrales y arbolado. El avance del fuego obligó a evacuar algunos sectores y dejó como saldo cinco viviendas y una bodega destruidas, además de personas albergadas por el municipio, aunque sin lesionados hasta ahora.

El director regional de Senapred, Miguel Muñoz, calificó el siniestro como “bastante complejo” y de “características extremas”. Durante la jornada, autoridades de Senapred, Medio Ambiente y Salud realizaron un balance de la situación, poniendo énfasis en la calidad del aire en la Región Metropolitana y entregando recomendaciones a la ciudadanía para reducir los riesgos asociados a la exposición al humo.

Efectividad de la supuesta prevención

El episodio no solo evidenció la fragilidad de amplios sectores frente a incendios de rápida propagación, sino que también reabrió preguntas de fondo sobre la efectividad de la prevención, la capacidad de respuesta y la coordinación entre organismos públicos en escenarios cada vez más exigentes.

Desde una mirada crítica, Jorge Morales, académico de la Universidad de Santiago y exdirector regional de Conaf, sostiene que el problema estructural sigue estando en la falta de prevención. “Un plan preventivo debería prevenir, como su nombre lo sugiere. El momento de la prevención ya pasó y no se hizo porque en Chile no se hace prevención”, afirma.

A su juicio, el país está razonablemente preparado para una temporada “normal” de incendios, entre cinco y seis mil eventos anuales, con brigadistas capacitados, aeronaves suficientes y sistemas de coordinación efectivos. Sin embargo, advierte que frente a megaincendios como los ocurridos en 2017 o 2022, “simplemente no existe ninguna capacidad técnica, financiera o logística capaz de combatir eventos de esa magnitud”.

Morales también apunta a la expansión urbana en zonas rurales y forestales como un factor clave: “La expansión urbana aumenta las zonas llamadas de interfaz, que son la transición entre los centros poblados como pueblos, villorrios o condominios y los ecosistemas forestales sean estos naturales o plantados. Y, como en nuestro país el 99% de los incendios son provocados por las personas y la mitad de ellos son provocados en las zonas de interfaz, la conclusión es que la expansión urbana sin medidas de prevención aparejadas aumenta proporcionalmente el peligro de inicio de incendios y de propagación catastrófica de los mismos”.
Imagen referencial

Una visión complementaria entrega Paula Santibáñez, jefa del Observatorio Climático de la Universidad San Sebastián, quien reconoce avances en planificación y preparación institucional durante los últimos años. Destaca que Conaf en la Región Metropolitana formalizó su Plan de Prevención y Mitigación 2025–2026, reforzando el manejo de combustible, la coordinación territorial y las medidas preventivas en la interfaz urbano-rural. A ello se suma el rol de Senapred en materia de preparación y evacuación, con un uso cada vez más intensivo del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).

Capacidades para enfrentar los incendios forestales

En cuanto a capacidad de combate, la experta señala que para la temporada 2024–2025 se desplegaron más de 300 brigadas y 74 aeronaves, logrando que el 92% de los incendios se controlara antes de alcanzar las cinco hectáreas. No obstante, advierte que estos recursos se ponen a prueba en escenarios de olas de calor, viento y múltiples focos simultáneos, condiciones que se proyectan nuevamente para el verano 2025–2026. En ese contexto, la ciudadanía aparece como un actor clave, no solo en la detección temprana y el aviso oportuno, sino también en la prevención activa y el cumplimiento de las instrucciones de evacuación, en una temporada que vuelve a perfilarse como de alto riesgo para el país.

En sus proyecciones, la académica señala que “la combinación de episodios de calor, baja humedad y viento que favorecen una rápida propagación, especialmente en la zona central y en la interfaz urbano-rural. En lo climático, los monitoreos internacionales de ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) y las actualizaciones estacionales globales apuntan a un verano con señales compatibles con influencia de La Niña (probablemente débil), lo que aumenta la probabilidad de ventanas de varios días con condiciones ‘secas y ventosas’”.