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Menores de edad con armas de fuego y su presencia en delitos: Los datos, lo que dice la ley y los efectos

El acceso a dinero, bienes de consumo y la ostentación de poder, ha llevado a los más jóvenes a optar por una vida criminal.

En la comuna de Talcahuano (Región del Biobío), Carabineros detuvo a un joven de 16 años como el sospechoso de un ataque a mano armada en contra de dos adultos y una menor de cuatro años. El autor mantenía una pistola calibre 45 y posteriormente se dio a la fuga en un vehículo, que luego sería estrellado. Las víctimas quedaron internadas en el Hospital Las Higueras, con heridas graves, pero fuera de riesgo vital.

Según las cifras de Carabineros, hasta el 6 de agosto del presente año, se han contabilizado 1.840 detenciones por robo con violencia a nivel país. De estos, el 52% (956) de los detenidos se concentran en el rango etario comprendido entre los 18 y 30 años, mientras que el 21% (389) corresponden al rango de 14 a 17 años. Además, los detenidos de 17 años (119) y de 16 años (115) son los que presentan la mayor frecuencia absoluta.

Juan Carlos Manríquez, abogado y profesor de Derecho Penal y Litigación Estratégica de la UC, y presidente del Comité Jurídico de la Corte Penal Internacional, explica que la nueva Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), número 20.084, comprende un sub sistema que alcanza a los jóvenes entre 14 y 18 años considerados “personalidades en formación”, dándoles un tratamiento privilegiado respecto del delincuente adulto, y cada ilícito que puedan cometer, entre otras variantes, se castiga siempre con un grado menos de pena.

“Por eso las bandas los usan. Si tienen menos de 14 años no van a régimen de internación, sino al servicio mejor niñez o a sus casas o guardadores. Además, obtienen los niños lucro inmediato y visibilidad en redes sociales que les dan estatus y ‘prestigio’ entre sus pares. Son ‘carne de cañón’. Les entregan armas adaptadas o de verdad y drogas para que actúen con arrojo en portonazos, abordazos y asaltos a casas”, comenta.

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El especialista detalla que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente contempla las siguientes sanciones: Internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, libertad asistida especial con internación parcial, libertad asistida especial, libertad asistida simple, prestación de servicios en beneficio de la comunidad, reparación del daño causado y amonestación.

La legislación también comprende penas accesorias, como la prohibición de conducción de vehículos motorizados; comiso de los objetos, documentos e instrumentos de los delitos; las medidas accesorias previstas en la Ley Nº 20.066 (ley de violencia intrafamiliar); y la prohibición de asistir a cualquier espectáculo de fútbol profesional y a las inmediaciones de los estadios en que se juega, prevista en la Ley N° 19.327 de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional.

De acuerdo con Manríquez, las sanciones tienen por objeto hacer efectiva la responsabilidad de los adolescentes por los hechos delictivos que cometan, de tal manera que la sanción forme parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social. Y se deben contemplar factores como la edad y el desarrollo psicosocial del condenado, si se empleó violencia física, la gravedad del delito, uso de armas, entre otros.

El abogado precisa que la normativa no califica a los menores como delincuentes. “Los niños de 14 a 18, como dice la Unicef, se consideran personas en formación, y la nominación técnica es la de infractores de ley”, añade.

La participación de menores en delitos violentos y el rol del crimen organizado

Pía Greene, investigadora del Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián (CESCRO), indica que el crimen organizado, en general, busca formas de poder hacer más fácil su accionar, como, por ejemplo, usando niños o jóvenes que son inimputables ante la ley para poder cometer ciertos delitos.

“Es más difícil castigarlos, en el fondo. Lo otro es que también, el tema de que estos grandes monumentos (mausoleos) y la cantidad de plata que tiene la gente del crimen organizado, especialmente del narcotráfico, se muestran como modelos para los jóvenes. Entonces también a ellos les llama entrar a un trabajo así que les va a traer un rédito o mucha plata”, asevera la especialista.

Ante el aumento del tráfico de armas en el país, la investigadora de AthenaLab, Pilar Lizana, señala que el acceso a estas es mucho más fácil, y menciona que, el poderío del narcotráfico y el establecimiento de la “narcocultura”, le ha mostrado a los jóvenes una forma de acceder a dinero rápido y bienes de consumo que despiertan su interés, así como relaciones de poder que los alejan de desarrollar su camino a través de los estudios, prefiriendo ingresar al mundo criminal.

Se observa a menores de edad que les gusta ingresar a este tipo de grupos criminales y robar autos, por ejemplo, para ostentar el poder que ellos sienten al robar ese auto. Suben a las redes sociales las imágenes manejando estos autos de lujo robados, se muestran con música fuerte manejando estos autos a gran velocidad, porque en el fondo es mostrar el poder que van adquiriendo. Por eso estos menores miran de esa manera tan interesada a este tipo de grupos”, asegura la experta.

Lizana afirma que la utilización de menores de edad en la comisión de delitos en Chile no es algo nuevo, sin embargo, advierte que la principal preocupación es que hoy se están asociando al crimen organizado, donde las bandas los forman como “soldados narco”, cometiendo delitos más violentos y accediendo a todo tipo de armas, como diferentes calibres o armamento a fogueo modificado.

Pía Greene indica que, hoy en día, los riesgos que corren los jóvenes de participar en actos delictuales son mucho más bajos porque hay menos imputados conocidos, donde se están archivando más causas y existe mayor aleatoriedad. De este modo, la especialista agrega que, ante castigos menos frecuentes, los jóvenes optan por entrar más en estas actividades delictuales.

“Hoy Chile atraviesa por una crisis de seguridad sumamente significativa, donde las organizaciones criminales están dispuestas a todo con tal de seguir avanzando en los delitos. Usar a menores de edad y armamentos es prueba de la decisión con la que actúan las bandas organizadas. El deber del Estado es enfrentar con la misma decisión a los delincuentes, destinando recursos y habilitando legislación para entregar seguridad a Chile”, expresa el diputado Evópoli, Jorge Guzmán.

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