• Marco Zecchetto Rocco, equipo de Facts
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Baños “plurigenéricos”, comida vegana, mayor comodidad para las personas neurodivergentes y derogación de la Ley Aula Segura. Estos son algunos de los 15 puntos del petitorio estudiantil realizado por el Consejo de Delegados de Curso (Codecu) del Instituto Nacional que, marcado por doce suspensiones por hechos de violencia, cortes de agua, “jornadas de reflexión” y la reciente toma de la institución (iniciada la mañana del miércoles), deriva en que los alumnos ya han perdido al menos 21 días de clases.

La publicación de este documento por parte de la organización estudiantil fue emitida el mismo lunes que ingresó la nueva rectora, Carolina Vega, el cual le “exige a las autoridades correspondientes un plazo de cinco días hábiles para la entrega de una respuesta sólida y concreta”.

Algunos de los puntos destacados en el petitorio, además de los ya mencionados, exigen:

• Mejoras en los insumos básicos del establecimiento, en materia educacional, de higiene y salubridad
• Que haya mayor flexibilidad con el uso de uniforme
• Poner término al NEM y al Ranking
• Reestructurar el sistema de admisión a la Educación Superior
• Incremento en el personal de aseo y docentes
• Educación Cívica y Sexual Integral, y Filosofía

Además, el documento acusa una persecución hacia los estudiantes que participan en organizaciones políticas al interior del Instituto, así como una “extrema violencia” de Carabineros contra los alumnos. También, se solicita un mayor número de psicólogos por nivel y mejoras en la infraestructura.

Factores del conflicto y la situación actual

Ernesto Treviño, investigador asociado del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación de la Universidad Católica (CEPPE UC), señala que existe una multiplicidad de factores que han llevado a los hechos de violencia en la institución, pero destaca que existe una “falta de formación en procesos ciudadanos y de formas democráticas y pacíficas de resolver las diferencias”, que ha sentado las bases de ese clima escolar.

Además, el experto indica que dentro del establecimiento conviven grupos con distintos perfiles políticos y creencias respecto de cómo producir movilizaciones sociales que, según argumenta, pueden apuntar a objetivos legítimos, pero que pierden legitimidad por los hechos de violencia que ocurren con frecuencia.

“Es difícil identificar los factores, pero parece haber un nivel tan alto de politización del establecimiento que su proyecto educativo se ha diluido y se ha hecho irreconocible. Apenas queda una conexión entre lo que fue para generaciones pasadas, y lo que es hoy”, manifiesta Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar -fundación sin fines de lucro que vela por contribuir con evidencia, análisis y opinión al debate de las políticas públicas en el ámbito de la educación-.

Efectos de la pérdida de clases y las medidas a implementar

Ernesto Treviño enfatiza en que los efectos de la pérdida de clases de los estudiantes son significativos, especialmente en el ámbito de la posibilidad de socializar con compañeros y compañeras.

En esa línea, el investigador asegura que uno de los principales problemas socioemocionales es la soledad que sufren los estudiantes, argumentando que perder el espacio de socialización de la escuela limita las posibilidades de encontrarse con sus amigos. Además, destaca que la pérdida de clases es más grave en términos de aprendizaje, al considerar los efectos que generó la pandemia en esta materia.

“El Instituto Nacional requiere de un programa permanente de reconstitución de la comunidad y de generación de habilidades de liderazgo en contextos de convivencia democrática. Todos los años se reciben alumnos de distintos lugares del país que apuntan a estudiar en ese establecimiento por su tradición, y seguramente son estudiantes con liderazgo”, expresa Treviño.

El experto añade que es indispensable ayudar a los estudiantes a generar habilidades individuales y grupales para la solución pacífica y democrática de diferencias, a modo de “colaborar en vez de competir”. Y sostiene que este último punto debería ser aplicado en todo el país.

Daniel Rodríguez agrega que una forma de “rescatar lo que queda” del proyecto educativo del Instituto Nacional, es acelerar su transferencia al Estado, adelantando la creación del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, y critica que las municipalidades han sido “sistemáticamente incapaces” de resolver esta situación.