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Pobreza y los límites del desarrollo en Chile: Las diferentes cifras describen un panorama poco alentador

Las nuevas estimaciones impulsan un giro en el diseño de políticas sociales.
Dentro de las conclusiones de la Comisión Asesora para la Actualización de la Medición de la Pobreza se plantea que es necesario “subir la vara” en los criterios que determinan la línea de pobreza. Al comparar las mediciones anteriores y aplicar los cambios metodológicos propuestos por la comisión, la tasa de pobreza nacional revelada por la última Encuesta Casen (2022) llegaría a 22,3 %, más que triplicando el 6,5 % estimado con la metodología anterior.
Según el artículo “Nueva herramienta, nueva cifra: La urgencia de medir (bien) la pobreza”, publicado por el Centro de Estudios Públicos (CEP), más de uno de cada cinco chilenos viviría con ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. El documento advierte que lo que ha cambiado no es la realidad de las personas, sino los parámetros con los que el Estado la mide, lo que no es trivial: se trata del punto de partida para construir políticas sociales eficaces.
“Un desafío más profundo de lo previsto”
Manuel Chong, economista y académico de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello, señala que con la nueva metodología —que actualiza los costos de vida y redefine las necesidades básicas— la pobreza en Chile alcanza un 22,3 % en 2022. Esto evidencia que las cifras anteriores subestimaban la magnitud del problema y que el desafío es “más profundo de lo previsto”.
Aunque después de la pandemia se observó una disminución de la pobreza gracias a las transferencias estatales y la recuperación parcial del empleo, esta continúa siendo estructural. Chong sostiene que las mayores concentraciones se registran en el sur, en zonas rurales y en regiones del norte afectadas por la migración, mientras que en las grandes urbes persisten cinturones de pobreza vinculados al déficit habitacional y al empleo precario.
Desde su perspectiva, para revertir este escenario el Estado debe actuar en tres frentes. Primero, señala que es indispensable un crecimiento económico robusto, dado que históricamente cerca del 92 % de la reducción de la pobreza se ha asociado a ese factor, aunque actualmente el PIB crece apenas en torno al  2% anual.
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En segundo lugar, Chong afirma que la informalidad laboral —que afecta al 26 % de los trabajadores— debilita la protección social. Y finalmente, aunque los programas sociales han sido eficaces en el corto plazo, su impacto podría ser limitado sin un entorno económico más dinámico.
Los grupos más vulnerables
De acuerdo con Chong, los grupos más vulnerables en Chile son las mujeres jefas de hogar, los trabajadores informales, personas pertenecientes a pueblos originarios en zonas rurales y los migrantes recientes.
Las mujeres jefas de hogar tienen más riesgo de caer en la pobreza por las desigualdades salariales, la sobrecarga de tareas de cuidado y su predominancia en empleos informales. Los trabajadores informales —que representan el 26 % del total— carecen de acceso a seguridad social y enfrentan mayor vulnerabilidad ante crisis.
En tanto, “las comunidades indígenas presentan índices de pobreza superiores al promedio nacional. Lo mismo ocurre con quienes viven en áreas rurales, donde el empleo estacional acentúa la fragilidad económica. Además, los migrantes recientes enfrentan una pobreza por ingresos que casi duplica la de los chilenos, en un contexto marcado por el hacinamiento y la precariedad laboral”, explica.
Marcela Vera, economista y académica de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile, coincide en que la pobreza se concentra especialmente en las zonas extremas del país, afectando con más fuerza a la población rural, indígena, femenina y adulto mayor.
A su juicio, cuando el Estado dispone de mayores recursos, como ha ocurrido en períodos de alto precio del cobre —con el consiguiente aumento de los ingresos fiscales provenientes de Codelco—, se fortalece su capacidad tanto para reducir la desigualdad como para disminuir el número de personas en situación de pobreza o cercanas a ella.
Vera argumenta que la pobreza y la desigualdad están profundamente ligadas a falencias estructurales no resueltas por los servicios públicos: la calidad deficiente de la educación, las limitaciones del sistema de salud, la falta de diversificación productiva en el territorio y la escasa infraestructura pública que permita llegar a todas las comunidades del país.
En este sentido, la economista advierte que solo el Estado tiene la capacidad real de diseñar e implementar planes de desarrollo nacional que impulsen sectores productivos clave. Esto permitiría crear condiciones estructurales para reducir de manera sostenida tanto las brechas de desigualdad como los indicadores de pobreza multidimensional que aún persisten en Chile.

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