• Marco Zecchetto Rocco, equipo de Facts
• |
• Ver más de facts

En los últimos años, el crimen organizado se ha asentado en el país, introduciendo nuevos delitos, como la extorsión o el sicariato, cambiando la forma en cómo se cometen los homicidios (cuerpos hallados en público), exportando droga a través de los puertos nacionales, e incluso, estableciendo un nuevo tipo de población penal con nexos directos hacia el exterior.

A raíz de las amenazas a magistrados por parte de redes criminales y el ataque frustrado a un fiscal en Arica, que lo llevó a ser trasladado a Santiago, los persecutores han hecho hincapié en la protección de testigos, víctimas y funcionarios. En los últimos meses, han surgido cuestionamientos contra resoluciones de jueces que han fallado a favor de las defensas de acusados pertenecientes a bandas organizadas. De acuerdo con querellantes de la fiscalía y el Gobierno, los fallos han dejado en entredicho la seguridad de quienes intervienen en el sistema judicial.

Una de las investigaciones actuales que han preocupado al Ministerio Público, comprende un seguimiento al grupo vinculado al Tren de Aragua, conocido como Los Gallegos, en la zona norte del país. Dicho clan ha sido imputado por homicidios, sicariato, secuestros, tráfico de drogas, entre otros delitos.

Durante el transcurso de la investigación llevada a cabo por la fiscalía, en el Cerro Chuño (Arica) fueron encontrados cuerpos de víctimas vinculadas al clan Los Gallegos, agrupación que actualmente está a la espera de enfrentar un juicio por este y otros delitos.

Las estadísticas por Unidad Territorial del Centro de Estudios de Análisis del Delito (CEAD), con respecto a los casos policiales registrados en lo que va del 2023, muestran que la región de Tarapacá tiene la mayor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes (4,7), seguida de la región de Coquimbo (3,7), Arica y Parinacota y Atacama (ambas con 3,1), y la región de Valparaíso (3,0).

De acuerdo con los registros de Gendarmería -en torno a la categorización de privados de libertad-, hasta el 30 de junio, la población penal extranjera ascendió a 6.726 internos a nivel país (13,21% del total), cifra que en el mismo mes del 2022 alcanzaba los 4.622 internos (10,74% del total). El problema se acentúa principalmente en los recintos carcelarios de la macrozona norte.

En base a los datos de la institución, las regiones que encabezan los registros de reclusos extranjeros son, Tarapacá (48,63%), Arica y Parinacota (34,2%), y Antofagasta (31,84%).

“Alrededor de la mitad de la población penal en el norte es extranjera, y eso no significa que todos sean parte del crimen organizado, pero sí, efectivamente, en el norte se ven muchos más delitos de homicidio, extorsión y secuestro. Hay tráfico de personas, de drogas, etc. Y, en ese caso, en el tema cárceles, efectivamente hay que comentar que, dada la condición carcelaria que tenemos hoy, existe un problema en cuanto al tratamiento que se le da a la población penal”, asegura la investigadora de AthenaLab, Pilar Lizana.

Según la experta, en la actualidad, toda la población penal comparte y se relaciona en la misma cárcel, argumentando que los recintos enfrentan problemas de hacinamiento, y se está generando traspaso de conocimiento y aprendizaje por parte de reos primerizos o con menor experiencia que aquellos que vienen desde el extranjero, asociados a grupos de crimen organizado y que traen técnicas nuevas.

La investigadora recalca que no solamente se produce un aprendizaje de nuevas modalidades delictuales en las cárceles, sino que también existe control territorial dentro de las mismas, que permite a las redes organizadas internacionales a operar y seguir ejerciendo poderío desde el interior hacia el exterior de los recintos penales.

El poderío del crimen organizado en el norte y las bandas presentes en el país

Lizana explica que es a través de la zona norte donde entra a Chile el tráfico de migrantes, la trata de personas, el tráfico de drogas y el contrabando, argumentando que el contexto geográfico y fronterizo es altamente permeable, con una infinidad de pasos no habilitados que se pueden cruzar fácilmente.

Adicionalmente, enfatiza que en ese sector se está dando una crisis migratoria importante, pero que eso no significa que sea la causa de la llegada del crimen organizado. “El crimen organizado ha llegado a Chile porque el país tiene condiciones que le permite desarrollarse, pero lo que sí pasa con la crisis migratoria es que genera oportunidades para el crimen organizado”, comenta.

Pía Greene, investigadora del Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián (CESCRO), asevera que muchas de las personas extranjeras que entran de manera ilegal al país, vienen en busca de mejor trabajo y mejores oportunidades de vida, pero no pueden entrar de manera regular.

A pesar de esto, la especialista destaca que existe cierto grupo de inmigrantes irregulares que traen e instalan delitos o modus operandi distintos a los que existían previamente en el país. En esa línea, afirma que, en numerosas ocasiones las bandas organizadas internacionales que se instalan en Chile trabajan con bandas nacionales, a modo de poder hacer acciones conjuntas. “Por ejemplo, el tráfico ilícito de inmigrantes es un delito que por sí actúa en bandas criminales de ambos países, desde el origen y desde el destino. Hoy día nosotros somos un país destino”, menciona.

Entre las bandas que operan actualmente en Chile, Pilar Lizana señala:

• El Tren de Aragua (origen venezolano), una de las redes de crimen organizado que tienen gran poder en el norte.
• Carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que si bien, no están instalados propiamente tal como la banda anterior, han utilizado infraestructura portuaria nacional para exportar droga hacia el mundo.
• El Primer Comando de la Capital (originario de Sao Paulo, Brasil). El más relevante según la experta, dado su poderío en América Latina y su presencia en más de 30 países.
• Mafias chinas como la Bang de Fujian, dedicada al cultivo indoor de marihuana, tráfico y trata de personas. Esta organización se ha identificado principalmente en la zona centro de Santiago, pero cuenta con alcance global y con una red muy densa a nivel internacional.

La investigadora de AthenaLab sostiene que factores como la debilidad institucional, el déficit de soberanía y el ejercicio de la misma, la vulnerabilidad de las fronteras, y la existencia de un retroceso del Estado de Derecho, han permitido a las bandas organizadas controlar territorios en Chile, especialmente en el norte, donde la ubicación geográfica y los problemas fronterizos están a su favor.

“La necesidad y la vulnerabilidad del migrante es una oportunidad para el crimen organizado. La debilidad del Estado para controlar ese territorio fronterizo es una oportunidad para que el crimen organizado desarrolle su negocio, para que controle territorio, para que ingrese droga, trafique personas, se dedique al contrabando, etcétera”, añade Lizana.