• Marco Zecchetto Rocco, equipo de Facts
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Diferentes analistas y expertos se han manifestado para el establecimiento de una nueva institucionalidad que haga frente a la inseguridad y crimen organizado en el país. Ante el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública (actualmente en segunda tramitación en el Congreso), un análisis llevado a cabo por la Fundación Paz Ciudadana sostiene que la iniciativa presenta deficiencias que deben ser abordadas antes de que pase a ser ley.

El director ejecutivo de la fundación, Daniel Johnson, señaló a El Mercurio que existen tres puntos clave que deben ser mejorados en la discusión parlamentaria de la moción: modificar su estructura interna, mejorar los plazos de instalación, y la definición de subdivisiones y departamentos.

“No nos podemos equivocar en la redacción, porque es un proyecto extremadamente relevante y tiene que salir muy bien. (…) El proyecto mantiene una estructura muy similar a la actual, lo que no permitirá acciones diferentes. Esta estructura ha demostrado ser insuficiente para abordar la inseguridad y, particularmente, la prevención del delito“, comentó Johnson.

La investigadora del Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián (CESCRO), Pía Greene, destaca que, a pesar de ser necesaria la creación de esta nueva institucionalidad, la iniciativa en trámite no está bien focalizada y carece de elementos que permitan generar un cambio real en el panorama.

Según la experta, actualmente existe una falta de coordinación entre las diferentes instituciones, que no ha permitido establecer políticas públicas con buenos resultados. En ese contexto, hace alusión a la Subsecretaría de Prevención del Delito, argumentando que esta no ha cumplido con el rol de coordinar a los distintos organismos públicos (como Fiscalía, Ministerio del Interior, policías, etc).

Es por esto que Greene sostiene que la idea de crear un nuevo Ministerio de Seguridad es una buena oportunidad para que exista un rol coordinador interinstitucional, y señala que hoy, los organismos están dispersos y no tienen demasiados incentivos para trabajar en torno a un objetivo común.

“Hoy día cada uno trabaja por su objetivo de acuerdo a su ministerio. Por ejemplo, Aduana está en el Ministerio de Hacienda, Gendarmería está en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) está naciendo también, las policías están en una parte, las otras están en Directemar, están las Fuerzas Armadas; o sea, cada uno está disperso y cumplen con sus objetivos institucionales específicos, pero no tienen incentivos para cumplir con los objetivos comunes, como son resguardar la seguridad del país, que finalmente es la primera prioridad de las personas”, asevera la experta.

La investigadora de AthenaLab, Pilar Lizana, señala que la iniciativa crea un ministerio con muchas funciones asociadas a elaboración, diseño y evaluación de políticas, planes y guías, además de estrategias, con muchos roles asociados al análisis de datos en torno a distintas temáticas relacionadas con la seguridad, como la ciberseguridad, las fronteras, seguridad privada, orden público, persecución penal, reinserción, entre otros.

La especialista indica que la institución tendría dos subsecretarías, la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Subsecretaría de Seguridad Pública. Ante esto, comenta que existen dudas con respecto a si es que estas dos subsecretarías se van a trasladar desde el Ministerio del Interior, o se van a agregar a este nuevo departamento ministerial, añadiendo roles analíticos y de estudios

Los pro y contras del proyecto

De acuerdo con Pía Greene, una de las deficiencias de la moción, es que se entrega una figura de subsecretario de seguridad pública que permite intervenir, no solamente en estructura organizacional, sino también en estrategias policiales, permitiéndole involucrarse dentro del alto mando policial.

“Un subsecretario, un ministro, no puede decir, no puede tomar la decisión que un carabinero está tomando de una manera u otra, o si es que se va a enfrentar la marcha de hoy día con una estrategia policial específica. Esas cosas las hacen las policías y tienen autonomía para realizar esas cosas. Porque si no, lo que estamos haciendo es que el subsecretario o el ministro de seguridad está sujeto a cualquier error de cualquier carabinero o cualquier decisión que se tome. Que tenga él la responsabilidad política”, manifiesta la investigadora.

La experta destaca que, aunque el proyecto establece que se va a solicitar información a otras instituciones, no se amplían las facultades para exigir esa información.

“Lo que a mí sí me parece muy grave y que no está, es que sacan al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de ahí. O sea, la experiencia comparada te demuestra que la seguridad pública, dado que son los mismos actores que funcionan frente a una calamidad, frente a una catástrofe, frente a una cosa antrópica o no antrópica, o sea, que es producida por el hombre -como un ataque terrorista-, o producida por la naturaleza como un aluvión, un tsunami, un terremoto o cualquier cosa, son las mismas instituciones las que participan. Por lo tanto, la autoridad debiera ser la misma y no debiera estar en otra parte”, sostiene Greene.

Finalmente, la investigadora destaca que avanzar en la discusión de este tipo de proyectos es un punto a favor, especialmente en materia de coordinación interinstitucional. Sin embargo, enfatiza en que una ley no cambiará el panorama de seguridad inmediatamente, argumentando que son las correctas políticas públicas las que definen la viabilidad de una estrategia de seguridad efectiva.

“Por lo que se ve en el proyecto de ley, podría ser un ministerio muy robusto con mucha musculatura, pero necesitamos que esa musculatura sea muy precisa también. (…) Acá lo más relevante, cuando miramos el proyecto de Ministerio de Seguridad Pública, hay que pensarlo en el fondo en lo que viene y cómo vamos a enfrentar lo que viene. Si es que ese trabajo y ese espíritu de apuntar a una coordinación no se materializa en la práctica, simplemente podríamos terminar con un ministerio más y con los mismos resultados que estamos teniendo hasta hoy día”, agrega Pilar Lizana.