• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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El miércoles 18 de junio, en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, se votaría el proyecto de ley que busca modificar la Ley N.º 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente. Sin embargo, y pese a estar en tabla, la discusión quedó pendiente. Esta iniciativa, que pretende endurecer las penas para jóvenes infractores, surge en un contexto marcado por el aumento de la delincuencia juvenil.

Solo en las últimas semanas se han reportado al menos diez episodios de violencia escolar en diversas comunas del país, en los que adolescentes se han visto involucrados en delitos relacionados con el porte de armas de fuego, drogas y amenazas. En uno de los casos más graves, un estudiante de 16 años fue apuñalado por un compañero dentro del Liceo Municipal Sara Troncoso, en la comuna de Alhué.

Los datos de la Fiscalía Nacional evidencian una participación creciente de jóvenes en hechos delictivos. Entre 2023 y 2024, los imputados menores de edad aumentaron en un 9,8%. Solo en 2024, se registraron 40.069 adolescentes imputados entre 14 y 17 años, una cifra comparable únicamente con los niveles de hace una década.

En cuanto a cifras más recientes, el boletín trimestral de la Fiscalía —correspondiente al periodo entre enero y marzo de 2025— informa que durante ese lapso ingresaron 7.177 infractores. El informe aclara que un mismo caso puede involucrar a más de un infractor, y que existen criterios que pueden duplicar el conteo de RUT, como la comisión de delitos en distintos meses o el cambio de rango etario entre delitos cometidos.

En el mismo periodo de 2024, se habían registrado 7.016 adolescentes infractores, lo que representa un aumento leve pero significativo, considerando el impacto social que conllevan estos casos.

La propuesta de modificación

El proyecto busca aumentar las sanciones aplicables a adolescentes infractores y, en palabras del texto legal, “fortalecer la respuesta sancionatoria frente a conductas consideradas de especial gravedad”. No obstante, diversos expertos han advertido que un aumento de penas no necesariamente genera un efecto disuasivo.

Anuar Quesille, defensor de la Niñez, ha manifestado que esta reforma “no es pertinente”, ya que omite mecanismos de evaluación previamente establecidos en la ley 20.084, los cuales fueron integrados con la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil —institución establecida mediante la Ley N.º 21.527 en 2023— y cuya implementación aún está en curso y se espera finalice en 2026.

Además, ha señalado que el proyecto no aborda aspectos críticos como el cumplimiento efectivo de las sanciones ni cómo estas pueden propiciar la reinserción social, un elemento central para enfrentar el problema. Según los datos de la Defensoría de la Niñez, entre 2016 y 2024, el porcentaje de causas con término judicial efectivo que involucraron a adolescentes cayó de un 74% a un 51%. Asimismo, las sentencias definitivas condenatorias pasaron de un 34% a un 15% del total de términos.

La socióloga y académica de la Universidad de Santiago de Chile, Teresa Pérez, explica que el endurecimiento de penas no ha demostrado ser un factor de disuasión eficaz. En lugar de ello, señala que experiencias internacionales como las de Alemania, Estados Unidos, Países Bajos y Brasil han evidenciado que aumentar las penas no genera una reducción estadísticamente significativa en la participación juvenil en delitos. De acuerdo con Pérez, incluso cuando se observa una baja inicial, esta no suele superar el 25% y, en algunos casos, los índices delictivos se incrementan nuevamente en los años posteriores.

Por su parte, Quesille sostiene que la propuesta va en sentido contrario a la evidencia internacional, la cual demuestra que no hay una correlación directa entre el aumento de penas y la disminución del delito. En cambio, subraya que estrategias como el patrullaje focalizado, el seguimiento individualizado de sanciones, la vinculación con la educación y el trabajo, así como la mejora en habilidades básicas como la lectoescritura —especialmente en jóvenes con trayectorias escolares interrumpidas— son medidas más efectivas para prevenir la reincidencia.

Además, enfatiza que la adolescencia es una etapa crítica del desarrollo humano, caracterizada por cambios neurológicos que afectan la toma de decisiones, el control de impulsos y la reacción ante el castigo. Desde esta perspectiva, una sanción más severa no necesariamente disuade a un adolescente de cometer un delito.