• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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El Ministerio de Desarrollo Social y Familia activó nuevamente el Código Azul, una estrategia destinada a proteger a las personas en situación de calle frente a la ola de frío que afecta a las zonas centro y sur del país. Desde la tarde del domingo hasta las 13:00 horas del lunes, la medida se implementó en toda la Región Metropolitana y en las comunas de San Felipe, Los Andes, Rancagua, Curicó, Talca, Chillán, Los Ángeles y Temuco.

Esta iniciativa refuerza el sistema de atención en calle mediante el aumento de operativos móviles y la ampliación de cupos de alojamiento en albergues. Su propósito es resguardar la vida de quienes viven a la intemperie, especialmente durante condiciones invernales extremas. Estas se definen cuando la temperatura es igual o inferior a 0 °C, o bien, igual o menor a 5 °C con pronóstico de precipitaciones, nevadas o agua-nieve, según detalla la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Desde hace algunos días, las autoridades ya habían advertido sobre la llegada de una ola polar con temperaturas inusualmente bajas, fenómeno que vuelve a poner en evidencia la dura realidad que enfrentan quienes viven en la calle.

¿Cuál es la situación actual?

Según datos de la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, proporcionados a Emol Facts, actualmente se registra un total de 20.400 personas en situación de calle a nivel nacional. Aunque esta cifra representa una leve baja respecto al año anterior, refleja una problemática social persistente.

En 2024, el número ascendía a 21.259 personas, mientras que en 2023 la cifra fue de 20.775. En 2022, se contabilizaron 19.611 personas en esta condición, y en 2021, 14.355. Los datos de los años anteriores corresponden al 31 de octubre, mientras que los de 2025 fueron registrados al 31 de marzo.

Trayectorias marcadas por la exclusión social

Roxana Zuleta, trabajadora social y académica de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, afirma que la situación de calle no responde a una única causa, sino que es el resultado de la interacción de múltiples factores. En sus palabras, este fenómeno es “la punta de un iceberg”, es decir, una manifestación visible de una serie de condiciones estructurales que empujan a las personas hacia la exclusión social.

Según explica, entre los principales factores se encuentran el consumo problemático de alcohol o drogas, conflictos familiares —incluyendo la violencia intrafamiliar o en centros residenciales en el caso de menores—, dificultades socioeconómicas, trastornos de salud mental y una red de apoyo social deficiente o inexistente.

Zuleta también advierte que muchas familias enfrentan enormes dificultades para acceder a una vivienda, especialmente cuando no cuentan con ingresos estables ni trabajo formal. Esta situación, combinada con los factores mencionados, puede llevarlas a habitar la calle como una forma extrema de subsistencia.

La académica sostiene que más que un hecho puntual, la situación de calle responde a “trayectorias de vida atravesadas por la desprotección social“, en las que han fallado tanto el Estado como las instituciones, los servicios, las familias y la comunidad para garantizar condiciones básicas de vida digna.

Además, remarca que quienes viven en la calle enfrentan una doble exclusión: por un lado, el acceso limitado o nulo a bienes y servicios básicos; y por otro, una marginación simbólica, donde los prejuicios sociales y la discriminación les niegan su reconocimiento como sujetos de derechos.

En ese sentido, explica que estas personas sufren una forma de “despojo social”, donde la precarización de su vida se manifiesta en la falta de acceso a alimentación, vivienda, salud, educación y protección social. Esta situación, advierte, incrementa el riesgo de ser víctimas de otras formas de violencia, como maltrato, abuso sexual, trata de personas y exposición al microtráfico.

Planes estatales

La subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, explicó que la estrategia del ministerio contempla dos ejes principales: proteger la vida durante el invierno y apoyar procesos que permitan superar la situación de calle. El Plan Protege Calle, dijo, responde a la urgencia estacional ofreciendo abrigo, alimentos y albergue, pero también existen programas permanentes que acompañan el proceso de reinserción.

Entre ellos destaca el funcionamiento de residencias familiares, las cuales forman parte de los centros de superación y tienen una duración de tres meses. En ese período se trabaja con las familias para integrarlas a redes de apoyo y fomentar un egreso más autónomo. En el caso del programa Vivienda Primero, que entrega una solución habitacional concreta, el acompañamiento se extiende por hasta tres años. Durante ese tiempo se realizan intervenciones sociales, procesos de reunificación familiar y otras estrategias para dejar la calle de forma definitiva.

Actualmente, el programa Noche Digna cuenta con 2.934 camas habilitadas, de las cuales 1.610 forman parte de la oferta invernal del Plan Protege Calle. De estas últimas, 1.487 se encuentran ocupadas, lo que equivale a un 92,4 % de ocupación.