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Responsabilidad penal adolescente: Lo que establece la ley y los factores que inciden en la formación de jóvenes delincuentes

Las sanciones, las causas y medidas para enfrentar este problema.

Durante la madrugada del pasado miércoles, dos jóvenes de 16 y 17 años fallecieron mientras intentaban llevar a cabo un portonazo a mano armada en la comuna de Santiago. Sin embargo, el conductor del vehículo abrió fuego, según su defensa, a modo de repeler el asalto, provocando la muerte de los adolescentes. Este es uno más de los diversos casos delictuales que involucran a menores de edad, situación que se repite y afecta a todo el país.

De acuerdo con el último Boletín Estadístico Anual de Fiscalía, entre enero y diciembre de 2022 se contabilizó un total nacional de 27.600 delitos ingresados por infracción a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (N° 20.084), y un total de 27.644 menores de edad ingresados al Ministerio Público en dicho período, 7.450 más que en 2021 (20.194).

Según el informe, las categorías de delitos más cometidos por menores durante el año pasado fueron:

• Lesiones (6.559 casos ingresados)
• Delitos contra la libertad e intimidad de las personas (4.163)
• Delitos sexuales (2.867)
• Otros delitos contra la propiedad (2.375)
• Faltas (2.373)
• Robos (1.700) y Hurtos (1.576)
• Otros delitos (1.245) y Ley de Drogas (1.000)

De acuerdo con las estadísticas publicadas por Fiscalía, del total de menores infractores ingresados en 2022, 10.239 correspondían al tramo etario de entre 14 y 15 años, mientras que 17.405 se encontraban entre los 16 y 17 años de edad.

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Según el balance más actual de Carabineros, en lo que va del presente año se han registrado 112 detenidos por robo violento de vehículo, de los cuales, el 31% corresponden a niños, niñas y adolescentes (NNA).

Ley de Responsabilidad Penal Adolescente

Juan Carlos Manríquez, abogado y profesor de Derecho Penal y Litigación Estratégica de la UC, y presidente del Comité Jurídico de la Corte Penal Internacional, explica que esta norma tuvo su última modificación el 30 de diciembre del año 2022, mediante la Ley 21.522.

En relación al sistema de responsabilidad penal adolescente, el experto detalla que el primer principio fundamental de la ley establece que los adolescentes no son delincuentes, sino que son jóvenes infractores de ley.

“La ley en Chile, por regla, trata de no imponer castigos o penas penales, sino que buscar en primer lugar, cuando se trata de faltas no constitutivas de crímenes o delitos más graves, un sistema de intervención, hoy día a través del servicio Mejor Niñez, y dejando entonces el sistema penal como subsidiario”, asevera el académico.

En el caso de la aplicación del sistema penal, el especialista indica que este opera de manera atenuada. “Por ejemplo, la ley establece como una de sus bases fundamentales siempre atender al interés superior del adolescente, en los términos que refería previamente”, precisa.

Tratándose de delitos sexuales, tales como los abusos, los abusos agravados, con contacto corporal u otros, Manríquez explica que, por regla, no se procede criminalmente si la víctima es menor de 14 años y el autor también es menor de edad, siempre y cuando no concurran los elementos de la violación.

Si estos llegaran a concurrir, el académico afirma que se procede a atender una subregla en particular, esto es, que si hubiera más de dos años de diferencia entre la víctima (varón o niña) y el autor, entonces se aplicará el sistema penal. El experto ejemplifica que, si la afectada es una niña de 13 años y el autor tiene 15 años, no hay más de 2 años de diferencia y no concurre la circunstancia de la violación, no se llevará la causa a juicio penal.

“Si hay más de dos años de diferencia, por ejemplo, el niño tiene 16 y ella 13, se llevará la causa a la justicia penal. Por último, la prescripción de las infracciones que puedan cometer los menores de edad, adolescentes, es de dos años, salvo que se trate de penas de crimen”, añade Manríquez.

Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo -institución que busca el desarrollo positivo de la infancia, a través de la implementación de programas que cuenten con evidencia y tengan una mirada preventiva-, detalla que las sanciones, en este caso, pueden ser de tres tipos: Privativas de libertad, no privativas de libertad y sanciones accesorias (no contempladas para el delito específico, pero impuestas junto a las penas principales por disposición del juez).

Con respecto a las sanciones privativas de libertad, Sánchez indica que existe la posibilidad de internación en un régimen cerrado, el cual obliga a los jóvenes a desarrollar actividades dentro de recintos del Servicio Nacional de Menores; y semicerrado, que establece la residencia obligatoria en un centro, pero que cuenta con programas que se desarrollan también en el exterior del establecimiento.

Factores que afectan en la creación de nuevos delincuentes y medidas a implementar

Constanza Araos, investigadora de AthenaLab, explica que hay una serie de factores que afectan a nivel sociológico, criticando el accionar del Estado al dejar desprotegidas a las familias, entornos y barrios más vulnerables.

“De lo que he visto yo al menos, todos los casos de menores que se investigan por parte del Sename para tratar de ver cómo son estas medidas de vigilancia especial, se investiga con quienes cometen los delitos y generalmente son personas muy determinadas, menores del mismo perfil. Eso quiere decir que en el fondo siempre hay una organización que no los deja salir de esa red criminal”, manifiesta la experta.

Además, Araos enfatiza en que en la actualidad existe un mayor acceso a las armas por parte de menores de edad, argumentando que las bandas organizadas actúan como referentes y utilizan a los jóvenes y niños para la comisión de delitos. La investigadora añade que esta práctica se ha vuelto muy común en Latinoamérica, generando un “espiral de criminalidad”.

“Cerca del 40% de las personas que están internadas en el sistema penitenciario han tenido un papá, una mamá o un cuidador que está preso. Un segundo factor que incide fuertemente, aumentando la probabilidad del inicio de trayectorias delictivas, es la exclusión educativa. (…) Por otro lado hay catalizadores del desarrollo de estas conductas, como el consumo de alcohol y otras drogas, que en etapas tempranas explica el 30% de la causalidad de los delitos y en el 50% de estos está presente”, asegura Marcelo Sánchez.

Finalmente, el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo agrega que, para abordar la prevención y detención de conductas problemáticas hay que generar agendas tempranas de prevención social, como en la etapa de crecimiento de los menores, además de fortalecer las capacidades para la retención escolar, y evitar el acceso al alcohol y otras drogas, disminuyendo su disponibilidad, aumentando la percepción de riesgo, acompañado de un mayor control parental.

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