• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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El secuestro dejó de ser un delito esporádico en Chile. En los últimos años, los casos asociados al crimen organizado, extorsiones y disputas entre bandas criminales comenzaron a instalar una nueva preocupación para las autoridades, especialmente por el nivel de violencia y planificación con que hoy se ejecutan estos hechos. En medio de cuestionamientos al Plan de Seguridad presentado por el Gobierno ante la Cámara de Diputados, el Ejecutivo anunció la creación del Observatorio de Secuestros, una iniciativa que busca fortalecer la prevención, monitoreo y respuesta frente a este delito.

La medida forma parte del Plan de Seguridad liderado por la Subsecretaría de Prevención del Delito y tendrá entre sus principales funciones articular el trabajo de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), la Subsecretaría de Seguridad Pública, el Centro Integrado de Análisis Criminal (Cicpol) y equipos especializados de análisis y tecnología.

La creación de esta instancia ocurre en un contexto donde las cifras mantienen la preocupación de las autoridades. Tal como consignó Emol, de acuerdo con datos de la PDI, durante 2026 se han registrado 46 concurrencias relacionadas con posibles secuestros. De ellas, 16 correspondieron a secuestros reales, otros 16 fueron descartados o catalogados como falsos, mientras que nueve derivaron en otros delitos.

A la misma fecha de 2025 se contabilizaban 20 secuestros reales y el año terminó con 63 casos confirmados, la misma cifra registrada en 2024. Respecto a los detenidos, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) ha capturado a 32 personas vinculadas a los casos ocurridos este año.

Características diferentes

El fenómeno también ha comenzado a mostrar características distintas a las observadas históricamente en Chile. Christian Alveal, exdirector nacional de Gendarmería, sostiene que los secuestros extorsivos con fines económicos “no eran habituales en Chile” y advierte que cuando estos delitos dejan de estar relacionados exclusivamente con disputas entre bandas y pasan a afectar a ciudadanos o empresarios, “se transforman en una señal inequívoca de que estamos transitando hacia un nuevo estadio criminal”.

El exdirector de Gendarmería cita además un informe del Observatorio del Crimen Organizado y Territorio de la Universidad Andrés Bello, el cual da cuenta de un aumento de 56% en los secuestros durante los últimos años. A su juicio, esto podría marcar “el inicio de la consolidación de grupos criminales transnacionales” en el país.

Ulda Figueroa, coordinador del área de Estudios en Justicia del Centro UC Justicia y Sociedad, explica que las cifras más relevantes en esta materia corresponden a datos del Ministerio Público y muestran que, aunque existe un aumento de secuestros vinculados a organizaciones criminales, estos siguen representando una parte minoritaria del total de casos registrados anualmente.

Crimen organizado

El especialista detalla que menos del 30% de los cerca de mil secuestros que ocurren al año estarían asociados a contextos de crimen organizado, mientras que el resto responde principalmente a disputas interpersonales o conflictos vinculados, por ejemplo, al cuidado personal de hijos.

Sin embargo, Figueroa advierte que la fracción de secuestros asociada a organizaciones criminales sí ha experimentado un cambio importante en términos de violencia y complejidad. Según explica, esto se relaciona principalmente con el aumento de armas ilegales disponibles en el país, lo que provoca que estos delitos se cometan con mayor agresividad, visibilidad y consecuencias potencialmente más graves para las víctimas.

“Justamente por eso, a pesar de que ha habido un aumento leve en su prevalencia, estos hechos causan gran preocupación pública, producto de este contexto nuevo y más violento en el que se cometen”, señala.

Desde el ámbito académico, Nicolás Martínez, investigador del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (CESCRO), de la Universidad San Sebastián, sostiene que Chile ha experimentado una progresiva profesionalización de los “mercados ilegales” asociados al crimen organizado, especialmente vinculados al narcotráfico.

En ese contexto, explica que los secuestros ya no son hechos aislados, sino “una expresión más compleja de violencia criminal”, utilizada por organizaciones para controlar territorios, disciplinar integrantes, cobrar deudas, intimidar rivales o generar ingresos ilícitos.
Aumento relevante

Según antecedentes levantados por el CESCRO, entre 2014 y 2024 las salidas asociadas a delitos vinculados a violencia relacionada con crimen organizado —como homicidios, secuestros y extorsiones— crecieron un 141,4%. Además, desde 2022 se observa un aumento sostenido en los ingresos de este tipo de causas a Fiscalía.

Martínez explica que, en el caso de los secuestros tipificados en el artículo 141 del Código Penal, las formas más extremas —como secuestros con homicidio, violación o exigencia de rescate— representan una proporción menor, pero igualmente preocupante. “La distinción es importante ya que el secuestro, en muchos casos, opera más como mecanismo de control y coerción que como una acción orientada a infligir daño físico extremo”, afirma.

El investigador agrega que uno de los principales problemas está en la capacidad del Estado para investigar y sancionar delitos cada vez más complejos. Según datos recopilados por CESCRO, entre 2014 y 2024 solo un 28% de las causas terminó en una salida judicial, mientras que el 53,7% concluyó mediante salidas no judiciales o administrativas.

A juicio del experto, esto refleja una tensión estructural en el sistema penal completo, involucrando no solo al Ministerio Público, sino también a policías, tribunales, sistemas de información y mecanismos de coordinación institucional.

Observatorio de Secuestros

En ese escenario surge el Observatorio de Secuestros anunciado por el Gobierno. Según Martínez, la iniciativa apunta a recopilar, analizar y cruzar información sobre este delito, fortaleciendo la trazabilidad de los casos y la coordinación entre instituciones.

El investigador considera que “la dirección parece correcta”, especialmente porque perseguir delitos asociados a redes criminales requiere información integrada, oportuna y comparable. No obstante, advierte que el problema no se resolverá únicamente con más datos. “Un observatorio puede aportar evidencia y orientar decisiones operativas. Sin embargo, el desafío de fondo es construir un modelo de respuesta estatal capaz de absorber la complejidad del crimen organizado actual en el país”, sostiene.

Alveal coincide en que la coordinación interinstitucional será clave para enfrentar el avance de este delito. A su juicio, uno de los principales riesgos es que organizaciones criminales continúen ordenando secuestros desde las cárceles, tal como ya ocurre con las extorsiones. Por ello, plantea la necesidad de implementar regímenes penitenciarios más estrictos para quienes cometan este tipo de delitos, evitando que sigan operando desde prisión mediante visitas, abogados u otros mecanismos.

“El principal desafío es evitar que la industria criminal del secuestro se consolide en Chile, ya que el daño que esto podría provocar en cualquier sistema democrático es inconmensurable”, afirma.

El exdirector de Gendarmería advierte además que el país podría enfrentar escenarios aún más complejos si no logra contener oportunamente este fenómeno. “Podríamos transitar desde secuestros con fines económicos hacia secuestros con fines políticos, algo que el Estado debe impedir con toda su fuerza”, concluye.