• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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El primer hecho ocurrió en la calle Santa Gemita, donde diez hombres entraron a un inmueble forzando la reja. El segundo se registró en el mismo terreno, con igual dinámica. El tercero fue solo media hora después, en camino Santa Luz, en el sector de Chicureo.

Con solo horas de diferencia se registraron tres turbazos en Colina. Los robos, que incluyeron amenazas a los dueños de casa, reflejan un modus operandi cada vez más frecuente en la Región Metropolitana.

Hace algunas semanas, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, comentó la situación y reconoció la preocupación por el aumento de este tipo de delitos. Por ello, en agosto se encargó a la División de Seguridad y Orden Público de la Subsecretaría de Seguridad Pública, junto a Carabineros y la PDI, analizar el fenómeno para elaborar un plan de acción.

En septiembre se presentó ante el Comité Policial un informe que definió los turbazos como la “irrupción brusca, violenta y coordinada de un grupo de tres o más individuos en un inmueble, con el objetivo de sustraer rápidamente la mayor cantidad posible de bienes de valor de un domicilio”. Según datos citados por La Tercera, entre el segundo y el tercer trimestre de este año los turbazos aumentaron un 53,6%, y en la mayoría de los casos los responsables son hombres, chilenos y menores de 22 años.

Evolución del fenómeno

Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, explicó que el aumento de los turbazos forma parte de una transformación de la delincuencia urbana hacia modalidades “más violentas, coordinadas y con alto poder intimidatorio”.

De acuerdo con el Indicador Nacional de Crimen Organizado (INCO-USS 2025), los delitos vinculados al crimen organizado crecieron un 58% en los últimos tres años, y entre ellos, los delitos violentos muestran una de las alzas más sostenidas. Este fenómeno ocurre en un contexto donde las bandas locales adoptan dinámicas de acción colectiva y planificada, utilizando la violencia extrema como herramienta de control, comentó el experto.

Entre los factores que explican esta tendencia, Toledo señala el aumento de la disponibilidad de armas, la débil disuasión policial en zonas residenciales en expansión como Colina o Lampa, y el efecto de imitación impulsado por la exposición mediática. También influye la existencia de un mercado informal de bienes robados que facilita la rápida venta del botín y una creciente percepción de impunidad en la periferia metropolitana. En sus palabras, los turbazos son “la expresión visible de un ecosistema delictual más complejo y violento, que combina oportunidad, organización y brutalidad”.

Por su parte, Jorge Araya, académico de la Universidad de Santiago y ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, explicó que este tipo de robo es particularmente grave porque “se trata de un delito con violencia e intimidación en un lugar habitado, donde convergen varias circunstancias que lo hacen especialmente penalizado”.

Toledo advierte que la evolución del fenómeno es sostenida y preocupante: “En los últimos tres años, los delitos asociados al crimen organizado pasaron de 125.000 a casi 200.000 casos a nivel nacional, y la Región Metropolitana concentra más del 60%”, detalló. Dentro de este universo, los delitos violentos, como los turbazos, representan una nueva etapa delictual, donde la violencia deja de ser solo un medio y pasa a ser parte del mensaje: infundir miedo y dominio territorial.

El académico añadió que durante la pandemia se registró una baja coyuntural por la menor movilidad, pero desde 2022 el repunte ha sido constante. “Sin una intervención coordinada, esta modalidad puede consolidarse como una forma estable de criminalidad urbana, similar a lo ocurrido en otros países latinoamericanos”, advirtió. En ese sentido, destacó que las primeras condenas en Santiago son señales positivas, aunque aún insuficientes. El desafío, dijo, no es solo castigar, sino romper la cadena de imitación y oportunidad que alimenta este tipo de delitos.

Finalmente, Toledo explicó que los turbazos comparten un modus operandi estructurado, aunque varía según la zona. Informes de la Fiscalía Metropolitana y Carabineros muestran que suelen participar entre cinco y diez individuos, encapuchados y, en la mayoría de los casos, armados. Ingresan por la fuerza, derribando portones o rompiendo ventanales, actúan en pocos minutos y se reparten las funciones: “Algunos intimidan a los moradores, mientras otros sustraen objetos de valor”.

A diferencia del robo común, estos grupos no evitan la confrontación, sino que la buscan como método de control. En varios casos las víctimas han sido amenazadas o reducidas dentro de la vivienda, incluso en presencia de menores, lo que agrava la carga emocional del delito, señaló Toledo. Aunque no existe evidencia académica que establezca un horario fijo, los datos policiales e informes de inteligencia indican que estos robos se concentran entre las 18:00 y 22:00 horas, con un segundo repunte entre las 03:00 y 05:00 horas, cuando hay menos testigos. Este patrón coincide con estudios recientes sobre criminalidad urbana y horarios de asaltos en la Región Metropolitana.

Prevención

Araya advierte que enfrentar este fenómeno es complejo, porque no es posible tener Carabineros en todos los barrios. En su opinión, el rol de la comunidad es clave: cuando los vecinos están organizados, activan alarmas y se comunican ante cualquier delito, generan resistencia y disuasión frente a los delincuentes. “Un barrio con alarmas comunitarias y redes vecinales activas puede inhibir este tipo de hechos”, afirmó el académico.

Para Toledo, la prevención de los turbazos requiere una respuesta integral que combine inteligencia policial, gestión urbana y cohesión comunitaria. Desde el ámbito institucional, considera necesario fortalecer las fuerzas de tarea conjuntas entre Fiscalía, Carabineros y PDI, enfocadas en identificar patrones territoriales y desarticular bandas reincidentes. A su juicio, avanzar hacia un modelo de prevención situacional, que combine análisis criminal con infraestructura urbana segura, buena iluminación, control de accesos y presencia disuasiva, es una estrategia razonable.

Sin embargo, Toledo enfatiza que el rol de las comunidades es igualmente decisivo. Según el académico —en línea con los datos de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC)—, los barrios con redes vecinales activas, cámaras compartidas y comunicación directa con las policías presentan una menor tasa de victimización. Las alertas comunitarias por WhatsApp, los comités de vigilancia y la cooperación con los municipios aumentan la percepción de control y reducen las oportunidades delictuales. “Cuando la comunidad se organiza, la ecuación riesgo-beneficio del delincuente cambia”, mencionó Toledo.