• Andrea Cova Moore, equipo Facts
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Los últimos años en el país han estado marcados por una profunda crisis de seguridad, que, con el avance del tiempo, es más aguda, a pesar de los esfuerzos de las autoridades para disminuir los indicadores. De acuerdo con los últimos datos disponibles de la encuesta Casen 2022, titulada “Observatorio Social Pobreza Multidimensional”, donde existe la dimensión “Redes y Cohesión Social” con su indicador de “seguridad”, influye en la vulnerabilidad de las familias chilenas: “Desde el Estado se entiende a la seguridad como una carencia que influye en la situación de pobreza multidimensional de los hogares”, comentan desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En la última encuesta Casen 2022, el indicador de seguridad busca mostrar la importancia que tiene la temática dentro de la vulnerabilidad social y cómo influye en la libertad y desarrollo de las personas. El indicador considera que un hogar es carente en seguridad si algunos de los miembros ha sido víctima o presenciado “siempre” una situación de tráfico de drogas o balaceras en el último mes, cerca de su vivienda.

Las cifras evidencian que un 10,1% de los hogares a nivel nacional son carentes en este indicador, pero ha disminuido respecto al año 2015 y 2017, donde alcanzaba un valor de 11,0% y 11,9% respectivamente. A nivel regional, se evidencia que la Región Metropolitana tiene un porcentaje del 14,8% y es la que presenta mayor porcentaje; en cambio, Aysén es la menor con un 0,8 % de hogares carentes en este indicador.

La crisis de seguridad y la vulnerabilidad social

Jorge Fábrega, docente investigador del Centro de Investigación en Complejidad Social de la Universidad del Desarrollo, puntualiza que, “desde abril del 2015, la encuesta CEP ha mostrado persistentemente que la ciudadanía ubica a los asaltos, robos y delincuencia como el principal problema que debe enfrentar el gobierno de turno. La única excepción de esa serie fue la medición de diciembre del 2019 que en el contexto del estallido social relegó a ese tema a lugares postreros. Es decir, de forma sistemática, llevamos 10 años en que persistentemente los ciudadanos ponen a la seguridad al centro de lo que más le importa”.

Por ello, el académico señala que cuando un fenómeno es así de extenso en el tiempo, el conjunto de la población cambia sus hábitos y rutinas, sus expectativas y sus modos de relacionarse “y la falta de soluciones va generando una irritación creciente. Cuando sobre esa realidad tú superpones una nueva capa de violencia relacionada con el crimen organizado, el efecto final es multiplicativo y las reacciones emocionales se vuelven cada vez más intensas y descontroladas”.

Por su parte, Carla Valdés, docente de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Andrés Bello, magíster en Trabajo Social con mención en comunidad y territorios, y diplomada en políticas sociales, comenta que la seguridad es “probablemente un resultado de condiciones previas de abandono de los estados sociales mínimos o esfuerzos insuficientes, con poca llegada efectiva de sus políticas sociales”.

Detrás de ello, “hay fenómenos persistentes de desigualdad y pobreza (que bien ha mejorado en términos de cifra) pero otros fenómenos críticos como el narcotráfico y trata de personas, por nombrar algunos, han venido a agudizar la profundidad y naturaleza del problema de la seguridad y su percepción cotidiana”. A este escenario, Valdés añade que el alza sostenida de los precios de productos de consumo diario, también “fortalece esta percepción de vulnerabilidad y riesgo de las personas”.

Los factores y las implicancias

La académica comenta que en Chile existe una desigualdad estructural y una de las razones que explican el fenómeno tiene relación con que “los datos indican que el 1% de la población más rica del país capta algo más de un tercio de los ingresos del país (BM, OCDE); por otro lado, el mercado de la educación y del trabajo también es tremendamente desigual y se experimenta poco o casi nulo crecimiento de los sueldos e ingresos familiares”.

Asimismo, agrega que las alzas de los últimos dos años, ha precarizado y fragilizado los ingresos de las familias “que están casi estancados, afectando el ánimo y la percepción de bienestar de las personas, debiendo acudir al crédito, en sus distintas formas, para terminar el mes y que también es un campo de desventajas importantes en adquisición de deudas en comparación con quienes tienen mejor acceso económico”.

Por su parte, Fábrega establece que la persistencia en el largo plazo del tema como primera prioridad sin que se perciba un horizonte de solución en cuanto a la seguridad es un factor importante en la vulnerabilidad de los hogares. Asimismo, agrega, como segundo punto, que la extensión de modos de delito nuevos de mayor violencia y riesgo para las víctimas, influye en la vulnerabilidad de los hogares, así como también, la penetración territorial del crimen organizado que da contexto a una mayor violencia.

En cuanto a la economía

El investigador puntualiza que los grupos más afectados por la inestabilidad económica, “no son los sectores más pobres (segmentos D y E), sino los grupos medios (C2, C3), según la serie de Percepción de Vulnerabilidad que produce Datavoz”.

“Al comparar la vulnerabilidad percibida para el propio hogar respecto al de una familia promedio, las capas más pobres siempre se han sentido más vulnerables. Pero durante el 2022 y la primera mitad del 2023, los grupos sentían una vulnerabilidad sustantivamente menor al que estimaban en una familia promedio. Desde la segunda mitad del año pasado esa brecha se ha achicado hasta desaparecer. Es decir, son los grupos C2 y C3 los que experimentan con más intensidad el temor por la inseguridad”.

En tanto, Valdés apunta a que los problemas de subsistencia, para llegar a fin de mes, se agudizan; aumenta el endeudamiento y con ello las preocupaciones, privaciones y pérdida de calidad de vida. Incluso, “estudios señalan que las personas con menos ingresos tienen menos esperanza de vida y mayor aumento de enfermedades en comparación con grupos que no presentan dificultades económicas, por tanto, la desigualdad es evidente en todo orden de cosa”, explica.

Posibles medidas y proyecciones al respecto

A juicio de Consuelo Araos, investigadora del Centro Signos -comunidad académica que investiga sobre distintas áreas de las ciencias sociales- de la Universidad de los Andes, establecer posibles medidas y proyecciones, “es difícil dar una respuesta clara debido a la naturaleza multidimensional y compleja del problema”.

Sin embargo, considera “que tomar la casa y su entorno como elementos prioritarios en las políticas públicas puede ser muy relevante. El énfasis en la regeneración barrial puede ser una estrategia clave: no dejar que los barrios sigan deteriorándose, invertir en la radicación de los vecinos, evitar que se vayan de sus barrios, potenciar el desarrollo económico y cultural local, y crear alternativas para el acceso a la vivienda propia en los barrios de origen o en sus proximidades”.

La académica detalla que la inseguridad genera un sentimiento muy íntimo de abandono por parte del Estado y de la sociedad, “y esto no se reduce a lo que pasa en la calle, sino que penetra la interioridad de las casas y las familias. Barrios que antes se experimentaban como familiares y seguros, ahora se han vuelto hostiles y ajenos para sus habitantes. En este cambio se mezcla el riesgo efectivo de ser víctima de delincuencia violenta con la presencia cada vez mayor de extranjeros, que son básicamente experimentados como desconocidos y objeto de desconfianza”.