• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Desde las primeras horas de este lunes se iniciaron los operativos de desalojo en la toma “Calichero” de Quilpué, un procedimiento que reabrió la discusión sobre el crecimiento de las ocupaciones ilegales de terrenos en Chile. La acción busca restituir el predio a la familia de Alejandro Correa, empresario asesinado en 2020 luego de denunciar la usurpación de sus terrenos. El procedimiento incluye la demolición progresiva de las viviendas y la habilitación de albergues para quienes no tengan otra alternativa habitacional inmediata.

Este caso refleja un fenómeno que se ha expandido en distintas regiones del país, donde la falta de acceso a vivienda formal y el alza en los precios del suelo urbano empujan a cientos de familias a recurrir a este tipo de acciones, que a pesar de ser ilegales, continúan. Las regiones de Valparaíso, Biobío y la Metropolitana concentran los asentamientos más grandes, generando presión tanto en las autoridades locales como en el sistema. Sin embargo, los desalojos enfrentan trabas legales y políticas: las disputas sobre la propiedad, la necesidad de garantizar derechos básicos y las tensiones con las comunidades hacen que muchas veces los procesos se dilaten o queden en suspenso.

Detrás de estas ocupaciones no solo se encuentran familias vulnerables en busca de un lugar donde vivir, sino también grupos que organizan, administran y a veces explotan estos terrenos, lo que abre la discusión sobre las responsabilidades detrás del fenómeno y las posibles conexiones con redes delictivas. El debate, en consecuencia, no se limita a la falta de vivienda, sino que involucra también a la seguridad y la gobernanza del territorio.

Las regiones más afectadas

Según el Catastro de Campamentos 2024-2025 elaborado por TECHO-Chile, actualmente existen 1.428 campamentos a lo largo del país, donde habitan 120.584 familias. Esto representa un 2,1% del total de los hogares de Chile, tomando como referencia el Censo de 2017.

En comparación con los registros previos, el Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023 contabilizaba 113.887 familias distribuidas en 1.290 campamentos. Es decir, en apenas un año se produjo un incremento de un 5,8% en la cantidad de familias y de un 10,6% en el número de asentamientos, lo que demuestra la acelerada expansión del fenómeno.

En cuanto a la distribución territorial, Valparaíso, Biobío, Antofagasta, Metropolitana y Atacama son las regiones que concentran la mayor cantidad de campamentos. Sin embargo, si el análisis se centra en la cantidad de familias que viven en dichos asentamientos, las cifras más altas se registran en Valparaíso, Metropolitana, Antofagasta y Biobío. Esta diferencia revela que no solo importa el número de campamentos, sino también la densidad poblacional dentro de cada uno de ellos.

Causas del crecimiento

Las razones que explican el aumento de las tomas son múltiples y se relacionan con fenómenos estructurales. Carlos Aguirre, académico de Arquitectura de la Universidad San Sebastián, plantea que este crecimiento obedece a la conjunción de varios factores: el déficit habitacional, la escasa asequibilidad de la vivienda, la falta de oportunidades laborales y ciertos problemas urbanos vinculados a la planificación de las ciudades. A su juicio, no se trata de un fenómeno nuevo, ya que las tomas han estado presentes en la historia urbana del país desde la migración campo-ciudad de los años 50, cuando comenzaron a configurar la expansión de las grandes urbes.

Por su parte, Rodolfo Jiménez, académico de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Universidad de Santiago de Chile y presidente del Colegio de Arquitectos, recuerda que las tomas de terreno han sido utilizadas por décadas como un mecanismo de supervivencia. Según explica, muchas familias han recurrido a este recurso tanto para establecerse como para visibilizar un problema habitacional que no solo les afecta a ellas, sino que refleja una deuda social más amplia.

Factores legales y políticos que dificultan los desalojos

El marco jurídico chileno tipifica las tomas como una práctica ilegal. Jiménez aclara que, en los últimos años, los procesos de desalojo se han judicializado con mayor frecuencia, especialmente tras la entrada en vigencia de la Ley 21.633, conocida como “anti usurpaciones”, que aumentó las sanciones para quienes incurran en estas prácticas. Sin embargo, desde la perspectiva política, ejecutar un desalojo se convierte en un dilema complejo, ya que implica sacar a la calle a cientos de familias sin alternativas habitacionales disponibles, lo que genera un problema humanitario. En este sentido, el académico subraya que Chile aún mantiene pendiente el reconocimiento constitucional del derecho a una vivienda adecuada.

En tanto, Álvaro Farrú, docente de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, advierte que los desalojos suelen retrasarse porque requieren una orden judicial. Estos procesos, explica, pueden extenderse durante meses o incluso años antes de llegar a una resolución. Posteriormente, es el Estado, a través del Serviu, con apoyo de Carabineros, quien debe ejecutar la medida. Sin embargo, la demora institucional y la falta de coordinación generan un manto de impunidad que, a juicio del académico, resulta inaceptable en un Estado de Derecho que debiera proteger los intereses de todos los ciudadanos por igual.

Otro factor que incide en la complejidad de los desalojos es el tamaño que alcanzan muchas de estas tomas. Según Farrú, cuando los asentamientos crecen desmesuradamente, ya sea por desidia estatal o por intereses particulares de los dueños de los terrenos, se transforman en comunidades masivas cuya magnitud dificulta cualquier intento de desalojo ordenado, incrementando los costos sociales y políticos de la medida.

Desde TECHO-Chile mencionan que los desalojos reflejan la tensión entre dos derechos fundamentales: el derecho de propiedad y el derecho a la vivienda. En la práctica, “el primero se protege con mayor fuerza que el segundo, dejando a muchas familias en una situación de mayor vulnerabilidad”. A esto se suman procesos judiciales engorrosos para los propietarios y la falta de acceso a asesoría legal adecuada para los ocupantes, comentan.

Además, señalan que los desalojos forzosos están regulados en tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que obligan al Estado a evitar la arbitrariedad y a garantizar un enfoque de derechos en todas las etapas del proceso.

Agregan que “la institucionalidad chilena ha mostrado dificultades de coordinación entre los Ministerios, las policías y las municipalidades para abordar esta problemática de manera integral, limitándose a acatar parcialmente los fallos judiciales, llevando a cabo los desalojos pero sin velar adecuadamente por el bienestar de las personas desplazadas. Por esto, como TECHO-Chile hemos impulsado la necesidad de un protocolo nacional que articule estas iniciativas, otorgue certeza jurídica, oriente a las instituciones involucradas y garantice un enfoque de derechos humanos en todas las etapas del proceso de desalojo”.

Implicancias

Las implicancias de las tomas son múltiples y abarcan tanto lo social como lo legal. Farrú recuerda que muchas poblaciones hoy emblemáticas, como La Bandera y Lo Hermida, se originaron como asentamientos ilegales y con el tiempo fueron regularizadas. Sin embargo, advierte que la repetición y normalización de estas prácticas debilita el respeto por la legalidad y desincentiva a las familias a buscar soluciones dentro de los marcos normativos. A su juicio, cuando se instala la idea de que tomarse un terreno es más rápido y directo que seguir los procedimientos legales, se socava la confianza en el sistema institucional.

Otra consecuencia son los episodios de violencia asociados a los desalojos. La resistencia de las comunidades frente a la acción de Carabineros puede derivar en enfrentamientos que ponen en riesgo tanto a las familias como a las fuerzas de orden. Estos hechos, además de su impacto inmediato, generan un clima de desconfianza social y exponen la fragilidad de las respuestas estatales ante una problemática que sigue creciendo.