• Marco Zecchetto Rocco, equipo de Facts
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Este miércoles se cumplió un año desde que el Gobierno de Gabriel Boric decretó Estado de Emergencia en la Macrozona Sur, específicamente en 53 comunas de las regiones del Biobío y La Araucanía. De estas, cinco concentran 480 de los 1.003 acontecimientos violentos registrados entre el 17 de mayo del 2022 (fecha en que comenzó a regir esta acción del Ejecutivo) y el 16 de abril de este año (334 días), lo que equivale al 47,8% de estos hechos.

Según informó El Mercurio, las cinco comunas más afectadas por la violencia en ese período, son:

• Pertenecientes a la provincia de Malleco (al norte de La Araucanía): Collipulli (87 casos), Ercilla (103) y Victoria (100).
• En la provincia de Arauco (al sur del Biobío): Cañete (120) y Tirúa (70).

El primer Estado de Excepción Constitucional en democracia para esta zona fue decretado por el Gobierno de Sebastián Piñera que, según datos de Carabineros, permitió una reducción del 40% en los hechos de violencia. Al asumir el Gobierno de Boric se descartó aplicar esta medida, ya que según explicaban en ese entonces los miembros de La Moneda, esta no solucionaba de raíz el conflicto en la zona, apuntando al diálogo como principal acción.

Sin embargo, luego de un aumento de los actos violentos y una serie de solicitudes, Izkia Siches (ministra del Interior en ese entonces), anunciaría que el Gobierno había desechado la idea de tramitar un proyecto de reforma constitucional para la creación de un Estado de Excepción “Intermedio”, anunciando en su lugar, un Estado de Emergencia “Acotado”.

Lo que dicen las cifras y la situación actual

Pablo Urquízar, ex Coordinador Nacional de Seguridad de la Macrozona Sur (Gobierno de Sebastián Piñera), señala que entre el 17 de mayo del 2022 y el 11 de mayo del presente año (359 días), en las 4 provincias de la Macrozona Sur hubo 1.053 actos delictuales, 591 bienes destruidos (escuelas, iglesias, viviendas, fuentes laborales, entre otros) y 8 homicidios.

“A esto se debe agregar que la amenaza delictual de las orgánicas radicalizadas y terroristas es cada vez más destructiva. Hoy se coordinan y su poder de fuego es mayor. Además, a las siete orgánicas ya existentes, entre ellas la CAM, se sumaron otras tres: la Resistencia Mapuche Cautín, la Resistencia Mapuche Williche y la Resistencia Mapuche Pehuenche. Asimismo, no debe olvidarse que por primera vez se materializaron atentados por la orgánica Weichan Auka Mapu en Ñuble y O´Higgins, expandiendo la violencia”, asevera el experto.

Urquízar comenta que no sólo hay que observar las regiones con Estado de Emergencia, sino también aquellas que viven con la violencia, pero que no están bajo la medida de excepción: Los Ríos y Los Lagos aumentaron el 2022 los hechos de violencia un 7% y un 109%, respectivamente.

“La Fiscalía Regional de La Araucanía recientemente informó un aumento del 17% de los delitos graves en 2023 respecto a 2022. En definitiva, si bien hay variaciones puntuales de algunos meses, los delitos graves se mantienen en niveles altos, y no hay avances, los que debieran medirse en función de los detenidos o casos resueltos. La impunidad sigue campeando”, afirma el Presidente de Multigremial Araucanía, Patricio Santibáñez.

Pablo Urquízar indica que el trabajo de las FF.AA. con Carabineros y la PDI ha demostrado que el Estado de Excepción es una medida necesaria, argumentando que los hechos de violencia han disminuido en un 28%. En concreto, el experto detalla que las usurpaciones y los atentados a la autoridad disminuyeron un 80% y un 47% respectivamente, mientras que los atentados incendiarios se redujeron en menor medida (26%).

El rol del Ejecutivo y el desempeño de esta medida

El ex Coordinador Nacional de Seguridad de la Macrozona Sur destaca que fue el actual Gobierno el que bajó el Estado de Emergencia decretado por el expresidente Piñera -que había provocado una disminución de un 40% de los hechos de violencia-.

En esa línea, el especialista afirma que aquella decisión tuvo consecuencias, debido a que los 50 días sin la medida de excepción fueron los más violentos del 2022, con un incremento de un 53% de la violencia. “Finalmente, la medida se decreta con la modalidad de ‘Acotado’ porque el ‘Estado Intermedio’ que habían promovido no tenía aceptación en el Congreso Nacional. La gestión del Gobierno ha estado marcada por su ideología y por el negacionismo sobre lo que ocurre allá”, expresa.

Jorge Cordero, Subdirector de Estudios de IdeaPaís -think tank que realiza estudios sobre asuntos y políticas públicas, que también se dedica a la formación de jóvenes interesados en el servicio público-, señala que las acciones presentadas por la administración actual están lejos de ser suficientes, pero que sería “injusto responsabilizarlos solo a ellos”, argumentando que el conflicto en la Macrozona Sur es un problema de Estado que se arrastra desde varios gobiernos.

“Lo más importante es insistir en la vía política. No se puede abandonar la transformación pacífica del conflicto. Los esfuerzos más importantes deberían enfocarse en ello, no en la vieja estrategia del ‘garrote y la zanahoria’, es decir, en creer que se soluciona solo con seguridad y asistencialismo. Dada la situación política del Gobierno, por ahora solo les queda avanzar con la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Esto podría ser el gran hito que trascienda de su gestión. En sus actuales condiciones, lo vería también como una oportunidad”, añade Cordero.

Patricio Santibáñez manifiesta que se requiere una mayor dotación de fuerzas en la zona, así como un mejoramiento en la capacidad de anticipación, con dispositivos planificados que permitan o mejoren la posibilidad de llegar oportunamente y tomar detenidos, en los mismos lugares o áreas que normalmente ocurren atentados. Y asegura que son muchas las situaciones o lugares donde existe una probabilidad alta de atentado, pero que “siempre se llega tarde, no se aportan antecedentes a la justicia, y por lo mismo, los casos se cierran sin responsables. Claramente hay un déficit en la parte preventiva y policial, y eso no es responsabilidad de Fiscalía, sino del Gobierno y las policías”.

Pablo Urquízar comenta que el Estado de Emergencia es necesario, pero insuficiente mientras “no se reconozca verdaderamente el terrorismo existente en la macrozona sur”. “No existe una sola querella del Gobierno por delito terrorista, los dos proyectos de ley sobre la materia llevan 1.477 y 3.109 días tramitándose sin urgencia alguna. Tampoco hay una estrategia antiterrorista que mire el especial flagelo delictual desde los 4 pilares básicos: prevención, protección, persecución y respuesta a las víctimas”, agrega.