• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
• |
• Ver más de facts

El alza de las cifras de la delincuencia amenaza al país. Robos con intimidación, homicidios, secuestros extorsivos y una larga lista de prácticas delictuales que atentan contra las personas. Por parte del Gobierno presentaron un paquete de medidas de seguridad en la que destacan la formación de un grupo especializado que se encargará de resolver casos con una serie de características que responden al avance del crimen organizado. Y a pesar de ser una iniciativa que beneficiará a todo el país, los alcaldes de distintas comunas han decretado “emergencia comunal” y una serie de normativas con la intención de proteger los barrios.

El jueves el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, decretó “emergencia comunal” por la crisis de seguridad que vive la zona, el alza de las cifras obligó a la autoridad a tomar una “medida extraordinaria”. En la misma línea, el edil de La Florida, Rodolfo Carter, se unió a la iniciativa y decretó la misma situación para la zona que dirige. En su anuncio declaró diez medidas que empezarán a funcionar en mediano plazo. El objetivo de declarar emergencia comunal es reducir las cifras de delincuencia y enfrentar los hechos delictivos, además, de realizar labores para la prevención.

“Nos están robando la forma de vivir en Chile (…) Este nivel de crueldad nunca lo habíamos visto en la sociedad chilena”, comentó Carter al referirse al asesinato de un cuidador de 82 años que murió por heridas cortopunzantes. Precisamente, el plan presentado por el edil quiere erradicar estos hechos violentos y al decretar emergencia comunal inicia las labores para ello.

El paquete anunciado por Carter contempla diez medidas:

1. Reasignación presupuestaria.
2. Implementación de controles vehiculares nocturnos en 15 puntos estratégicos de acceso a la comuna, donde utilizarán torres de iluminación y sobrevuelo de drones para seguimiento aéreo.
3. Contratación de expersonal de Carabineros y las Fuerzas Armadas: El objetivo es ampliar el equipo de seguridad ciudadana para incorporar a 100 exuniformados.
4. Despliegue de turnos especiales de 60 funcionarios de seguridad ciudadana y 25 inspectores municipales.
5. Operación extraordinaria de flota vehicular de los equipos de emergencia y gestión territorial.
6. 30 camionetas de seguridad ciudadana disponibles para patrullajes y fiscalización vehicular en límite de acceso a la comuna.
7. 25 camionetas y personal de seguridad ciudadana para reforzar despliegue en puntos preventivos focalizados.
8. 10 camionetas de seguridad ciudadana con dupla de funcionarios para patrullaje por unidades vecinales.
9. 35 motos de seguridad ciudadana para despliegue en puntos de fiscalización vehicular y servicio de atención vecinal.
10. Adquisición de torres de iluminación, balizas bicolor y otros elementos operativos para equipos municipales.

La efectividad de estas medidas

De acuerdo con datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) de la Subsecretaría de Prevención del Delito, se cometieron 3.777 crímenes más que en 2021, lo que significa un aumento del 2,76% en un solo año. En las 34 comunas de Santiago, hasta enero de este año, se registraron 140.690 delitos de alta connotación y en términos porcentuales, en las comunas donde más se presencian este tipo de incidentes, destacan Cerrillos (+15,18%), La Florida (+13,08%) y Providencia (+13,07%).

Ante estas cifras, que con el tiempo aumentan más, Carter enfatizó en la creación de “un batallón de acción ciudadana” como una medida que puede ser efectiva. Esta consiste en reclutar a personal jubilado de las Fuerzas Armadas y Carabineros con la finalidad de reforzar la seguridad ciudadana, que, además, las personas deben cumplir una serie de requisitos para poder postular en la que destaca no poseer antecedentes penales, haber salido de una institución en forma voluntaria, entre otras.

Sin embargo, desde el Gobierno cuestionan este tipo de medidas. La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, enfatizó en que no se deben exponer a civiles en materia de seguridad. Asimismo, la diputada Karen Medina (PDG) comenta que “hay medidas de seguridad que estamos demandando y que los alcaldes también demandan representando a sus comunas. Es inviable hacer estas medidas, no tenemos el personal, el contingente del ejército para poder hacer toque de queda o Estado de Excepción en todas las comunas, pero los alcaldes también tienen libertad de poder decidir en sus comunas todo lo que la ley les faculta y apoyarse con seguridad”.

Por lo tanto, “si el alcalde Carter tiene los recursos para hacerlo, bienvenido sea. Su gente se lo va a agradecer. El nivel de inseguridad que hoy día tenemos hay que abordarla y, en ese sentido, los alcaldes tienen iniciativa propia. Hay veces que no tenemos recursos, por eso exigimos que las medidas sean tomadas a nivel de Gobierno, pero hoy reforzar la seguridad con la seguridad privada es posible y la gente lo va a agradecer”, comenta la diputada.

Por su parte, Eduardo Labarca, Prefecto (R ) de la Policía de Investigaciones, comenta que las medidas planteadas por Carter sí son viables. “Hay algunos países que han podido hacer este tipo de labores en conjunto, en realidad es una labor en conjunto que hacen los ciudadanos y la policía, y se le denomina Policía Comunitaria. Hay algunas experiencias en Centroamérica y también la experiencia que yo conozco que se desarrolló en Israel, donde efectivamente los ciudadanos normales y corrientes patrullan en conjunto con la policía”.

Jorge Valdés, experto en seguridad, también coincide con Labarca en la viabilidad de la medida planteaba por Carter. “Va a ser viable porque muchos excarabineros que fueron llamados a retiro o dados de baja van a postular. Efectivamente, hoy día el aspecto laboral está muy comprometido y los primeros postulantes van a ser Carabineros en retiro, pero hay que hacer un buen filtro”, señala Valdés.

Riesgos y alcance

De acuerdo con Labarca, existen riesgos asociados a esta medida, donde en primer lugar destaca que algunas personas no tengan las capacidades para ejercer control, “hemos visto que muchas veces inspectores municipales no han hecho buen trabajo y han dado muerte a personas producto del mal control. Entonces, claramente, los riesgos, por decirlo de alguna manera, es que el remedio va a ser más complicado que la enfermedad”, describe.

El doctor en Derecho Jorge Astudillo Muñoz, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, considera que tal como indica la ley, los alcaldes poseen las atribuciones para poder incorporar este tipo de medidas. Sin embargo, pueden suponer un peligro para los ciudadanos que deseen participar: “Es extremadamente peligroso y pone en un riesgo inminente a los ciudadanos que serán parte de este “Batallón Ciudadano”. En efecto, hoy la delincuencia actúa con un grado de violencia nunca antes visto en Chile, tiene en su poder armas de fuego más letal y de mejor calidad que incluso la de los propios Carabineros, por lo que, al sentirse acorralados por estos funcionarios municipales, incluso con ocasión de un control, no dudarán en atacar”, expresa Astudillo.

Asimismo, añade que la medida será útil solo como factor que generará mayor grado de presencia de las policías en el sector, lo que eventualmente podría desincentivar la ocurrencia de delitos y aumentar la sensación de seguridad ciudadana, “pero en caso alguno tendrá una incidencia decisiva en la lucha contra la delincuencia, la cual es y debe ser una tarea del Gobierno, del legislativo y el judicial”.